En el principio fue la semilla… y el cultivo de cáñamo es de los más antiguos del mundo. Ya en la zona del Himalaya, allá lejos, por el año 4.500 a tes de Cristo, incursionaban en el uso intensivo del cannabis. Largo camino hizo entonces si pensamos que, en abril de 2022, en las afueras de Chilecito, La Rioja, con tecnologías y vagones de historia mediante, presentaron dos variedades nacionales inscriptas formalmente en el Catálogo de Cultivares. Y en medio de esa historia que mezcla botánica, ciencia y política, hay papeles, firmas, discusiones que bien podrían salir de un cuento de Kafka pero que desencadenan en el otoño austral, en novedades que en Argentina hacen avanzar de a poco pero sostenidamente territorio ganado de una pelea de larga data.
Primero hay que mirar disposiciones, números, artículos. Papeleo que puede resultar anodino pero que significa avances en lo cotidiano. Por un lado, la que firmó el Ministerio de Salud y amplía la posibilidad de proveedores de cannabis para uso medicinal incorporando a las ONG. Por el otro, esas dos semillas criollas, que vienen tanto del sector público como el privado, y que para el Instituto Nacional de Semillas (INASE) significa un horizonte de producción a nivel industrial. Entusiasmada, Agustina Elizalde, abogada especialista en semillas, cannabis y cáñamo, autodeclarada nerd de estos temas, dice: “Ninguna revolución sucede de la noche a la mañana. Es un todo, y estas noticias hablan de cómo se están articulando los organismos para avanzar para la industria, para generar divisas, trabajo, tecnología. Es un montón”.
Gabriel Giménez, Director Nacional de Articulación Federal de INASE, enumera resoluciones: la 5/2021,que firmaron junto a la Ministra de Salud Carla Vizzotti para poder medir la trazabilidad y el origen genético de las semillas de cannabis; la 140/2021, para buscar germoplasma nacional, la 413/2021, que habilita la categoría de criadores: breeders que puedan hacer ensayos y presentar, en el caso de que lo logren, 200 plantas estabilizadas (asistidas por biotecnología). Y destaca la importancia del Registro Nacional, que garantiza que pueda hacerse ese tipo de control, porque una estabilidad como la que buscan requiere de entre 4 y 8 años, por lo que se trata de una especie de blanqueo retroactivo para legitimar a esos cultivos que estaban prohibidos. Finalmente, luego de todos esos pasos, en marzo se presentaron dos variedades argentas y certificadas según lo requieren las normas: la CAT 3, de la Universidad de La Plata, con cepa riojana, y abanderada del nombre de Daniel Loza, el cultivador que ayudaba a enfermos con su aceite medicinal, y la EVA, de León Verde, a la que se describe así: “Su época de floración masculina es media. Posee baja proporción de plantas masculinas y hermafroditas, y alta proporción de plantas femeninas. De altura natural alta y color principal del tallo verde medio. En cuanto a sus semillas el color del tegumento es marrón amarillento y su veteado es medio”.
Lo importante es que la semilla tenga garantías de su procedencia, dice Giménez, y, agrega que, mientras se espera la media sanción a la Ley de Cannabis, estos pasos son valiosos porque permiten no congelarse en la espera. La idea de tener una semilla nacional apunta a “que todos puedan acceder a ellas, a comprarlas con precios no dolarizados, buscando fortalecer la industria semillera”. Así, más de 50.000 personas inscriptas en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) podrán acceder a semillas e investigaciones actuales.
La otra buena nueva llegó también este otoño y fue para las ONG, porque el Ministerio de Salud amplió el número de sujetos que pueden abastecer: al autocultivo, y al cultivo solidario, ahora se le sumó la posibilidad de “cultivo en red” para asistir hasta a 150 pacientes. Esto modifica la relación de las organizaciones proveedoras de cannabis. Ahora se van a poder cultivar hasta 15 metros cuadrados en el exterior con el agregado de esa figura. Lo explica Juan Manuel Palomino, abogado, especialista en derecho cannábico, al frente del Estudio 420, que aclara los puntos sobresalientes de la llamada Resolución 673 y sus grises (hubo que aclarar cuántas plantas sumaban esos 15 metros cuadrados, y si incluía interior o sólo superficie exterior). Para él, esta es una buena noticia para las comunidades en red, porque se construyen desde una lógica que se distingue de lo industrializado. “Las ONG apuntan al ejercicio individual de los derechos. Dentro de ese ejercicio, no hay que pasar por ANMAT o por INASE. Permiten otra laxitud. ANMAT ya habló de límites para producir cannabis más pharma. El día de mañana, las ONG, los clubes de cultivo y asociaciones que son quienes pueden abastecer un mercado interno por fuera de las farmacias”, dice. Las ONG, previamente, deben inscribirse en el Ministerio de Salud para poder proveer a usuarios de cannabis de uso medicinal y/o terapéutico.
“Esta norma recoge usos y costumbres, porque es algo que se está dando en la sociedad más allá de que estén regulados. El gobierno lo toma para que puedan hacerlas sin inconvenientes con la ley”, dice Elizalde. A nivel más general, concluye: “Que el INASE esté regulando la forma en que puedan obtenerse buenas genéticas, que el Ministerio de Salud haya sumado las ONG, y un grupo de regulaciones de la ANMAT, visto a distancia es un claro y manifiesto apoyo que está dando el gobierno a la industria del cannabis. Si bien tomó relevancia por la parte medicinal y terapéutica, la planta es muy beneficiosa y la industria de cáñamo está avanzando. Es por acá”.
