América Latina es la protagonista de un movimiento social sin precedentes en la historia reciente del mundo. Lo que se ha denominado como marea verde, esa suma de activistas y organizaciones feministas que han trabajado de forma articulada para ampliar el acceso del derecho al aborto, han hecho avances enormes en una región donde la igualdad de género todavía tiene un camino largo por andar.
Cada 28 de septiembre el mundo, pero sobre todo esta región conmemora las luchas por la despenalización del aborto para que sea seguro, legal y gratuito. El origen de la fecha que ahora hace parte del calendario mundial surgió aquí, en 1990 cuando las feministas afrobrasileñas propusieron la fecha para recordar que en 1871 Brasil había declarado la libertad de vientres. Fue un paso hacia la libertad. De la misma forma, las feministas han acogido las luchas por el aborto como una defensa de la decisión libre, la autonomía y los proyectos de vida de las mujeres que quedan en embarazo sin desearlo. No son las únicas: Las personas transmasculinas y no binarias que pueden embarazarse también reclaman este derecho.
El acceso al aborto seguro y legal es un derecho humano fundamental. Así lo han reconocido varias regulaciones internacionales y leyes en países como Uruguay, Argentina o Colombia. Se ha demostrado que la penalización del aborto perpetúa los roles asignados a las mujeres como madres como destino final, forzándolas a asumir la maternidad sin considerar sus circunstancias personales y socioeconómicas.
Los efectos de estas restricciones son desproporcionados para las mujeres, especialmente las jóvenes, afrodescendientes, indígenas, migrantes y los grupos marginados, que enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud. La falta de información y de atención adecuada menoscaba sus derechos y perpetúa ciclos de discriminación.
Múltiples investigaciones de Human Rights Watch y otros organismos han demostrado que la penalización del aborto no lo elimina, sino que empuja a las mujeres y personas gestantes fuera del sistema de salud, como lo explica Cristina Quijano Carrasco, investigadora de la División de los Derechos de las Mujeres en Human Rights Watch.
Un panorama contradictorio
Para Quijano, América Latina es un mosaico de realidades contradictorias. Aunque hay avances importantes en países como Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay, donde se ha logrado despenalizar el aborto de una forma más amplia gracias a la presión de las luchas sociales, gran parte de la región tiene un escenario muy restrictivo. En el medio están países como México que poco a poco despenaliza según su sistema federal, y varios países que lo criminalizan, excepto bajo circunstancias excepcionales como la violación, riesgo a la salud o a la vida de la mujer o persona embarazada, entre otros.
El Salvador, Honduras y República Dominicana son de los países con regulaciones más duras, pues criminalizan el aborto de manera absoluta. Incluso en casos donde el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, la restricción es total. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra analizando el caso de “Beatriz”, una joven a la que El Salvador le negó la posibilidad de interrumpir su embarazo en 2013, cuando tenía 22 años y 19 semanas de gestación, a pesar de que este ponía en riesgo su vida. La audiencia pública se celebró en marzo de 2023, en la sede de la Corte IDH en Costa Rica y está pendiente de fallo.
El modelo de causales, es decir aquel que permite el aborto en circunstancias especiales, está presente en varios países de la región. Sin embargo se ha comprobado que este modelo no garantiza el acceso a este servicio de salud básico. Por esta razón, aunque es una forma de ampliar el marco de derechos reproductivos en entornos muy restrictivos, no es suficiente. La penalización tiene un efecto significativo en aquellos casos que entran dentro de las excepciones establecidas en el derecho penal, explica Quijano, incluso para aquellas cuyos embarazos son producto de violencia sexual o no son viables. Estos obstáculos incluyen el miedo a un proceso penal, la estigmatización y el maltrato por parte de profesionales de la salud..
Una investigación reciente de Human Rights Watch en el Estado de México, donde el aborto se encuentra criminalizado excepto en ciertas circunstancias excepcionales demostró que las limitaciones persisten para las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que buscan obtener un aborto legal.
Barreras, la palabra que no se logra eliminar
En países donde el aborto es legal solo bajo ciertas condiciones, como Guatemala y Ecuador, las barreras para acceder a este servicio de salud son abrumadoras. La interpretación restrictiva de las causales legales, los prejuicios de género y el estigma social crean un ambiente hostil para quienes buscan atención. De hecho, en Ecuador, donde el aborto está sancionado con hasta tres años de prisión, excepto cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, o cuando el embarazo es consecuencia de violación, el movimiento social Justa Libertad lidera una demanda de inconstitucionalidad que busca la eliminación del delito de aborto consentido del Código Orgánico Integral Penal.
La marea verde: una esperanza colectiva
A pesar de los obstáculos y las disparidades de legislaciones en la región, lo común es la lucha colectiva por la autonomía reproductiva. La Marea Verde en América Latina ha demostrado que la movilización social es un catalizador de cambio. Activistas y coaliciones han impulsado reformas significativas y han visibilizado la lucha por los derechos reproductivos como un asunto de salud pública y derechos humanos.
La lucha no es solo por la despenalización del aborto, sino por la construcción de una sociedad más justa donde las mujeres, hombres trans y personas gestantes puedan ejercer su autonomía y autodeterminación sobre sus cuerpos, así como sus proyectos de vida lejos de lo que la sociedad tradicional espera. Cristina Quijano cree con firmeza que este movimiento social feminista ha demostrado el poderoso impacto de la coordinación: “Esta fuerza feminista rechaza el autoritarismo, defiende la democracia, exige derechos y denuncia abusos. El 28S nos recuerda que una sociedad civil fuerte hace posible avances en materia de derechos humanos, buscando la igualdad de género en la región”.
