Tras el traslado ilegal de cientos de migrantes a una prisión de tortura en El Salvador por parte del presidente Donald Trump, el gobierno alegó no tener la autoridad legal para devolverlos a Estados Unidos. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a su vez, afirmó que no tenía la facultad de devolver a los migrantes deportados injustamente, y que no lo haría incluso si la tuviera.
El lunes, los abogados de los hombres venezolanos presentaron documentos ante el juez de distrito James Boasberg en Washington, D.C., mostrando que el gobierno salvadoreño le dijo a las Naciones Unidas que Estados Unidos conserva la autoridad máxima sobre los hombres que la administración Trump envió a CECOT, la infame mega prisión en El Salvador.
Los documentos socavan directamente las declaraciones públicas de altos funcionarios de la administración Trump. También contradicen las declaraciones realizadas en el caso ante Boasberg, que involucra el traslado de cientos de hombres venezolanos a El Salvador, así como en el caso de Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland que fue encarcelado ilegalmente en El Salvador a pesar de una orden de protección contra la deportación que le prohibía ser deportado.
Según informes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Oficina de las Naciones Unidas —que se presentaron como prueba en el caso J.G.G. v. Trump el lunes— el gobierno salvadoreño afirmó que no tenía autoridad sobre las personas arrojadas a su sistema penitenciario y que solo estaba cumpliendo un acuerdo con la administración Trump.
“Las acciones del Estado de El Salvador se han limitado a la implementación de un mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado, mediante el cual ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de personas detenidas en el ámbito del sistema de justicia y las fuerzas del orden de ese otro Estado”, declaró el gobierno salvadoreño ante la ONU. “En este contexto, la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes, en virtud de los acuerdos internacionales suscritos y de conformidad con los principios de soberanía y cooperación internacional en materia penal”.
La nación agregó: “En este sentido, las acciones atribuibles al estado salvadoreño se limitan a su soberanía y jurisdicción territorial, por lo que no puede ser considerado responsable por la falta de observancia del principio de no devolución respecto de las personas mencionadas”.
La administración Trump se ha negado a revelar sus acuerdos con El Salvador para alojar a migrantes en sus cárceles, ofreciendo afirmaciones sobre cómo esta información está “clasificada”, sujeta al privilegio abogado-cliente, o incluso es un secreto de estado.
Los abogados de los peticionarios en el caso J.G.G. señalaron el lunes que el gobierno estadounidense había recibido copia de estos informes a la ONU, transmitidos en abril, como parte de varios casos relacionados con denuncias de desapariciones forzadas o involuntarias. Argumentaron que el Departamento de Justicia de Trump injustamente no proporcionó los documentos como parte del proceso de descubrimiento de pruebas ante el tribunal de Boasberg.
Y señalaron la declaración jurada que el Departamento de Justicia proporcionó al tribunal en mayo, escrita bajo pena de perjurio, del funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak.
“Tenía y sigo teniendo entendido que la detención y el destino final de las personas detenidas en CECOT y otros centros de detención salvadoreños son asuntos que están dentro de la autoridad legal de El Salvador, de conformidad con sus obligaciones legales nacionales e internacionales”, escribió Kozak en el documento.
Los abogados solicitaron descubrimiento adicional en el caso ante Boasberg, señalando que “esta nueva evidencia contradice la conclusión subyacente sobre la custodia en la declaración de Kozak del 9 de mayo de 2025, que está fechada después de las respuestas de El Salvador a la ONU y después de que los solicitantes solicitaron la revisión del hábeas corpus”.
El tema de la jurisdicción sobre los hombres que Trump envió a El Salvador volvió a surgir el lunes en el caso de Maryland sobre la deportación ilegal de Abrego García, que la Corte Suprema consideró “ilegal”.
Abrego García fue devuelto a Estados Unidos el mes pasado para ser imputado por nuevos cargos en Tennessee, después de que la administración Trump se negara durante semanas a cumplir con las órdenes judiciales que ordenaban su regreso. La semana pasada, sus abogados afirmaron que había sido torturado física y psicológicamente en el CECOT de El Salvador.
“Los detenidos estaban confinados en literas de metal sin colchones en una celda abarrotada, sin ventanas, con luces brillantes encendidas las 24 horas y con un acceso mínimo a servicios sanitarios”, señala un expediente judicial, que añade que Abrego García y otros reclusos habían sido golpeados por guardias y obligados a arrodillarse durante horas mientras estaban en prisión.
El lunes, la jueza federal de distrito Paula Xinis interrogó a los abogados del Departamento de Justicia sobre sus razones para haber afirmado anteriormente que no tenían autoridad sobre Abrego García, solo para presentar una dudosa acusación penal en su contra y traerlo de regreso a los Estados Unidos con la intención de deportarlo a un tercer país.
El Departamento de Justicia “logró una acusación formal contra el Sr. Ábrego García el 21 de mayo”, dijo Xinis. “¿Cómo puede uno decir seis días después que no tenía la facultad de presentarlo? ¿Por qué, si no, presentaría una acusación penal contra alguien a quien no puede presentar? Es ilógico”.
