Desde este domingo 3 de marzo, el gobierno de Haití anunció la declaración del estado de urgencia y un toque de queda en buena parte del país, especialmente en zonas de Puerto Príncipe, la capital. Esta decisión se tomó en respuesta a una nueva ola de violencia que inició con el ataque de bandas armadas a dos de las principales cárceles: La Capitale y Croix des Bouquets. El ataque provocó la fuga de más de 3500 presos.
En el intercambio armado por los ataques resultaron asesinados y heridos decenas de policías, personal penitenciario y hombres privados de la libertad. Solo unos pocos decidieron no huir por temor al fuego cruzado, entre ellos los colombianos arrestados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021. Según la Cancillería de Colombia, el grupo fue reubicado en otras instalaciones del país caribeño.
El gobierno haitiano, en cabeza temporalmente de Patrick Michel Boisvert, ministro de Economía, firmó la declaración de toque de queda por un período inicial de 72 horas. Este puede ser renovable con el propósito de “restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para recuperar el control de la situación”. Las restricciones estarán en vigencia hasta el próximo miércoles. Ariel Henry, primer ministro interino desde el asesinato de Moïse, se encontraba fuera del país en una visita diplomática en Kenia que trataba de crear alianzas para enfrentar los altos niveles de violencia.
La crisis que se desencadena tras estos ataques no tiene números definitivos, pero se calcula que el 97% del total de reclusos escapó. No obstante, la mayor preocupación en este momento es la tensión que resulta de los enfrentamientos entre la Policía y las bandas armadas, lo cual pone en grave riesgo a la población civil.
Aunque el gobierno busca restablecer el control y la estabilidad, la situación de seguridad es grave y la legitimidad de quienes ostentan el poder en la actualidad es muy baja.
Una crisis profunda de vieja data en Haití
Este país es uno de los más grandes del Caribe y comparte el territorio de su isla con la República Dominicana. Tiene más de 12 millones de habitantes y fue el primer país de América Latina y el Caribe en declarar su independencia del régimen colonial francés, en 1804.
Sin embargo, por la amenaza de un ataque militar de Francia, Haití aceptó pagar una reparación millonaria por su libertad. Las sanciones y los préstamos desde aquel entonces generaron una de las naciones más pobres y desiguales del mundo. La violencia y la falta de estabilidad institucional siguen marcando el rumbo del país caribeño, habitado principalmente por afrodescendientes víctimas de la trata esclavista.
Las cifras de desigualdad, inseguridad y violencia del último año muestran que no solo no hay mejoras en las condiciones de vida de las y los haitianos, sino que nuevos fenómenos amenazan su integridad. De acuerdo con las Naciones Unidas, durante los primeros seis meses de 2023 se produjeron cerca de 300 raptos de niñas, niños y mujeres, un número que triplicó las cifras de todo 2021. Además, la ONU reporta que cerca de la mitad de la población (más 5 millones de personas) necesita ayuda humanitaria, entre ellas casi tres millones de niñas y niños.
