Con una agenda de conciertos de talla internacional con artistas como Green Day, Shakira y My Chemical Romance, OCESA Colombia estrenó su nuevo escenario masivo Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en inmediaciones del Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Aunque se celebró con bombos y platillos el evento inaugural el pasado 27 de julio con la presentación de artistas de música popular, el proyecto sigue bajo la lupa de vecinos y concejales por posibles impactos ambientales y falta de permisos.
El espacio, con capacidad para más de 40.000 personas, superior al de escenarios como el Estadio El Campín o el Movistar Arena, fue desarrollado en un lote arrendado por OCESA a la Beneficencia de Cundinamarca. Según el contrato, se permite el uso de 249 mil metros cuadrados para espectáculos masivos, subarriendos y levantamiento de estructuras, a cambio de un canon mensual de 361 millones de pesos.
Pese a que la Secretaría de Ambiente ha aclarado que el terreno no forma parte del humedal El Salitre, la controversia no ha cesado. Vecinos del sector, junto con colectivos y veedurías ciudadanas, alegan que el escenario pone en riesgo los ecosistemas aledaños y afectará negativamente la calidad de vida en la zona por el aumento en ruido, tráfico y problemas de seguridad.
Además, se han interpuesto acciones legales. La concejala del Pacto Histórico, Quena Ribadeneira, entre otros concejales, presentaron una demanda con la intención de frenar el funcionamiento del nuevo centro de eventos. Argumentan que Vive Claro no cuenta con un plan de manejo ambiental adecuado ni con todos los permisos requeridos para operar. De acuerdo con sus denuncias, “las irregularidades de este contrato empiezan desde su propia concepción… dadas las características del predio y el monto del contrato, era imposible hacer este negocio en la forma como la Beneficencia y OCESA lo hicieron, saltándose todas las leyes y procesos de contratación estatal, eludiendo los procedimientos de licitación y selección objetiva que exige la ley” señaló en una entrevista para la web del Concejo de Bogotá.
La acción popular presentada por vecinos también busca revisar la legalidad del contrato firmado y detener futuras presentaciones. Aunque desde la empresa promotora se asegura que se trata de una estructura de “bajo impacto”, las tensiones con la comunidad siguen creciendo conforme se acercan los próximos espectáculos.
Mientras tanto, Vive Claro continúa su programación y pone a prueba no solo su capacidad logística, sino también la viabilidad ambiental y legal de su funcionamiento en el corazón de la capital.
