Sin duda, el escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) se ha convertido en el más mediático y grave del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hasta ahora, han sido encarcelados pesos pesados de la política colombiana como Andrés Calle, expresidente de la Cámara, e Iván Name, expresidente del Senado.
Sin embargo, el pasado 18 de diciembre el caso dio un nuevo giro cuando fueron enviados a prisión dos exministros que en su momento ocuparon posiciones clave dentro del actual gobierno y contaban con el respaldo total del jefe de Estado: Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.
Un poco de contexto
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estalló tras denuncias por el presunto desvío y uso irregular de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y la mitigación de desastres. Investigaciones judiciales señalaron que parte de esos fondos, que suman miles de millones de pesos, habrían sido utilizados para gestionar sobornos y beneficios ilegales a congresistas a cambio de apoyo legislativo a las reformas impulsadas por el Gobierno.
Los testimonios clave provienen de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López (exdirector) y Sneyder Pinilla (exsubdirector), quienes relataron ante la Fiscalía cómo se habrían coordinado contratos y entregas de dinero en efectivo para favorecer a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.
Según esas versiones, los recursos habrían sido desviados a través de contratistas e intermediarios, incluso con supuestas entregas de dinero en maletas, con el objetivo de asegurar votos en el Congreso.
El impacto político del caso ha sido profundo: provocó la salida y judicialización de altos funcionarios y exlegisladores, varios de ellos cercanos al Ejecutivo, además de órdenes de captura y procesos penales contra figuras de alto rango. A esto se sumaron investigaciones por posibles sobrecostos en la contratación de maquinaria y por irregularidades en proyectos destinados a regiones vulnerables del país.
Sobre los argumentos y las condenas
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD. Según la Fiscalía, ambos habrían coordinado el direccionamiento de contratos para beneficiar a congresistas a cambio de su respaldo en operaciones clave del Gobierno, tanto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público como en las comisiones donde se debatían las reformas a la salud y al sistema pensional.
Durante la audiencia, la magistrada Aura Alexandra Rosero explicó que, aunque los exministros ya no ejercen funciones públicas, ello no elimina el riesgo que representan. A juicio del tribunal, las conductas investigadas operaban mediante redes políticas y administrativas consolidadas, incluso a través de terceros, lo que hacía insuficiente una medida menos restrictiva.
La magistrada sostuvo que la prisión domiciliaria no resultaba adecuada, dado que el riesgo no se relaciona con la movilidad física, sino con la capacidad de articulación, intermediación y reorganización propia de esquemas complejos de criminalidad contra la administración pública. Por ello, concluyó que la reclusión en centro penitenciario es una medida idónea, necesaria y proporcional para evitar la continuidad o reactivación de estas prácticas.
Bonilla y Velasco fueron imputados por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que ambos rechazaron. Según la acusación, no habrían actuado de manera aislada, sino desde posiciones de poder, integrando un acuerdo criminal orientado a la comisión reiterada de delitos con el fin de asegurar mayorías en el Congreso mediante el direccionamiento contractual.
La Fiscalía sostuvo que los exministros coordinaron la gestión de proyectos de Invías de interés de congresistas de la Comisión Primera del Senado, entre ellos el senador Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U). Para ello, habrían instruido a María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, a sostener reuniones con el legislador. Chagüi habría mencionado tres proyectos en Córdoba —Lorica, Tierralta y Los Córdobas— por un valor cercano a los 15.700 millones de pesos.
Asimismo, se documentaron comunicaciones telefónicas y mensajes entre Benavides, Bonilla y Velasco para dar cumplimiento al supuesto acuerdo criminal, incluyendo tres proyectos adicionales en la región Caribe por cerca de 89.000 millones de pesos.
Según el ente acusador, los exministros también habrían tramitado 17 operaciones de crédito público tras pactar la entrega de contratos con congresistas, beneficiando a figuras como Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar y, posteriormente, Juan Pablo Gallo.
Ninguno de los exministros se resistió a su captura. Bonilla fue detenido en el mismo tribunal, mientras que Velasco se presentó voluntariamente ante las autoridades en la ciudad de Cali.
Qué sigue para los exministros
Por ahora, ambos deberán enfrentar su proceso penal privados de la libertad, mientras avanzan las investigaciones y audiencias preliminares. Analistas y editoriales coinciden en que el caso representa uno de los golpes más severos a la credibilidad del actual gobierno, no solo por el volumen de los recursos comprometidos, sino porque, según la Fiscalía, la red se habría gestado desde el interior del propio Estado con fines directamente ligados a la gobernabilidad legislativa.
Tras conocerse la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su exministro de Hacienda. “Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia”, escribió el mandatario en su cuenta de X, marcando distancia entre su respaldo político y el curso de las investigaciones judiciales.
