Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, además de un grupo armado ilegal, son una franquicia del terror bien articulada. Una que funciona y se organiza muy bien cuando así lo requiere. Con la extradición de alias Otoniel, el pasado 4 de mayo, las AGC anunciaron un paro armado para el día siguiente y hasta el 10 de mayo. Así, una buena parte del país quedó expuesta a la demostración de poder territorial por parte de un grupo que recoge la historia del paramilitarismo y que se configura como el actor armado de mayor potencia en el país.
Al cruzar diferentes fuentes, incluidas las del Instituto Indepaz, el recuento de los hechos violentos durante el paro asciende a los 170 casos. Los cinco departamentos con mayores afectaciones fueron Antioquia (46), Bolívar (44), Magdalena (31), Sucre (16) y Cesar (14).
Las restricciones a la movilidad fueron el hecho más frecuente durante el paro armado, pero también se registraron por lo menos 5 asesinatos. Entre otros hechos reportados, hubo incineración de vehículos, cese de actividades comerciales, educativas y de atención en salud, desabastecimiento, demarcación del territorio alusiva a las AGC (grafitis, pintas, banderas, etc.), maltrato animal y amenazas sobre pobladores.
Entre el 5 y el 7 de mayo se reportó la mayor parte de estos hechos violentos. Aunque en algunos municipios la Policía animó a abrir los negocios, el temor fue mayor. En Cereté, Córdoba, un comerciante fue asesinado por negarse a cumplir la orden de cerrar su local, algo que aumentó el miedo en este y los otros municipios más afectados por la presencia de las AGC. En Medellín, la Comuna 8 tuvo presencia de fuerza pública, pero esto no representó seguridad para la población, pues los propietarios de los negocios prefirieron acatar la orden de cierre.
Un elemento muy preocupante para la ciudadanía fue el mensaje de inacción que recibió por parte del Ejército y la Policía. Si bien se generaron unos partes de presencia en los municipios afectados, en realidad el presidente Duque se refirió al paro solo hasta el sábado 7 de mayo en la noche, mientras se iba a Costa Rica a un evento diplomático, algo que pareció insuficiente y completamente fuera de tiempo.
Pero no solo fue la tardanza lo que llamó la atención de la respuesta del Gobierno. Las directrices fueron confusas, no se aclaró si se iban a capturar personas o cómo se iba a garantizar la circulación y la apertura del comercio. Además, la respuesta escasamente se enfocó en planes de capturas y pie de fuerza, pero ¿dónde quedaron las víctimas? No hubo siquiera la intención del envío de brigadas de atención humanitaria a la población civil afectada. En ese sentido, el mensaje que le quedó para las personas confinadas fue el de la inacción de quienes deberían protegerles. La intención de no responder, por las razones que fueran, las dejó a merced de las AGC que, aunque ejercieron violencia, no mostraron toda su capacidad de daño.
“No podemos olvidar que este grupo armado también apoya su funcionamiento en la compra de miembros de la fuerza pública y funcionarios en distintos niveles”, explica Ángela Olaya, analista de la organización Conflict Responses (CORE). Esto se suma a la activación del “Plan pistola”, que recuerda el violento periodo de Pablo Escobar donde se pagaba por cada policía muerto, algo que seguramente influyó en la respuesta de la Policía en este paro armado. Para la analista, “no tenían la intención de perder a sus miembros, porque una cosa que nos ha mostrado esta fuerza pública es que la prioridad está en la protección de sus integrantes y luego el resto de la población”.
La lucha histórica contra las guerrillas encubrió el fortalecimiento del paramilitarismo
Por muchos años, la doctrina del enemigo interno ha sido usada por las fuerzas armadas para combatir la amenaza de las guerrillas. Década tras década se renuevan estos discursos a pesar de que el escenario violento de la Colombia de hoy ya no corresponde con esa lectura del conflicto.
Mientras las políticas de la seguridad democrática, inauguradas por el expresidente Uribe, se enfocaron en combatir a la guerrilla, el conflicto cambió. La controversial desmovilización de los grupos paramilitares en 2005 por medio de la Ley de Justicia y Paz, fue la base para que ese gobierno diera por claudicada la existencia del paramilitarismo en Colombia. Pero la realidad fue otra. El paramilitarismo no es una metáfora ni un recuerdo, es una realidad vigente e intrincada que determina el escenario de violencias de nuestro país.
Hoy las AGC son, en parte, el resultado de más de 15 años de ignorar la reconfiguración de los integrantes de las aparentemente extintas Autodefensas Unidas de Colombia -AUC. La negación de la continuidad del paramilitarismo se ha mantenido todos estos años, mientras las AGC se fortalecían en distintos puntos del territorio nacional, sin un mayor interés por desarticularlos.
