El pasado 19 de enero, en lo que es un hecho histórico para la comunidad LGBTIQ+, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Honduras y a favor de la hondureña Leonela Zelaya, una mujer trans asesinada hace más de dos décadas. La decisión de la Corte en el caso co-litigado por la Red Lésbica Cattrachas y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center representa un hito en materia de derechos humanos al reconocer la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el transfeminicidio de Leonela.
Los hechos ocurrieron en el lejano 2004, cuando Leonela fue detenida ilegal y arbitrariamente en diversas ocasiones por agentes estatales, señaló la corte IDH. Además, denunciaron las organizaciones litigantes, fue golpeada, insultada y humillada por su identidad de género y su condición de trabajadora sexual. El 6 de septiembre, cuatro días después de su última detención a manos de agentes policiales, su cuerpo fue hallado sin vida en la vía pública y permaneció toda la noche en el suelo sin ser retirado por las autoridades.
La Corte declaró la “responsabilidad internacional” de Honduras “por las violaciones” a los derechos humanos de Zelaya, según la sentencia leída por el juez Rodrigo Mudrovitsch, presidente del organismo. “Este fallo representa una victoria largamente esperada para las mujeres trans, las personas LGBTI y todas aquellas que han sido víctimas de violencia y discriminación estructural en Honduras”, señaló el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center. “La Corte reconoció que Leonela Zelaya fue víctima de detenciones ilegales y arbitrarias motivadas por prejuicios, así como la falta de reconocimiento de su identidad y expresión de género durante la investigación de su muerte, lo que reprodujo prácticas discriminatorias y profundizó la impunidad”, declaró la organización en su página web.
Además, la Corte también reconoció el profundo sufrimiento de Thalía Rodríguez y declaró la violación de sus derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal, como consecuencia de la demora injustificada y la persistente impunidad en el caso. Al mismo tiempo, el tribunal avanzó en el reconocimiento de la familia social al considerarla víctima en su condición de hermana social de Leonela, por los daños emocionales y personales derivados de la falta de diligencia y respuesta del Estado.
“Lamentablemente, Thalía Rodríguez fue asesinada en 2022, víctima de la violencia estructural y sistémica que atraviesa los cuerpos y las vidas de las personas LGBTI, pasando a formar parte de las 580 personas asesinadas por motivos relacionados con su orientación sexual o identidad de género en Honduras desde 2004, año en que fue asesinada Leonela. En este caso, la Corte procede a indemnizar a sus derechohabientes”, afirmó Doris González, abogada litigante del caso, en entrevista con el medio Volcánicas.
Como medidas de reparación y cumplimiento, la Corte IDH ordenó al Estado hondureño:
- Ofrecer disculpas públicas en un acto oficial.
- Reabrir y desarchivar el caso de Leonela Zelaya.
- Investigar el transfeminicidio con perspectiva de género.
- Juzgar y sancionar a los responsables.
- Reparar integralmente a la familia de Leonela, incluidas las personas derechohabientes de Thalía.
El fallo de la Corte IDH no solo establece un precedente clave en el reconocimiento de los derechos de las personas trans en la región, sino que también expone las consecuencias de la violencia institucional, la discriminación y la impunidad sostenida por décadas. El caso de Leonela Zelaya evidencia cómo la negación sistemática de la identidad de género puede convertirse en una forma de violencia letal, y reafirma la obligación de los Estados de garantizar justicia, memoria y reparación para las víctimas y sus comunidades.
