La reciente sentencia de la Corte Constitucional, C-055 de 2022, fue fallada este lunes 21 de febrero y pone a Colombia a la vanguardia en materia de derechos reproductivos de las mujeres, hombres trans y personas no binarias que abortan.
Desde hace 16 años en Colombia existen tres circunstancias (o causales) en las que se permite el aborto legal. Gracias al movimiento de mujeres impulsando la demanda de la ONG Women’s Link Worldwide ante la Corte en 2006, se creó un sistema de causales que despenalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La Sentencia C-355 permitió que las mujeres y otras personas que abortan accedan a la IVE como un derecho fundamental, sin límite de tiempo, en tres circunstancias: 1. cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida y la salud física, mental y social de la mujer. 2. cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero. 3. cuando el embarazo sea el resultado de violencia sexual, incesto o de inseminación artificial o transferencia del óvulo fecundado no consentidas.
La nueva disposición de la Corte Constitucional actualiza los términos de acceso al aborto legal en el país. De acuerdo con esto, el artículo 122 del código penal tiene ahora una nueva excepción, según la cual solo será punible el aborto cuando se realice después de la semana 24 de gestación y en todo caso, dice la Corte, “este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos en los que la sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto”.
La decisión de la Corte es producto de un trabajo sostenido del Movimiento Causa Justa, integrado por cientos de mujeres y organizaciones feministas que interpusieron hace más de un año una demanda que buscaba eliminar el delito de aborto del código penal, basándose en más de 90 argumentos. Uno de los principales postulados indicaba que la doble condición del aborto como delito y derecho generaba grandes barreras para el acceso a este. La votación tuvo grandes demoras y finalmente culminó con el apoyo de las y los magistrados: Diana Fajardo, Alberto Rojas, Antonio J Lizarazo, José Fernando Reyes y Julio Andrés Ossa. Por su parte, Cristina Pardo, Jorge Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Ortiz se pronunciaron en contra.
Mariana Ardila, una de las abogadas demandantes parte de la organización Women’s Link y de Causa Justa, indicó en su momento que las causales de la sentencia C-355 y posteriores, son amplias porque incluyen por ejemplo el riesgo para la vida y la salud de las mujeres y por eso existía la esperanza de que fuera suficiente para recoger allí la mayoría de los abortos que las mujeres necesitan y desean hacerse. Lamentablemente, en los más de 15 años posteriores, la evidencia mostró que las causales solo han recogido entre el 1 y el 12%, dependiendo de la estimación que se haga, de los abortos que se realizan en el país dentro del sistema de salud. Precisamente esto muestra que quienes más sufren por las barreras de acceso a este derecho son mujeres, niñas y adolescentes que viven en contextos de alta vulnerabilidad como zonas rurales, zonas afectadas por el conflicto armado, zonas periféricas de las ciudades y zonas de frontera, explicó Ardila.
“Más del 80% de los abortos se hacen en el primer trimestre de gestación, pues usualmente las mujeres que desean abortar lo hacen lo antes posible”.
Con la decisión, algunos sectores de la sociedad han cuestionado el límite de las 24 semanas. Ante este panorama, diferentes expertas en el tema han explicado lo que ya se había presentado en la demanda, que de hecho buscaba la eliminación total del delito de aborto. Por ejemplo, Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, ha explicado que más del 80% de los abortos se hacen en el primer trimestre de gestación, pues usualmente las mujeres que desean abortar lo hacen lo antes posible.
Los estudios sobre barreras de acceso que se han presentado a lo largo de los últimos años por organizaciones como la Mesa por la vida y la salud de las mujeres, muestran que son las barreras de acceso las que imponen retrasos y llevan a interrupciones del embarazo en semanas avanzadas. Solo entre el 10% a 15% de los abortos se hacen en segundo trimestre, ratifica Martínez, y en esos casos las personas que requieren un aborto “son niñas y mujeres víctimas de violencia sexual que no tienen forma de saber a tiempo su estado de embarazo o mujeres rurales que fueron rebotadas de un centro de salud a otro”. En este aspecto se reflejan las enormes brechas tanto en términos de educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos y obstáculos en el acceso a los servicios de salud.
Otro de los escenarios que respalda este plazo de las 24 semanas son aquellos casos donde se detectan malformaciones en el feto que son incompatibles con la vida del mismo y donde el aborto es necesario incluso en embarazos deseados. Algo que en todo caso sigue contemplado desde 2006.
“Es un logro que viene desde el amor y el esfuerzo para todas las mujeres y personas que abortan, pero sabemos que todavía hay camino, nuestro objetivo es la despenalización total, y la eliminación de las barreras estructurales que afectan a las más vulnerables”
Si bien lo que sucedió en Colombia no crea una ley como tal, sí cambia el escenario jurídico. La persistencia del uso del derecho penal frente al aborto consentido ha generado una amenaza de cárcel en un asunto que compete a la salud pública, por esto la demanda de Causa Justa buscaba la eliminación completa del delito de aborto. Aunque se celebra la decisión de la Corte, lo que cientos de mujeres firmantes de la demanda pedían era eliminar el delito y pasar a otras formas de regulación que no sean penales sino sanitarias.
Ante este nuevo panorama, activistas por el derecho al aborto han expresado que celebran el logro, pero el trabajo no ha terminado. Andrea Pardo, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, comenta: “Celebramos el fallo histórico de la despenalización hasta la semana 24, reconocemos esta sentencia como una victoria nuestra, del movimiento feminista. Es un logro que viene desde el amor y el esfuerzo para todas las mujeres y personas que abortan, pero sabemos que todavía hay camino, nuestro objetivo es la despenalización total, y la eliminación de las barreras estructurales que afectan a las más vulnerables”.
