El reporte de más de 20 personas asesinadas en los primeros días del año en zona rural del departamento fronterizo de Arauca, desapariciones y desplazamientos se suman a una preocupante situación de violencia que se reporta desde hace varios meses.
Diferentes autoridades locales como los personeros de los municipios de Tame y Fortul, denuncian que la población está confinada por el temor a los asesinatos, desapariciones y en general un ambiente de violencia incrementada en el fin de año. Los personeros, así como los representantes de la Diócesis de Arauca han pedido el respeto por la vida de la población civil que se encuentra en medio de los ataques de los dos bandos. La Defensoría del Pueblo ha indicado que además de los asesinatos, se han presentado desplazamientos y los enfrentamientos continúan.
1/4 Nuestros equipos de @DefensoriaCol permanecen atentos en territorio acompañando a las comunidades afectadas por las acciones de los grupos armados ilegales en #Arauca, donde tenemos reporte de 16 personas asesinadas en zona rural del departamento. pic.twitter.com/rWd75iJ8eQ
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 3, 2022
El escenario de riesgo involucra a por lo menos dos grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional – ELN (Frente de guerra Oriental) y las Facciones Disidentes de las antiguas FARC-EP. La intención de imponerse en el territorio sería la causa de los enfrentamientos, en parte para dominar las “vacunas” o extorsión de rentas de las actividades productivas de los habitantes de la zona, así como controlar los corredores del tráfico de drogas, armas, contrabando de ganado y otras mercancías. La gran frontera compartida con Venezuela y los múltiples pasos ilegales entre ambos países generan un entorno proclive para un negocio muy lucrativo sin mayores controles.
Un comunicado emitido por el ELN circuló en las horas posteriores a que se conociera la grave situación de violencia en estos municipios. Según el comunicado, este grupo armado estaría enfrentando a las disidencias de las FARC, que aliadas con agentes federales de Estados Unidos y el gobierno colombiano, intentarían retomar el control de la zona de frontera. Esta versión sin embargo no fue presentada con mayores elementos que permitieran corroborarla.
Las organizaciones civiles del departamento han insistido en que se respeten los corredores humanitarios y se excluya a la población civil del conflicto entre los grupos armados.
#PartiSíPa
— Comisión de Justicia y Paz (@Justiciaypazcol) January 4, 2022
Colombia.! Arauca Vive!
Por la Vida y la Paz
Jornada desde las 10.00 a.m. pic.twitter.com/t6DANN44IV
El departamento de Arauca tiene una compleja historia de violencia que se ha incrementado en el último año. En varios municipios se han emitido alertas tempranas desde 2018 (AT006/18, AT 029/19 y AT023/21) en las cuales la Defensoría del Pueblo advierte sobre la vulneración de los derechos humanos de la población por causa de amenazas, homicidios, vacunas, presencia de minas antipersonales, reclutamiento de menores y afectación por causa de los megaproyectos que se desarrollan en el departamento.
En la alerta temprana de 2019 ya se listaba una serie de acciones de control sobre la población civil, además de los ataques contra la fuerza pública. Paros armados, minas antipersonal, extorsiones, panfletos amenazantes, delitos sexuales con mujeres y niñas, asesinatos selectivos, reclutamiento de jóvenes nacionales y migrantes, atentados contra excombatientes de las extintas FARC EP, restricción a la libertad de cultos y, como consecuencia, desplazamiento forzado masivo han creado un ambiente de gran preocupación de los habitantes.
La vulnerabilidad de la población civil se ve incrementada por el aislamiento de las comunidades, tanto por el mal estado de las vías terrestres, como por la escasa cobertura de internet y de señal de telefonía celular. A esto se le añade una historia de débil presencia institucional en términos de oferta educativa y laboral para las y los jóvenes en un corredor de actividades ilícitas, grupos indígenas que viven en condiciones precarizadas y en general un alto nivel de pobreza multidimensional para la población.
Los más recientes hechos en Arauca son en realidad la continuación de un conflicto que mantiene a la población civil atrapada desde hace mucho tiempo, y en donde la presencia del Estado se reduce a las acciones militares, mientras que las necesidades son más complejas y se requieren medidas de protección de los derechos humanos sostenidas en el tiempo.
