En los días posteriores al golpe militar en Chile del 11 de septiembre de 1973, el cantante y guitarrista folk Víctor Jara fue detenido y trasladado al Estadio Chile, un recinto deportivo convertido en centro de detención masiva por la dictadura de Pinochet. Allí fue torturado y ejecutado.
Sus torturadores le destrozaron las manos y lo hicieron desfilar por el estadio, burlándose de él para que intentara tocar la guitarra. Esta brutalidad era simbólica. Jara era una figura pública, un músico cuya obra se había entrelazado de tal manera con las aspiraciones democráticas y la lucha de la clase trabajadora, que se decía que su música era más poderosa que mil ametralladoras. Silenciarlo significaba silenciar a las masas, pero no se logró.
Las canciones de Jara perduraron, transmitidas a través de grabaciones, recuerdos y comunidades tanto en Chile como en el extranjero. El estadio donde fue asesinado lleva ahora su nombre, y su música sigue cantándose generaciones después, desde Joan Baez hasta Bruce Springsteen, pasando incluso por Bad Bunny.
Desafortunadamente, la rendición de cuentas ante la ley suele llegar mucho después de la caída de un régimen autoritario, como ocurrió en el caso de Jara. Allí, tras décadas de búsqueda, se localizó al teniente responsable en Florida, tras haber huido de Chile después del colapso del régimen. Junto con el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, mis colegas y yo interpusimos una demanda civil contra él ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, en virtud de la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros y la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, por detención arbitraria, tortura, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad.
Y así, aunque la rendición de cuentas a veces llegue tarde, la música forma parte de la inspiración que, en última instancia, impulsa a una sociedad a rechazar el régimen y exigirle responsabilidades, para avanzar hacia la justicia transicional.
Los regímenes autoritarios siempre han temido el poder de la música. Desde la prohibición de conciertos hasta el encarcelamiento, el exilio, la tortura y castigos peores, los regímenes autoritarios han atacado repetidamente a músicos cuya obra transforma el descontento político en un lenguaje compartido. A lo largo de décadas y en distintos continentes, los gobiernos autoritarios han respondido a la música de protesta con una consistencia sorprendente.
En la Sudáfrica del apartheid, la cantante Miriam Makeba se vio obligada a exiliarse durante décadas tras criticar al régimen; su música fue prohibida en su país, a pesar de haber alcanzado una gran popularidad en el extranjero. En la Grecia de los 60, bajo el régimen militar, la música de Mikis Theodorakis fue prohibida por decreto, y su compositor fue encarcelado y exiliado. En la Checoslovaquia de la Guerra Fría, a los músicos clandestinos se les retiraron las licencias, fueron arrestados y acosados por negarse a ajustarse a la estética sancionada por el Estado.
Más recientemente, artistas como la artista kurda Nûdem Durak en Turquía, la cantante pop uigur Ablajan Awut Ayup en China y la banda rusa Pussy Riot han sido procesados bajo leyes de seguridad nacional restrictivas, detenidos por letras consideradas subversivas o tachados de extremistas por presentaciones que cuestionan la narrativa oficial. En cada caso, la respuesta del Estado revela una inquietud común: el autoritarismo no solo se basa en el miedo, sino también en la fragmentación. La música de protesta hace lo contrario al crear una banda sonora de resistencia.
Los regímenes reaccionan porque la música, especialmente en momentos de represión, se convierte en un multiplicador de poder. Unifica a las comunidades, fomenta el pensamiento crítico, moviliza a la oposición e inspira a la acción. Hemos visto destellos de esto recientemente: desde la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, en el que promovió la unidad y el amor como reacción a las redadas del ICE, la colonización de Puerto Rico y la retórica contra Latinoamérica, hasta el resurgimiento de canciones de resistencia de hace décadas. Entre ellas se encuentran ‘Killing in the Name’ de Rage Against the Machine, sobre el racismo institucionalizado y la brutalidad policial en el contexto del veredicto de Rodney King; ‘Zombie’, el himno antibélico por excelencia de The Cranberries; y ‘B.Y.O.B. (Bring Your Own Bomb)’ de System of a Down, que protesta contra la guerra de Irak; pasando también por ‘Ohio’ de Crosby, Stills, Nash y Young, sobre el asesinato de estudiantes en Kent State a manos de la Guardia Nacional, y ‘Fortunate Son’ de Creedence Clearwater, sobre las élites que evaden el servicio militar. Lamentablemente, muchas de estas canciones han cobrado mayor relevancia en la actualidad, desde las atrocidades cometidas contra civiles inocentes en conflictos por alrededor del mundo hasta los asesinatos extrajudiciales de estadounidenses en su propio país.
La canción que sobrevivió al estadio
Aunque los regímenes siguen intentando silenciar a los artistas, la historia nos muestra una ironía persistente: cuanto más agresivamente ataca un régimen a la música, más perdurable suele volverse su mensaje.
Pocas historias ilustran esto con tanta claridad como la de Jara. Décadas después de su asesinato y años tras la caída del régimen de Pinochet, la justicia entró en escena, no como sustituto de la música, sino como medio para evitar el olvido. En una demanda civil federal en Estados Unidos, un jurado declaró culpable a un exoficial militar chileno de la tortura y el asesinato de Jara, otorgándole una indemnización a su familia y dejando constancia de las atrocidades cometidas. A partir de las pruebas obtenidas en este proceso y por las autoridades chilenas, el teniente Pedro Pablo Barrientos Núñez será ahora juzgado ante los tribunales chilenos. Aunque la rendición de cuentas llegó tarde, lo hizo con un registro fidedigno y una declaración de responsabilidad. El resultado es un reconocimiento legal de que lo que ocurrió fue importante y aún lo es.
Si bien la música por sí sola no puede garantizar la rendición de cuentas, la ley puede asegurar que la violencia no desaparezca en la negación o en la amnesia histórica. Los procesos legales exigen pruebas, asignan responsabilidades y transforman los testimonios en historia. Lo que los regímenes autoritarios pretenden borrar, la ley lo preserva.
En los casos relacionados con artistas perseguidos, la justicia ha afirmado que la represión cultural no es algo incidental al autoritarismo, sino que es fundamental para él. Estos casos ponen de manifiesto que los ataques contra los artistas son ataques contra la propia expresión colectiva.
Resonancia más allá de la represión
Los regímenes autoritarios atacan a los artistas precisamente porque comprenden su poder. Sin embargo, lo que no logran comprender es la resonancia. Un disparo puede sonar una sola vez, pero una canción resuena a través de generaciones. Las canciones perduran porque están diseñadas para repetirse. Se pueden cantar en voz baja o alta, en público o en privado. Las letras escritas para una lucha pueden inspirar otra décadas más tarde. Esta continuidad explica por qué las canciones de protesta de épocas pasadas siguen resurgiendo en momentos de tensión política.
La música enseña a las personas a verse a sí mismas como parte de algo más grande; a resistir. El derecho enseña al mundo a recordar. Junto con abogados y jueces, los artistas transforman las voces en derechos, reconocimiento y justicia. De este modo, la música sigue siendo una banda sonora compartida de la resistencia.
Christina Hioureas es una abogada radicada en Nueva York y especializada en derecho internacional, que defiende casos ante tribunales internacionales. También es profesora visitante de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles y de la Universidad del Sur de California, donde imparte cursos sobre legislación en materia de derechos humanos. Representó legalmente a la viuda y las hijas del fallecido músico folclórico chileno Víctor Jara, logrando una sentencia histórica contra el teniente responsable de su tortura y ejecución durante la dictadura de Pinochet.
