El Gobierno y el partido catalán Junts han llegado al acuerdo por el cuál se transfieren las competencias clave en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Esta ley ha quedado registrada como proposición de Ley Orgánica en el Congreso de los Diputados y se necesitará de una mayoría absoluta para ser aprobada.
Esta decisión no implica una cesión, pero traerá grandes cambios en las competencias como la entrada y salida de personas migrantes, control, integración y empleo. Además serán los Mossos d’Esquadra quienes gestionarán la seguridad de puntos de entrada a la península con la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado.
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La Generalitat también asumirá la instrucción y ejecución de procedimientos sancionatorios en materia de extranjería, incluyendo la resolución de expulsiones. La ley también prevé que Cataluña tenga el control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), lo que permitiría al gobierno catalán establecer su propio criterio para la contratación de trabajadores.
Mediante estas decisiones se pretende que la comunidad catalana sea la “ventanilla única” para los trámites referentes a la residencia y estancias largas de los extranjeros. “Cataluña podrá tramitar, conceder, renovar y extinguir los permisos de trabajo y de residencia”, comentaba Miriam Noguera, portavoz de Junts, en la rueda de prensa posterior a este acuerdo.
Desde el Gobierno, aseguran que este pacto se hará con garantías jurídicas aunque no ha sido bien recibido por algunos de los partidos políticos. El Partido Popular ha tildado el acuerdo de inadmisible y la líder de Podemos, Ione Belarra, ha rechazado la proposición de ley, acusando a Junts de ser un partido “anti inmigración” en su cuenta de X.
Lo que es urgente en nuestro país es que se apruebe la ILP de regularización que lleva un año esperando. El PSOE ha pactado con Junts, un partido anti inmigración que compite con la ultraderecha catalana, darles las competencias de migración. No se hará con los votos de Podemos.
— Ione Belarra (@ionebelarra) March 4, 2025
Este acuerdo supone un cambio significativo en la gestión migratoria en España, abriendo un debate sobre el equilibrio de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
