Camila tenía 13 años cuando le dijeron que estaba embarazada de su papá. Las agresiones sexuales, sin embargo, las vivía esta niña indígena desde que tenía nueve años. En el hospital en que fue atendida, en Abancay, al sur del Perú, Camila repitió en varias ocasiones que no quería ese embarazo, que prefería morirse, pero su solicitud no fue atendida. Tampoco recibió la información sobre aborto terapéutico que existe en la legislación peruana desde 1924 y que se realiza cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer. Incluso su mamá y una organización de derechos humanos que las acompañaba solicitaron explícitamente la interrupción voluntaria del embarazo, pero no recibieron respuesta, y, por el contrario, el personal médico inscribió a la niña en el programa de controles prenatales. La insistencia de los funcionarios era tan grande que llegaban a su casa con la Policía cuando no asistía al hospital. A las 13 semanas de gestación, Camila tuvo un aborto espontáneo. Ahí el acoso del personal sanitario fue peor, pues la acusaron de auto aborto, un delito en el Perú.
Los detalles de la historia de Camila son tantos y tan revictimizantes, que el Comité de los Derechos de la Niñez de la ONU determinó en junio de 2023 que el Estado peruano es responsable de múltiples vulneraciones a esta niña. En ese país, durante 2022, se registraron 1626 niñas de 10 a 14 años que fueron madres.
El caso de Camila representa un hito histórico en la lucha por los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual en Perú y en América Latina y el Caribe, según explica Marianny Sánchez, directora de comunicaciones para la región, de la organización Planned Parenthood Global que es representante legal de Camila y es una de las organizaciones que hacen parte del movimiento Son niñas, no madres. El movimiento ha acompañado el litigio de este y otros casos emblemáticos, así como ha investigado la vulneración de los derechos de las niñas latinoamericanas.
América Latina y el Caribe es la segunda región con la tasa más alta de maternidades forzadas y partos en niñas menores de 14 años. Es también la única en la cual la tendencia sigue en aumento.
El dictamen del Comité no sólo amplía las causales para solicitar un aborto terapéutico en Perú, sino que también exige que se garanticen los servicios de acceso al aborto y servicios post-aborto de manera inmediata. Esto significa que no es necesario un proceso complejo de aprobación legislativa, sino que, modificando el protocolo o guía técnica para el acceso al aborto terapéutico, las niñas pueden acceder a este servicio de salud de manera digna, segura y legal.
Además, esta decisión pone el foco en la reparación de las víctimas, en este caso, de Camila. Esta reparación busca ayudarla a retomar su proyecto de vida, reintegrarse en el sistema escolar y finalizar su proceso educativo. Parte del avance del dictamen es que reconoce que las niñas víctimas de violencia sexual usualmente enfrentan una cadena de violencias, como en el caso de Camila, que fue víctima de abuso sexual continuado, negación de acceso al aborto terapéutico y criminalización, además de la carga social negativa que le impusieron los funcionarios ante su comunidad cuando tuvo el aborto espontáneo.
El proceso posterior al dictamen es clave. Durante los próximos ciento ochenta días, el Estado peruano debe rendir cuentas acerca de los avances en la implementación de estas exigencias. La vigilancia, insistencia y visibilidad son fundamentales para asegurar que las recomendaciones se conviertan en prácticas efectivas que puedan inspirar y alimentar las jurisprudencias en otros países. “La decisión deja un precedente importante al reconocer la obligación de los Estados en materia de derechos humanos de garantizar el acceso al aborto legal y seguro como un servicio de salud. Esto significa que las niñas víctimas de violencia sexual deben tener la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico de manera digna y segura”, explica Sánchez. La estrategia implementada por el movimiento Son niñas, no madres ha sido fundamental para alcanzar este logro y otros en la región que han hecho visible una dura realidad para las niñas y sus derechos sexuales y reproductivos.
La epidemia silenciosa de los embarazos en niñas
Algunas de las investigaciones adelantadas por las organizaciones de este movimiento como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos, Surkuna, PromSex y Planned Parenthood Global, entre otras, han mostrado que América Latina y el Caribe es una región donde se vulneran continuamente los derechos de las más pequeñas. Como expone Son niñas, no madres, esta es la segunda región con la tasa más alta de maternidades forzadas y partos en niñas menores de 14 años. La primera región es el África subsahariana y es la única en la cual la tendencia sigue en aumento.
En 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un estudio que mostró que 8 de cada 10 violaciones de niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe tenían por víctima a una niña de entre 10 y 14 años. Marianny Sánchez, de Planned Parenthood conecta estas cifras con las implicaciones sociales que las causan: “Esto nos habla de que en las maternidades forzadas, la violencia sexual es su causa principal, algo que no se nos debe olvidar. Es violencia por razón de género, es una naturalización de la violencia hacia las mujeres y las niñas en las comunidades y en las familias, además de mostrar un alto nivel de impunidad que desestimula incluso también la denuncia”.
