Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, ícono del ciclismo colombiano en la década de los ochenta y campeón de la Vuelta a España en 1987, enfrenta hoy acusaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares. Un juez ha ordenado que se le investigue por su supuesta participación en la desaparición y asesinato de cuatro campesinos en 2003, en el municipio de Fusagasugá, su tierra natal. La decisión se sustenta en los testimonios de tres exparamilitares que, tras aceptar su responsabilidad en los hechos, aseguraron que Herrera les pagó para ejecutar el crimen.
Las declaraciones más relevantes provienen de Luis Fernando Gómez Flórez, alias “Ojitos”, exencargado de las finanzas de las Autodefensas Campesinas del Casanare en la región. Gómez relató que, tras haber exigido una extorsión a Herrera, este optó por acudir directamente al comandante del grupo, Martín Llanos, quien autorizó que “se le colaborara en lo que él quisiera”. Según su testimonio, Herrera les entregó dos sobres: uno con fotografías de los supuestos milicianos que lo iban a secuestrar y otro con 40 millones de pesos colombianos en efectivo, destinados a la compra de armas y vehículos para ejecutar el operativo.
Los señalados como víctimas fueron Gonzalo Guerrero Jiménez, Diuviseldo Torres Vega, y los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez. Según Gómez Flórez, estos hombres fueron detenidos por el grupo paramilitar utilizando brazaletes del extinto DAS, asesinados y posteriormente enterrados en la misma finca de Herrera. Con el tiempo, según él, se confirmó que no eran guerrilleros, sino campesinos que se habrían negado a vender sus terrenos, lo que habría motivado el crimen.
Otro de los exparamilitares que declaró fue Óscar Andrés Huertas, alias “Menudencias”, quien detalló el asesinato. Afirmó que los campesinos fueron degollados y luego descuartizados con machete, y que los cuerpos fueron enterrados en fosas improvisadas de medio metro cuadrado. Héctor Díaz Gaitán, tercer testigo, aseguró haber presenciado una reunión entre Herrera y los paramilitares en la finca del ciclista, en la que se habrían coordinado las desapariciones.
El caso cobró relevancia pública después de que se conociera una sentencia contra Gómez Flórez, que data del 7 de abril de 2025, y revelada días más tarde por el canal Noticias Uno. La información causó impacto entre los familiares de las víctimas, quienes durante más de dos décadas han exigido verdad y justicia. Andrés Rodríguez, sobrino de Diuviseldo Torres, confesó que sólo hasta ahora se habían enterado de que Herrera estaba siendo vinculado a la investigación. “A mi mamá, que es la demandante, le llegó la notificación este mes de la declaración que hacen los paramilitares donde mencionan a Lucho y Rafael Herrera”, señaló. También expresó temor ante las posibles repercusiones: “Si es verdad que él pagó 40 millones de pesos, puede pagar más para silenciarnos”.
Rodríguez niega que su familia hubiera sido contactada alguna vez con fines de negociación por parte de los Herrera. También señaló que los paramilitares en algún momento se pusieron en contacto con un familiar para aclarar un supuesto robo de ganado, sin embargo, ningún miembro de su familia estaba vinculado a algún grupo armado.
Ante la gravedad de las acusaciones, Lucho Herrera difundió un comunicado en el que rechaza cualquier relación con los hechos. A lo largo de cinco puntos, el exciclista aseguró que jamás ha pertenecido a estructuras criminales, ni mucho menos ha buscado dañar a nadie. “Mi vida la he dedicado al deporte y, tras mi retiro, a trabajar de forma honesta”, afirmó. También aseguró que no conoce a los paramilitares que lo acusan, y que se ha puesto a disposición de la Fiscalía para colaborar con la investigación. “Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia”.
Herrera recordó que ya había sido víctima directa del conflicto armado. En marzo de 2000 fue secuestrado por las FARC en el departamento del Tolima. Según su testimonio, estuvo menos de un día en cautiverio antes de ser liberado. “Me atendieron muy bien, dentro de lo normal”, relató en aquel momento.
En su comunicado también menciona que desde 2016 ha tomado medidas legales contra falsas acusaciones y amenazas, y que ha puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades. Además, expresó su disposición a brindar declaraciones públicas cuando tenga claridad sobre los cargos específicos que se le imputan.