“En grandes capitales y ciudades intermedias se nos vendió por tanto tiempo que la gran amenaza del país eran las FARC, que esto desconoció la continuidad de otros grupos que seguían construyendo acciones muy peligrosas”
Para Angela Olaya, ha sido difusa la intención de leer el conflicto por parte de los gobiernos herederos de esa estrategia de seguridad frente al fenómeno de este grupo armado. “Nunca fueron identificados como un gran actor que pusiera en riesgo la seguridad nacional, sino que los veían como un elemento regional relacionado con el tráfico de drogas y con poca capacidad de ejercer violencia y control sobre la población civil, pero lo que nos mostró este paro armado es que, si se lo proponen, pueden hacerlo”.
Tal vez esa sea una de las razones por las que la respuesta del ministerio de Defensa fue tan pasiva, por decir poco. La táctica que ha seguido este gobierno frente a los actores armados vigentes es la de ir tras sus cabecillas, como ocurrió con alias Otoniel, pero analistas del conflicto insisten en que la extradición de un líder de estos grupos no hace que desaparezca o se debilite significativamente su estructura. “La estrategia que se está utilizando dentro de la política de seguridad de este gobierno, que es atacar a las grandes cabezas de las organizaciones para desarticularlas, no está funcionando y este paro armado nos muestra que se queda muy corta”, indica Olaya.
La respuesta del gobierno de Duque al paro armado evidencia, por lo menos, una lectura poco clara de cómo se estructuran en el territorio las AGC, así como su capacidad para generar terror en la población. La complejidad interna que tiene este grupo armado ilegal es tal, que difícilmente se puede identificar a una sola persona dirigiendo una operación tan grande como la que tuvo lugar en días pasados. Por el contrario, es una muestra de la flexibilidad en su estructura y su amplia presencia en los territorios a través de “franquicias” que se articulan en momentos determinados como este del paro armado. Un mensaje fue claro: saben articularse y le mostraron al Gobierno en dónde están parados en este momento.
Lo que el paro armado nos dice el cierre del gobierno de Duque y las elecciones presidenciales
El retroceso en la seguridad del país durante este gobierno es innegable, algo que vienen repitiendo distintos organismos que analizan el conflicto colombiano. Aunque no nos encontremos en las mismas condiciones de los años 90, algo que ahora se menciona con frecuencia, sí hay una preocupación generalizada por el irrespeto de la vida de la población civil.
Un elemento diferenciador del momento actual como uno muy particular, es el que trae Angela Olaya sobre el proceso de paz con las FARC. Eso nos pone en una situación completamente distinta, pues no tenemos un actor con las características y la capacidad de acción militar que tenía esta guerrilla y que hoy está desarmada, algo que crea una situación diferente en el conflicto. “Las formas de victimización que se ejercen sobre la población y los tipos de disputas que hay en los territorios son más parecidos a la época posterior a la desmovilización de las AUC, en el entendido de que no hay una lectura clara de los actores que hay en el territorio, mientras las cifras de homicidios han subido bastante”, dice la analista.
“Se teme un escenario violento en diferentes lugares del país, algo que debería ser una preocupación de urgente atención para el Gobierno Duque, encargado de brindar garantías a la democracia”
En todo caso el retroceso en seguridad se percibe con mayor intensidad en una época preelectoral, mientras se teme desde diferentes sectores por cuál va a ser la reacción de estos grupos armados ante los resultados electorales.
Las connotaciones políticas del paro armado en el marco preelectoral no solo suscitaron análisis desde las ciudades, sino evidencias desde los municipios donde se reportaron persecuciones y amenazas sobre la población, especialmente sobre simpatizantes del Pacto Histórico. En los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Cesar, los habitantes manifestaron la circulación de panfletos con advertencias de exterminio social, así como amenazas a los votantes del candidato Gustavo Petro.
A pocos días de las elecciones, la posible reacción de la extrema derecha ante un resultado político adverso a sus intereses es todavía confuso. Sea con las AGC, con grupos de criminalidad organizada o en muchos casos con grupos locales que se han mantenido con gran facilidad en el tiempo, se teme un escenario violento en diferentes lugares del país, algo que debería ser una preocupación de urgente atención para el Gobierno Duque, encargado de brindar garantías a la democracia.
Olaya relaciona este momento con ese discurso centrado en las guerrillas que ahora está desactualizado: “En grandes capitales y ciudades intermedias se nos vendió por tanto tiempo que la gran amenaza del país eran las FARC, que esto desconoció la continuidad de otros grupos que seguían construyendo acciones muy peligrosas. Ahora que se presenta la posibilidad de una respuesta violenta si gana uno u otro candidato, vemos esos actores en territorios que no tienen alcance nacional, pero que ejercen violencia directa sobre la población civil”.
Por el momento, las AGC dejaron un mensaje difícil de ignorar. La capacidad de este grupo tiene connotaciones subregionales amplias, pero también locales. Su estrategia dependerá de sus alianzas y disputas en cada territorio. “Lo que vamos viendo es que por lo menos desde el gobierno nacional o no se tiene el conocimiento o no se hace público el nivel de riesgo y de la fortaleza que tiene este grupo armado”, puntualiza Olaya.