Aunque hay variaciones de país a país, y algunos tienen regulaciones mucho más restrictivas en el derecho al aborto, se comparten preocupaciones regionales. Un caso que se ha estudiado con inquietud recientemente es el de Paraguay, uno de los países donde se ha demostrado que no sólo existe un número muy alto de niñas que quedan en embarazo (y por eso se ubica como el segundo país de Suramérica ante esta problemática), sino que hay toda una estructura de movimientos religiosos antiderechos que fomentan que estos embarazos no sean interrumpidos incluso en casos de niñas de 10 años. En este país, aproximadamente 12,000 niñas de entre 15 y 19 años dieron a luz en 2019, y 1,000 niñas de 14 años o menos dieron a luz entre 2019 y 2020. En países como Colombia o México, las cifras también dejan una fotografía preocupante frente a la falta de educación sexual integral y a la violencia sexual. En 2022 hubo más de 45,000 menores de edad que fueron madres y de ellas 4,169 casos fueron de niñas entre los 11 y 14 años. En México se calcula que al año hay al menos 360 mil embarazos de menores de 18 años y de ese total, unos 9,000 son en menores de 14 años.
Cuando estamos hablando de un embarazo de una niña menor de 14 años, a menos que sea una relación sexual entre adolescentes consentida, siempre hay un tema de poder interviniendo y es producto de la violencia sexual.
Las causas y las cifras de esta problemática toman un sentido de urgencia al analizar sus consecuencias. Desde la evidencia encontrada en la investigación Vidas Robadas, Son niñas no madres ha puesto en el centro la realidad de las niñas latinoamericanas afectadas por esta epidemia no solo de embarazos, sino de violencia sexual. Las consecuencias no solo implican lo biomédico, porque un embarazo en una niña puede ser mortal al ser incompatible con el nivel de desarrollo de su aparato reproductivo, sino que, reitera Sánchez, una maternidad forzada producto de la violencia sexual en una niña tiene graves consecuencias para su mental y salud social. “Los testimonios que recogimos de las niñas de Nicaragua, Perú, Guatemala y Ecuador nos mostraban que muchas de ellas tenían pensamientos suicidas. La maternidad forzada y la violencia sexual resquebrajan profundamente la red de apoyo de las niñas, dejándolas solas y más vulnerables, y también hay un señalamiento social de qué habrá hecho esa niña para provocar a un hombre adulto. Esto implica un gran desconocimiento de que realmente cuando estamos hablando de un embarazo de una niña menor de 14 años, a menos que sea una relación sexual entre adolescentes consentida, siempre hay un tema de poder interviniendo y es producto de la violencia sexual”.
Además del aspecto legal, el movimiento ha trabajado en la movilización y estrategias de comunicación de la mano de artistas que abanderan esta causa. Buscan trascender la visión adultocéntrica de los derechos sexuales y reproductivos para que toda la sociedad se comprometa con la protección de los derechos de las niñas. La estrategia incluye la representación de otros casos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para abogar por cambios normativos en toda la región.
La relevancia histórica del nuevo dictamen radica en que, al ser emitido por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, no solo afecta a Perú, sino que puede convertirse en un estándar internacional para abordar la violencia sexual en los 196 países que han suscrito la Convención de los Derechos de Niños y Niñas de Naciones Unidas. Esto significa que la lucha por proteger los derechos de las niñas no se limita a América Latina, sino que se proyecta hacia una escala global. Por eso se considera un avance significativo en la lucha por la igualdad de género y la protección de los derechos reproductivos como derechos humanos, algo que, a pesar de los avances en algunos países como Argentina, Colombia, México y Uruguay, continuamente está siendo atacado por grupos religiosos fundamentalistas y algunos partidos políticos.
En este momento, el movimiento Son niñas, no madres está a la espera de las decisiones en los casos de Susana, Norma, Fátima y Lucía, otras niñas que fueron obligadas a ser madres. Al ser casos emblemáticos, la esperanza radica en que los dictámenes sean positivos y así impulsen políticas y normativas que protejan sus derechos, mejoras en la educación sexual integral y la garantía del acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas y seguras.
Para Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, otra de las organizaciones del movimiento, tanto el caso de Camila como las decisiones previas adoptadas en Naciones Unidas en otros dos casos también en contra del Perú, muestran que los Estados tienen la obligación internacional en materia de derechos humanos de garantizar el acceso al aborto como un servicio de salud. El logro también es un reconocimiento de los derechos reproductivos como derechos humanos. “Ahora estamos aguardando las decisiones de los casos de Susana, Norma, Fátima y Lucía en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con los cuales esperamos que se reconozca que es necesario regular el aborto fuera del código penal, sólo mediante políticas de salud, para que todas las personas que necesiten una interrupción del embarazo, y de manera reforzada las sobrevivientes de violencia sexual, accedan a este servicio esencial en condiciones de dignidad e igualdad”, indica Martínez.
