Tras la presentación de una solicitud de ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado para archivar la reforma laboral, el futuro de esta iniciativa quedó prácticamente truncado. El proyecto, de gran relevancia para el gobierno de Gustavo Petro, se encuentra al borde del fracaso sin haber tenido espacio para su discusión. De no haber un cambio en la postura de los congresistas, la reforma perdería la posibilidad de avanzar. En respuesta a esta situación, el presidente Petro ha anunciado la convocatoria de una consulta popular para definir el futuro de esta y otras reformas, en especial la de la salud, que podría tener el mismo destino.
La propuesta de archivo fue impulsada por senadores de los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal y algunos partidos cristianos, quienes argumentan que la reforma carece de viabilidad fiscal y que podría perjudicar a las empresas. Estos senadores han evitado el debate del proyecto al presentar la solicitud de archivo, cerrando la posibilidad de discutir sus puntos y dejando de lado la oportunidad de llegar a un consenso sobre sus implicaciones.
A pesar de las divisiones políticas y la fuerte oposición de los partidos de centro y derecha a las reformas propuestas por el gobierno de Petro, hay una realidad innegable: el mercado laboral y las condiciones de los trabajadores requieren una reforma urgente. Un ejemplo de esto es el ranking de Colombia, uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como uno de los que enfrenta mayores niveles de desigualdad. Esta situación se vincula con la elevada informalidad laboral, que supera el 50%, y con las dificultades que enfrentan las y los trabajadores para acceder a la seguridad social.
Con la noticia de la solicitud de archivo, las tensiones políticas se hicieron más palpables, pero también surgieron voces como la de la Defensoría del Pueblo, desde donde se ha instado a que se dé espacio para el debate de la reforma, como dijo la defensora Iris Marín, quien dijo que a pesar de las diferencias, se pueden encontrar soluciones sin sacrificar los aspectos positivos de la iniciativa, que serían clave para mejorar los derechos laborales en el país.
Lo que proponía la reforma
La reforma laboral fue radicada inicialmente en agosto de 2023 y, después de un proceso legislativo lento en la Cámara de Representantes, llegó a la Comisión Séptima del Senado en 2024 para su tercer debate. A lo largo de este proceso, el proyecto sufrió diversas modificaciones y recortes, entre los que destacó la eliminación del contrato agropecuario, una medida que brindaba garantías a las y los campesinos como trabajadores del campo. Esta decisión fue especialmente lamentada por diversos sectores, especialmente por la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
El proyecto aprobado en la Cámara de Representantes mantuvo varios puntos clave tanto a nivel político como simbólico, entre ellos la restitución de derechos perdidos durante el gobierno de Álvaro Uribe, como la ampliación de las horas extras y los recargos nocturnos, que pasarían a aplicarse desde las 7 p.m. en lugar de las 9 p.m. Además, incorpora demandas como las licencias para mujeres que tienen ciclos menstruales incapacitantes y la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad (que ya habían sido recortadas de la versión original en el proceso de discusión en la Cámara y con los gremios industriales).
Un aspecto relevante de la reforma es la creación de un marco normativo para los trabajadores de plataformas digitales de reparto, como los de aplicaciones de domicilios, en el que se establece que las empresas propietarias de estas plataformas tienen responsabilidades frente a los aportes a la seguridad social de los repartidores. Asimismo, se contemplan mecanismos de cotización para otros sectores como los micronegocios y las trabajadoras domésticas. Aunque algunos críticos argumentan que la reforma podría incrementar la informalidad laboral por ser costoso para los empleadores cubrir estas condiciones, la iniciativa se centra en medidas más garantistas frente al acceso a la seguridad social de grupos vulnerables.
Otras de las propuestas más destacadas es la del contrato a término indefinido como modalidad predominante en las contrataciones laborales en el país. Además, los estudiantes del Sena han respaldado las discusiones, ya que la reforma también busca recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje, un derecho que les fue retirado hace 20 años. Esta medida beneficiaría a cerca de 400,000 personas que cada año se acogen a este contrato, garantizando, entre otros, un salario mínimo y el acceso a la seguridad social.
Lo que podemos esperar
Con el tiempo cada vez más limitado para el gobierno de Gustavo Petro, las reformas sociales, como la laboral y la de salud, se encuentran sin espacio para avanzar. La falta de respaldo político en el Senado, sumada a la concentración de los senadores y representantes en sus campañas para la reelección de 2026, complica aún más el panorama, donde conseguir apoyos legislativos será muy difícil.
A pesar de la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, con la aparente posibilidad de mover las reformas, el gobierno no ha logrado mover las fichas necesarias para impulsarlas. Sin embargo, ante los llamados de Petro a una consulta popular, Benedetti reconoció que la propuesta se puede convertir en una de las principales banderas electorales para el 2026. Esta estrategia además ya está generando diversas opiniones sobre su viabilidad comparando experiencias del pasado, los costos que implicaría, las posibilidades de aprobación y los riesgos de que influencie la campaña electoral del próximo año.
El presidente Petro ha anunciado que la consulta popular se enfocaría en preguntas relacionadas principalmente con el sistema laboral y, posiblemente, con el de salud. Esta propuesta busca someter a consideración de los votantes mandatos clave para reformar estos sectores. Mientras tanto, el 18 de marzo se dará inicio al tercer debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, empezando con las propuestas de su archivo. Esta será una de las últimas oportunidades para debatir la reforma antes de que termine el mandato de Petro.
En medio de las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, se confirmó que en la semana del 17 de marzo se discutirá otra iniciativa importante: la que busca reducir el salario de los integrantes del Congreso. Esta propuesta, liderada por el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico, cuenta con el respaldo de la bancada oficialista y ha obtenido el apoyo de varios sectores políticos. El debate mostrará un interesante contraste frente a las grandes brechas de desigualdad económica entre legisladores y millones de colombianos.
