La reciente derogación que hizo Abelardo de la Espriella del decreto que suspendía el porte de armas en Colombia ha generado un amplio debate sobre sus efectos, el monopolio estatal de la violencia y las estrategias para controlar la circulación de armas ilegales. Sin embargo, hay una dimensión que ha quedado en segundo plano y es el impacto que una mayor disponibilidad de armas puede tener sobre la violencia de género y, en particular, sobre la vida de las mujeres.
Primero, una precisión. La derogación no significa que de inmediato cualquier persona pueda portar un arma. El nuevo Gobierno debe mantener las regulaciones legales para la adquisición y tenencia de armas. La medida, sin embargo, permite que las cerca de 700.000 armas con salvoconducto existentes en el país puedan ser portadas por particulares y supone el regreso a una situación que no se presentaba desde 2015.
El Decreto 1368 de 2026 derogó el Decreto 1482 de 2025, que suspendía durante un año el porte de armas en todo el territorio nacional. Con ello, el Gobierno cumple una de sus promesas de campaña al flexibilizar el acceso de los ciudadanos considerados “de bien” a las armas como mecanismo de defensa frente a la inseguridad. No queda claro cómo se determina quién es un ciudadano de bien, pero ese es otro tema.
La lógica que implanta esta medida deja varias preguntas. Por un lado, no queda claro cuál será la estrategia para controlar las armas ilegales que ya circulan ampliamente en el país. Por otro, la promoción de la posibilidad de armarse como respuesta a la inseguridad parece tensionar una de las funciones centrales del Estado, que es ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. Si los ciudadanos deben recurrir a las armas para protegerse, ¿qué mensaje transmite esto sobre la capacidad estatal para garantizar su seguridad? Otro tema para analizar.
La medida también rompe con una política que, desde el gobierno de Juan Manuel Santos y durante las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro, reconoció que el porte de armas legales podía complejizar las situaciones de violencia y la actuación de las autoridades en un país con altos niveles de violencia, más allá del conflicto armado y la criminalidad organizada.
El entusiasmo que siguió al anuncio presidencial resulta, en este contexto, significativo. La página de la Industria Militar de Colombia (Indumil), encargada de tramitar la compra de armas, colapsó por el tráfico generado después del anuncio. En un contexto de desconfianza hacia la justicia y las autoridades, la idea de armarse para defenderse puede parecer una respuesta necesaria. Pero la violencia armada no se limita a las calles: también puede trasladarse al espacio donde ocurre buena parte de la violencia contra las mujeres, los hogares.
Un riesgo para las mujeres
La violencia de género puede ocurrir con o sin armas de fuego. Sin embargo, estas poseen características particulares que aumentan los riesgos. Una agresión con arma de fuego tiene altas probabilidades de producir consecuencias mortales y, a diferencia de otros instrumentos, se trata de un objeto diseñado específicamente para matar. De ahí la importancia del control estatal sobre su uso y de la prevención de sus consecuencias.
Diversos estudios han documentado la relación entre la disponibilidad de armas y la violencia de género. En familias y relaciones en las que los agresores tienen acceso a armas de fuego, el riesgo de uso indebido del arma y de escalamiento de la violencia puede aumentar hasta cinco veces. Además, por su capacidad letal, una agresión con un arma puede producir la muerte o lesiones permanentes, particularmente cuando ocurre en espacios privados donde las víctimas tienen menos posibilidades de evitar el ataque.
El Small Arms Survey, una organización internacional experta en políticas para el control de armas de fuego, estimaba que en 2017 había alrededor de 1.000 millones de armas de fuego en circulación en el mundo. De ellas, 857 millones, el 85%, estaban en manos de civiles, frente a 133 millones en arsenales militares y 23 millones en poder de organismos de seguridad.
