La Audiencia de Barcelona condenó a Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de agresión sexual con acceso carnal a una mujer el 30 de diciembre de 2022. El exfutbolista también fue condenado a cinco años bajo vigilancia y no podrá acercarse a la víctima a menos de mil metros, así como tampoco podrá comunicarse con ella durante nueve años y medio.
Aunque la sentencia dictada por el tribunal resultó favorable para la joven de 23 años, la pena emitida contra el agresor es menor a los nueve años que solicitaba la Fiscalía y los 12 que pedía la acusación particular. Esto se debe a que Alves resultó beneficiado por la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual –también conocida como “Ley solo sí es sí”–, pues la violación ocurrió entre la entrada en vigencia de la norma en 2022 y antes de su reforma en 2023. Su primera versión establecía una pena mínima de cuatro años por cualquier caso de agresión sexual.
Para el fallo también se aplicó el atenuante de reparación del daño ya que antes de la celebración del juicio, la defensa ingresó a la cuenta del Juzgado una cantidad de 150,000 euros para que fueran entregados a la víctima “sin ningún tipo de condicionante”. Esta acción fue interpretada como “una voluntad reparadora”.
La mujer desde un principio aseveró que al denunciar la agresión no buscaba ningún tipo de compensación económica, pues su objetivo era que se hiciera justicia y que su agresor pagara con cárcel la violación. Asimismo, los jueces subrayaron que no existía razón alguna para dudar de la credibilidad del testimonio de la víctima.
“No, no parece que ninguna ventaja obtuviera la denunciante denunciando los hechos, sino todo problemas, sin contar los que se derivan de la victimización secundaria: explicar los hechos a los trabajadores de Sutton, posteriormente a los Mossos d’Esquadra, a los médicos que le asistieron primero de urgencias y luego a los forenses, al Juez de Instrucción y acudir a un juicio donde iba a ser interrogada por un mínimo de tres profesionales de la Justicia ante la observación de un Tribunal de tres magistrados”, se lee en el documento.
La sentencia también hizo énfasis en que “la existencia de insinuaciones no supone dar carta blanca a cualquier abuso o agresión que se produzca con posterioridad”, esto es porque el consentimiento se puede dar antes o durante una interacción sexual. Este tiene que ser explícito y puede revocarse en cualquier momento.
Un breve resumen del proceso
Alves agredió sexualmente a su víctima en la noche del 30 de diciembre de 2022 en el baño de la discoteca Sutton, en Barcelona. Enseguida, la joven primero denunció los hechos con los funcionarios del establecimiento y luego ante los Mossos d’Esquadra, para posteriormente formalizar la denuncia el dos de enero de 2023.
El día 23 de ese mismo mes, el exfutbolista fue detenido y desde entonces ha permanecido en prisión preventiva ante el riesgo de huir de España. Durante este periodo de tiempo, el ahora condenado cambió su versión en repetidas ocasiones, negando en un principio que hubiese sucedido algo y más adelante afirmando que sí hubo un acto sexual consentido. Su defensa también intentó rebajar la severidad de las acusaciones al argumentar que su cliente no se encontraba en pleno uso de sus facultades al estar bajo los efectos del alcohol, no obstante, la sentencia señaló que Alves sí sabía lo que estaba haciendo.
En los días siguientes al juicio que se efectuó en la primera semana de febrero de 2024, medios locales informaron que el centro penitenciario donde permanece el agresor habría activado un “protocolo anti-suicidio” por “el estado de ánimo” del exdeportista. Entretanto, la mujer no solo ha tenido que lidiar con las consecuencias morales y psicológicas que conlleva ser víctima de violencia sexual, sino también ha sido objeto de revictimización a lo largo del proceso, inclusive por parte de la familia de Alves.
