Desde sus primeras horas como presidente, Javier Milei se basó en dos argumentos para justificar el fuerte recorte del gasto púbico en su gestión: “no hay plata” y “por donde toques sale pus, por donde toques hay corrupción”. Así, la supuesta detección de casos de malversación de fondos en las áreas más diversas del Estado sirvió para cercenar desde proyectos de obra pública hasta la entrega de alimentos a comedores populares; y, también, lo que seguramente representa la medida más desconcertante por parte de quien asegura que “la justicia social es una aberración”: la suspensión en la entrega de medicamentos a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y autoinmunes.
Sin embargo, un nuevo fallo de la justicia argentina contradice el relato oficial. Si bien el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una denuncia por irregularidades al tiempo que discontinuaba la provisión de medicamentos oncológicos y otras enfermedades graves a personas sin cobertura médica, en los últimos días el juez Julián Ercolini archivó la causa al no comprobarse la existencia de delito.
En un país donde las causas por corrupción permanecen abiertas sin resolución durante años y hasta décadas, cabe preguntarse por la consistencia de estas denuncias, desestimadas en apenas cuestión de semanas.
Pettovello había señalado manejos turbios en la compra de esos medicamentos por parte de la Dirección de Asistencia de Situaciones Especiales, DADSE (que más tarde se traspasó a la órbita del Ministerio de Salud). Insólitamente, para Pettovello posibles irregularidades puntuales validaban el recorte del total de los pacientes cubiertos por un programa de características humanitarias.
Desde comienzos de este año, se multiplicaron los reclamos por parte de los pacientes perjudicados, que llegaron a denunciar por lo menos seis muertes causadas por tratamientos interrumpidos por responsabilidad del gobierno, tal como lo informó Rolling Stone el mes pasado.
Se multiplicaron también los recursos de amparo por parte de pacientes en situación de riesgo ante la justicia. La presentación de esos recursos tiene un costo aproximado de 900.000 pesos en concepto de honorarios de abogados, una cifra inaccesible para quienes justamente necesitan ayuda para obtener sus medicamentos, por falta de recursos. La respuesta del gobierno fue apelar esos amparos, además de negar, mediante un comunicado oficial del Ministerio de Salud, que existieran demoras en la entrega de medicamentos y señalar que todo se trataría de una “operación de prensa” (algo desmentido por docenas de testimonios de víctimas del recorte en cuestión).
A mediados de abril, algunos pacientes comenzaron a recibir las primeras dosis de sus medicamentos luego de hasta cuatro meses de incertidumbre y altísimo riesgo para su salud. En los casos a los que tuvo acceso Rolling Stone, la entrega se realizó de manera no menos gris que la forma en que antes el programa se había cortado: sin información clara, con llamados de origen impreciso, sin certeza respecto de la continuidad (se trata de tratamientos crónicos, para los que una dosis puntual trae alivio, pero ninguna seguridad respecto del mediano plazo).
Por lo pronto, el fallo del juez Ercolini determinó “hacer lugar y homologar el pedido formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal, en cuanto solicitó la desestimación de la presente denuncia por no poder proceder y, en consecuencia, archivar las presentes actuaciones de conformidad con lo normado en el art. 180, tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación”.