Aunque el control de armas ha sido históricamente un campo dominado por hombres, distintas investigaciones han llamado la atención sobre su vínculo con la violencia basada en género. Un estudio realizado en 2025 en Chile señala que las políticas de seguridad que promueven la tenencia de armas como mecanismo para aumentar la seguridad ciudadana no están exentas de riesgos. Por el contrario se encuentra que los mayores niveles de posesión de armas han sido relacionados con un incremento de la violencia de género, mayores niveles de criminalidad y una disminución del respeto por los derechos humanos.
Los mayores niveles de posesión de armas han sido relacionados con un incremento de la violencia de género, mayores niveles de criminalidad y una disminución del respeto por los derechos humanos.
En Colombia, la dimensión tampoco es menor. En 2023, la Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación por el contexto de violencia contra las mujeres. De los más de 400 feminicidios registrados ese año, el 55% ocurrió con arma de fuego. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también documenta de manera recurrente que las armas de fuego son el mecanismo más utilizado en los homicidios y feminicidios de mujeres en Colombia, representando consistentemente más del 50% de los casos fatales.
La violencia armada, además, no afecta de la misma manera a hombres y mujeres. Las relaciones que cada grupo establece con las armas y las consecuencias de su uso están atravesadas por diferencias de género. Como se ha mostrado, si bien los hombres son mayores víctimas de la violencia armada, son ellos los principales perpetradores también. Naciones Unidas ha señalado que, a nivel mundial, el 55% de los homicidios de mujeres son cometidos por familiares o parejas íntimas.
El debate pendiente y más que urgente
Un análisis académico de investigadoras de la Red de Equidad en Género por el Control de Armas de Fuego (GENSAC), recopiló en 2020 experiencias regionales y nacionales que respaldan la relación entre armas de fuego y violencia en el ámbito doméstico. Según las investigaciones citadas, tener un arma en la vivienda aumenta en 41% el riesgo de que alguien sea asesinado en el hogar, mientras que para las mujeres el riesgo llega a triplicarse en Estados Unidos. Son muchos los estudios que apoyan este vínculo entre la tenencia de armas y las violencias contra las mujeres.
La misma revisión señala que quienes llevan armas de fuego a sus casas las utilizan con igual o mayor frecuencia como instrumento de violencia doméstica que para frustrar un delito. En Colombia, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia de 2010 registró que el 7% de las mujeres había sido amenazada con un arma de fuego por su pareja y el 3% había sido atacada con ella.
La relación también aparece en el contexto del conflicto armado. Se estima que el 25% de las mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual durante el conflicto colombiano fueron agredidas utilizando un arma para amenazarlas. De ellas, el 33% señaló que el agresor tenía un arma de fuego.
Una política de seguridad que amplía las posibilidades de acceder a armas, debe considerar también los riesgos específicos para las mujeres, particularmente en un país con altos índices de violencia de género y feminicidio.
Los datos apuntan a un problema que no puede quedar por fuera de la discusión sobre la flexibilización del acceso y porte de armas. Una política de seguridad que amplía las posibilidades de tenencia y porte debería considerar también los riesgos específicos para las mujeres, particularmente en un país con altos índices de violencia de género y feminicidio.
En Colombia, la aproximación al control de armas desde una perspectiva de género ha sido prácticamente inexistente. Incorporar este enfoque permitiría reconocer que hombres y mujeres experimentan de manera diferenciada la violencia armada y contribuiría a diseñar estrategias de prevención y procesos de desarme, desmovilización y reintegración más sensibles a las condiciones particulares de las víctimas.
El debate sobre las armas, por tanto, no debería limitarse a quién puede portarlas para defenderse, quién es considerado un ciudadano “de bien”, si las pruebas y procesos para expedir estos permisos son idóneos y rigurosos. También debería preguntarse quiénes pueden quedar más expuestas cuando las armas llegan a los hogares o circulan masivamente en la sociedad, pero sobre todo qué responsabilidad tiene el Estado en prevenir esas consecuencias.
