El presidente Gustavo Petro ordenó el 29 de diciembre, mediante los decretos 1469 y 1470 de 2025, un aumento histórico del 23,7 % al salario mínimo para 2026. Con esta decisión, el ingreso básico pasa de $1.423.500, que con el auxilio de transporte de $200.000 sumaba $1.623.500, a $1.750.905, más un auxilio de transporte de $294.095, lo que eleva la remuneración total mensual a dos millones de pesos.
La medida fue adoptada sin consenso en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales, luego del fracaso de las negociaciones entre empresarios y sindicatos. El anuncio sorprendió a distintos sectores, ya que las cifras que se manejaban durante la discusión oscilaban entre el 7% y el 16%. Aunque el incremento beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores, también ha abierto un intenso debate sobre sus posibles efectos en la economía nacional.
El Gobierno ha defendido el alza como una acción orientada a garantizar condiciones de vida más dignas y a reducir la desigualdad, argumentando que su impacto positivo en el consumo y la reducción de la pobreza compensará los riesgos. Sin embargo, con una inflación que aún se mantiene por encima del 5% y lejos de la meta del 3%, el aumento salarial supera ampliamente ese nivel, marcando un giro frente a los ajustes de años anteriores, que solían alinearse más estrechamente con inflación y productividad.
Tampoco es un hecho aislado en la historia reciente del país. Iván Duque, por ejemplo, cerró su mandato dejando el mínimo en un millón de pesos tras un aumento del 10,07%. Petro, en cambio, lo deja cercano a los dos millones, con un salto del 23,78%. Como señaló el politólogo Alejandro Chala, investigador de la Línea de Democracia de Pares Colombia, en declaraciones recogidas por El Colombiano, la discusión sobre el salario mínimo no es solo técnica, sino también política. Desde esta perspectiva, el salario se convierte en un terreno de disputa por el poder de negociación entre trabajadores y sectores empresariales, más allá de los cálculos macroeconómicos.
Del otro lado, gremios y sectores productivos como la ANDI y Asobancaria han advertido que un aumento de esta magnitud podría generar presiones inflacionarias adicionales y elevar los costos laborales, afectando la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, así como de sectores sensibles como el turismo y los servicios.
Otro foco de preocupación es el impacto sobre el empleo formal y la informalidad laboral, que ya afecta a casi la mitad de los trabajadores del país. Según el Banco de la República, un aumento salarial muy por encima de la productividad real podría desincentivar la contratación formal y empujar a más personas hacia el trabajo informal, donde predominan la inestabilidad y la ausencia de protección social, especialmente afectando a personas con menos educación, jóvenes y mujeres.
La experiencia venezolana suele citarse como advertencia de los riesgos de ignorar las señales inflacionarias. En 2011, un aumento del salario mínimo del 30 %, decretado por Hugo Chávez, fue rápidamente absorbido por una inflación del 27%. En los años siguientes, el país entró en una espiral inflacionaria que superó primero el 50%, luego los tres dígitos, hasta desembocar en hiperinflación, con salarios pulverizados, escasez generalizada y una migración masiva. En contraste, otros países de la región gobernados por fuerzas de izquierda han aplicado aumentos significativos del salario mínimo sin desencadenar crisis inflacionarias severas. Casos como Argentina, Brasil, Bolivia, México o Ecuador muestran que, bajo ciertos contextos, alzas superiores al 15% o incluso al 20% pueden coexistir con inflaciones moderadas, lejos de niveles que destruyen el poder adquisitivo.
Estos antecedentes sugieren que el impacto de un aumento salarial no depende únicamente del porcentaje decretado, sino del marco macroeconómico en el que se aplica: disciplina fiscal, política monetaria, capacidad productiva y manejo de expectativas. La experiencia regional indica que los aumentos pueden fortalecer el ingreso de los trabajadores, pero también advierte que, si no se acompañan de políticas coherentes, pueden convertirse en un factor de desequilibrio.
Así, mientras algunos celebran el incremento como un avance social histórico, otros anticipan que sus efectos sobre la inflación, el empleo y la informalidad marcarán buena parte del debate económico de 2026, un año electoral en el que el salario vital podría convertirse no solo en una variable económica, sino en un eje central de la disputa política.
