La Corte Penal Internacional emitió una órden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y la comisionada Maria Alekseyevna Lvova-Belova por crímenes de guerra, que incluyen la supuesta deportación ilegal de niños de Ucrania a territorio ruso.
Según la Corte, Putin es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
La Corte alega que estos crímenes fueron cometidos a partir del 24 de febrero de 2022, cuando la Federación Rusa inició el ataque armado contra Ucrania. El tribunal añade que Putin falló al ejercer sus competencias como presidente para frenar la exportación de menores.
Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la orden de arresto “no tiene ningún significado para nuestro país”.
“Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal”, dijo Maria Zakharova. “Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles ‘recetas’ para el arresto provenientes de la Corte Internacional serán legalmente nulas y sin valor para nosotros”.
En entrevista con Rolling Stone Nick Paton Walsh, analista de seguridad internacional de CNN, quien ha cubierto este y otros conflictos relacionados con la seguridad global, analiza lo que ocurre en Ucrania a un año del inicio del conflicto y los posibles escenarios futuros.
