Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

El defectuoso legado de un perfeccionista

Iván Duque se va y deja a Colombia en una situación muy complicada. Esta es una revisión de la herencia que deja una de las administraciones más desastrosas que ha tenido esta nación recientemente

agosto 5, 2022

Cortesía Presidencia

Dijo Iván Duque alguna vez que su mayor defecto es ser perfeccionista. Al menos 68 % de los colombianos opinan algo muy diferente. Con ese porcentaje de desaprobación en el último mes de su mandato, Duque se despide de Colombia con más pena que gloria. A pesar de que su imagen mejoró en los últimos meses (pues en marzo la desaprobación era de 73 %), las últimas semanas de su presidencia han activado un retrovisor que no lo deja muy bien parado.

El defectuoso legado del presidente saliente incluye un evidente detrimento de la seguridad del país. El fortalecimiento de los grupos armados, los asesinatos de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz, masacres, paros armados y otros hechos violentos contrastan con las declaraciones que Duque ha dado en sus últimos días de presidencia, donde intenta mostrarnos una realidad paralela donde su gobierno fue exitoso.   

De acuerdo con el informe presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz, este gobierno deja como saldo 957 líderes y lideresas asesinados, 313 masacres, 220 casos de desaparición forzada, 261 firmantes del acuerdo de paz asesinados, 545 eventos de desplazamiento forzado, 555 secuestros, entre otros números que de tanto contarlos pierden la dimensión del derramamiento de sangre que representan.  

La gran deuda que deja Iván Duque y su partido el Centro Democrático, es la implementación del Acuerdo de Paz, que como bien aseguraron hace cuatro años, hicieron trizas. Ya de por sí la cifra de firmantes del acuerdo asesinados es escalofriante, pero la impunidad frente a estas muertes y la inoperancia del gobierno para detener esa masacre la hacen más escandalosa. Por cada excombatiente asesinado, no solo se apaga una vida, sino que se amenaza la continuidad en la vida civil de aquellos que le apostaron a la paz.  

Pero no solo se desprotegió a los firmantes. La Reforma Rural Integral avanzó solo un 4%, mientras que el 37% de las disposiciones incluidas en el acuerdo están en estado mínimo y el 15% aún no inician su implementación, según el informe del Instituto Kroc de 2022 que hace seguimiento a los avances de este proceso. El reporte del instituto indica que los avances son lentos y que los primeros cinco años eran un momento clave para el éxito de lo pactado. De hecho, se observó que solo el 2% de las disposiciones fueron completadas hasta 2021.


No solo se desprotegió a los 261 firmantes asesinados. La Reforma Rural Integral avanzó solo un 4%, mientras que el 52 % de las disposiciones del Acuerdo de Paz están en estado mínimo o no han iniciado


Los retos de un acuerdo de paz son enormes, pero sin voluntad política son una quimera. La falta de aprobación de normas para implementar los compromisos tanto en la Reforma Rural Integral, la participación política democrática, como en la política de sustitución de cultivos de uso ilícito dejaron sin herramientas para avanzar. Esto incluye la creación de la Jurisdicción Especial Agraria y el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores y cultivadoras, que sigue en ceros.

Mientras las normas y la voluntad política para la implementación del acuerdo no avanzaban en este periodo presidencial, los dineros para los proyectos de los municipios más afectados por el conflicto quedaron en manos de funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, de la Contraloría General, y de alcaldes y gobernadores. Recientemente se supo del entramado de corrupción que permitió que se robaran más de 500 mil millones de pesos destinados a financiar las obras de la paz.

Pero el deterioro de la seguridad nacional no solo ocurrió por la inoperancia del gobierno de Duque ante el compromiso histórico de construir la paz. También cerró el diálogo con el ELN que sigue operando en gran parte del país y ni hablar del fortalecimiento de estructuras ligadas al paramilitarismo como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que nos devolvieron a la época de los paros armados generalizados y del “Plan Pistola” que se desarrolla contra integrantes de la Policía como en tiempos de Pablo Escobar.

Aunque Duque ha insistido en la estrategia de persecución y capturas a cabecillas de grupos armados, diferentes expertos han mostrado que esta estrategia no funciona para desarticular, pues surgen nuevos líderes rápidamente. Ángela Olaya, cofundadora de la organización Conflict Responses (CORE), explicó a este medio que la estrategia que utilizó este gobierno, heredero de la política de seguridad democrática, se queda corta. Por mucho tiempo esta estrategia se centró en vendernos a la guerrilla de las FARC como la gran amenaza nacional, mientras estos grupos seguían construyendo acciones y alianzas muy peligrosas como ahora lo han demostrado. 

