enero 28, 2022

Corte Constitucional declara violación masiva de derechos de firmantes del Acuerdo de Paz

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el estado de cosas institucional por la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la paz de los y las firmantes del Acuerdo

Por  ROLLING STONE

Colprensa

La Sala Plena de la Corte Constitucional ha emitido un fallo en el que declara el estado de cosas institucional por el incumplimiento de uno de los puntos de la implementación del Acuerdo de Paz. La decisión fue tomada luego de estudiar cinco tutelas interpuestas por excombatientes en proceso de reincorporación que pertenecen al partido Comunes, quienes denunciaron haber recibido amenazas graves contra su vida.

De acuerdo con la Corte, la Unidad Nacional de Protección (UNP) desconoció los derechos de los firmantes y sus familias a la vida, a la integridad personal y a la paz, esto al tener en cuenta las cifras preocupantes de personas desmovilizadas que han sido víctimas de homicidio y las garantías precarias de seguridad que les han sido ofrecidas. Según cifras de Indepaz, casi 300 firmantes del acuerdo y 1270 líderes y lideresas han sido asesinados entre noviembre de 2016 y noviembre de 2021.

Por estas razones, la Sala dictó una serie de directrices con el fin de restablecer los derechos de los y las excombatientes, y garantizar que se cumpla lo establecido en el Acuerdo. Entre las más de 15 órdenes, se establece que en los próximos cuatro meses la UNP reevalúe el riesgo que enfrentan las y los firmantes del Acuerdo en proceso de reincorporación, los miembros del partido Comunes y demás personas que se encuentren en situaciones similares. Asimismo, se ordena que se reevalúen los riesgos de los esquemas de protección colectiva en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación para mantenerlos o fortalecerlos.

La Corte ordenó a la Procuraduría General de la Nación crear un mecanismo especial de vigilancia para el cumplimiento de la sentencia, con la ayuda de la Defensoría del Pueblo. Para verificar el cumplimiento de los lineamientos, también se creará una Sala Especial de Seguimiento con el fin de superar el estado de cosas institucional y, tanto el Gobierno Nacional como el Consejo Superior de la Judicatura, tendrán tres meses para adoptar todas las medidas administrativas y financieras que sean necesarias para su funcionamiento.

Uno de los puntos más importantes explicados por la magistrada Cristina Pardo durante la lectura del comunicado, es que el Gobierno se ve en la obligación de aplicar medidas que permitan el cumplimiento integral de las garantías de seguridad estipuladas en el Acuerdo de Paz, de modo que se facilite la reinserción efectiva en la vida civil de las personas desmovilizadas y sus familias dado que esto contribuye a su seguridad personal.

El Gobierno también deberá encargarse de iniciar los trámites para disponer de la asignación presupuestal suficiente para asegurar que los firmantes que ejerzan actividades de liderazgo político y/o social, al igual que quienes comparezcan ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, gocen de condiciones de protección.

Igualmente, priorizará los municipios y regiones que se han visto afectados por la ausencia del Estado y, como consecuencia, han sido azotados por la violencia de grupos armados. “Según lo advierte el informe de la ONU, [son] 25 de los municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca”, explicó Pardo.

La Corte le ordenó a las autoridades estatales y gubernamentales encargadas de cumplir compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo, “Acompañar sus acciones de un lenguaje concordante con las obligaciones que se desprenden del ordenamiento jurídico, asertivo, respetuoso, constructivo, empático y generador de confianza para que no refuercen imaginarios sociales y culturales de estigmatización y odio”. Adicionalmente, tendrán que aplicar rigurosamente el principio de presunción del riesgo extraordinario y realizar un análisis detallado del contexto para “evitar actuaciones dilatorias que aumenten innecesariamente el riesgo de seguridad que enfrentan las personas desmovilizadas”. Para ello, también se deberán aplicar enfoques de género, étnicos, territoriales y multidimensionales.

La Procuraduría tendrá dos meses para iniciar acciones que divulguen las obligaciones de respeto, garantía y protección que debe brindar el Estado a “las personas signatarias del Acuerdo final de Paz, a los defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales y políticos, y lideresas y líderes políticos y sociales y sus organizaciones”. Mientras que a la Defensoría le corresponderá entregar un informe completo a la Fiscalía y a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre los excombatientes, miembros del partido Comunes y demás personas que se encuentren en situación de riesgo en relación al Acuerdo.

Tal como lo informó la magistrada Pardo, dichas órdenes fueron adoptadas por la mayoría o por unanimidad de la Sala Plena. Respecto al estado de cosas institucional, este fue determinado por una votación de cuatro votos contra cinco distribuidos de esta manera: a favor, los magistrados Pardo, Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares, Diana Fajardo y José Fernando Reyes; en contra, los magistrados Alberto Rojas, Gloria Ortiz, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses.

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