La prensa y la democracia en riesgo

La separación de poderes y el papel de los órganos de control en un Estado es uno de los principios más importantes para la democracia y la institucionalidad. El gobierno de Duque se caracterizó por promover órganos de control silenciosos frente a su tarea constitucional al ubicar amigos a la cabeza de entidades tan importantes como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.

El contrapeso de estos órganos de control quedó comprometido con el silencio o la acción selectiva ante el alto gasto público del ejecutivo o los escandalosos casos de corrupción como la “Ñeñe política”, el robo de Centros Poblados del MinTic en cabeza de Karen Abudinen, las irregularidades de aparente evasión del director de la DIAN y el robo de los recursos para la paz, entre muchos otros episodios de desfalco.

A la par, la función de la prensa también se vio comprometida según la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP, que en su reciente balance de estos cuatro años, mostró que al menos 776 periodistas recibieron amenazas, 5 fueron asesinados y hubo 441 casos de agresiones por parte de la fuerza pública.

No menos grave fueron los perfilamientos que se hicieron a 30 periodistas por parte del Ejército o a los 468 influenciadores que se clasificaban según su afinidad al gobierno, algo que generó una gran preocupación por el uso de los sistemas de inteligencia de las fuerzas armadas para vigilar y posiblemente estigmatizar a quienes criticaran la gestión del presidente y sus funcionarios.

La FLIP presentó además un enorme gasto público de Duque a raíz de la preocupación por su imagen pública. Esto lo llevó a invertir más de 46 mil millones de pesos en pauta oficial y a agrandar el equipo de comunicaciones de presidencia de 15 a 54 personas en su periodo. A esto se le puede agregar su particular criterio para dar entrevistas a medios de comunicación, pues mientras a RCN en radio y televisión, a Blu Radio y a La FM les otorgó 62, a medios como El Espectador les dio una sola en los cuatro años de gobierno, y a otros simplemente se las negó. La cereza del pastel proviene del hecho de que los dineros para pagar estos contratos millonarios salieron de recursos del Fondo de Programas Especiales para la paz en al menos 13 de 26 casos.

La economía golpeada y el cuidado del ambiente solo en el discurso

Si bien la economía mundial sufrió graves consecuencias por la pandemia por Covid-19 y Colombia no fue la excepción, cabe revisar el estado en que el gobierno saliente deja el rumbo económico del país. Para 2021, el 39 % de la población nacional se ubicó en el grado de pobreza monetaria y 6.1 millones de colombianos y colombianas se encuentran en pobreza extrema. Las cifras para el año anterior, el primero de la pandemia, fueron peores por la crisis sanitaria y la aparente mejoría en 2021 respondió a ese efecto rebote, pero la inflación, las altas cifras de desempleo (12.1 %) y el dólar por las nubes son algunos de los resultados que quedan en este mandato.

El déficit fiscal que nos deja de herencia Duque es de $83 billones, uno de los más altos en la historia económica de Colombia. Además, el último reporte del DANE sobre la inflación es muy preocupante. Para el mes de julio la inflación se ubicó en el 0,81%, cinco veces más del promedio esperado. Para Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, esto es un retroceso económico de más de 22 años.


6.1 millones de colombianos y colombianas se encuentran en pobreza extrema. La inflación imparable, las altas cifras de desempleo y el dólar por las nubes son otros resultados de este mandato


Con la caja en números rojos, la continuidad de programas sociales está en duda. Esto ha sido motivo de debate entre Duque y sus funcionarios, y el equipo de empalme del nuevo gobierno, pues este grupo ha estimado que programas como el de Ingreso Solidario, que surgió a raíz de la pandemia y apoya a cerca de cuatro millones de hogares colombianos, estaría sin financiación.  

Para cerrar con broche de oro, las acciones de Duque en materia ambiental no solo fueron contradictorias frente a lo prometido antes de llegar a la presidencia (por ejemplo, aseguró que no iba a permitir el fracking e incumplió, sino que luego de usar como bandera la lucha por la reforestación, reportes del mismo gobierno muestran que se llegó a las 700.000 hectáreas de selva devastadas. Aunque hubo siembra de árboles en este periodo, primó la política guerrerista de persecución a los taladores, el eslabón más débil de la cadena. 

Con la llegada del Congreso recién instalado por fin se pudo ratificar el Acuerdo de Escazú, que entre otros puntos exige la protección de líderes ambientales, pero aunque Duque sacó pecho en el exterior en temas ambientales, la verdad es que la falta de voluntad política y las presiones de los gremios industriales dilataron la firma y este logro es todo menos del gobierno saliente. Así las cosas, el gobierno de Duque pasará a la historia como el representante de un retroceso enorme para Colombia. 

CONTENIDO RELACIONADO