En 2024, el número de víctimas en la Frontera Occidental Euroafricana ha evidenciado una vez más la enorme crisis de derechos humanos que azota al territorio. Según el informe Monitoreo Derecho a la Vida 2024 de la ONG Caminando Fronteras, un total de 10,457 personas migrantes han fallecido este año en su intento de llegar a las costas españolas, cifra que representa un aumento de más del 58% respecto al año anterior. Este incremento significativo equivale a 30 muertes diarias, en comparación con las 18 víctimas promedio en 2023.
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La organización reporta las precarias condiciones en las que viven los migrantes, quienes, en su búsqueda por escapar de la vulnerabilidad de sus países de origen, se enfrentan a innumerables peligros a lo largo de su travesía. Desde navegar en infraembarcaciones con materiales de navegación insuficientes, hasta soportar condiciones meteorológicas adversas y la escasez de agua y comida.
El informe también menciona las rutas marítimas con mayor mortalidad, destacando la ruta Atlántica hacia las Islas Canarias como “la más letal a nivel mundial”. De las 9,757 muertes documentadas, el 71% corresponde a las embarcaciones que partieron de Mauritania, país que se ha consolidado como el principal punto de cruce migratorio en 2024. En segundo lugar se encuentra la ruta Argelina, con 517 víctimas, seguida por el Estrecho, con 110, y la ruta de Alborán, con 73 muertes. Además, se destaca que un total de 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro, llevándose consigo a todos sus pasajeros.
Mientras miles de personas continúan arriesgando su vida, el Estado español, respaldado por Europa, sigue implementando políticas migratorias centradas en el control, en lugar de en la protección. En este contexto, la ONG advierte que la deshumanización y la criminalización de las personas migrantes han contribuido a la construcción de un escenario fatídico, dejando completamente vulnerables a quienes transitan las fronteras marítimas.
De acuerdo con Caminando Fronteras, gran causa de las tragedias documentadas se dan como consecuencia de la falta de socorro por parte de los Estados. Asegura que “la falta de activación oportuna de los servicios de búsqueda y rescate se ha convertido en una práctica recurrente”. Pues las negociaciones giran en torno a un enfoque de “intercepción migratoria” con la que se traslada la responsabilidad a terceros países con recursos limitados a cambio de “incentivos económicos y estratégicos”, dejando la vida de los migrantes en manos de intereses políticos. De esta manera, incluso cuando las embarcaciones en riesgo proporcionan su geolocalización, no reciben atención inmediata, lo que ha provocado un sinfín de naufragios y desapariciones.
Un ejemplo de ello es el caso del cayuco con 150 personas que salió de las costas de Senegal. Tras pedir ayuda y pasar días a la deriva en medio de discusiones burocráticas, la embarcación fue desplazándose hacia aguas mauritanas sin ninguna respuesta. Finalmente, al llegar a Naudibú, se encontraron a 122 personas vivas, entre ellas tres niños, un bebé, un adolescente y seis mujeres. Sin embargo, al menos 26 personas murieron a causa de la dureza de la travesía, siendo sus cuerpos arrojados al mar.
El informe hace especial hincapié en la situación de las mujeres migrantes, cuyo mayor porcentaje se encuentra en los cruces migratorios de las rutas atlánticas, especialmente a lo largo de la franja costera entre Agadir y Dajla. También se resalta el creciente número de mujeres viajando en cayucos desde Senegal, Gambia y Mauritania, debido a los conflictos bélicos y al impacto del cambio climático en zonas de menores recursos
Estas mujeres representan entre el 10% y el 20% de las personas a bordo de cada embarcación, quienes sufren discriminación, racismo, deportaciones y violencia sexual tanto en su país de origen como en el proceso migratorio. Además, se informa que muchas de ellas viajan con niños nacidos a lo largo del trayecto, sobreviviendo en condiciones extremas que las empujan a la mendicidad, la prostitución y trabajos precarios, corriendo el riesgo de ser captadas por redes de trata. Entre las víctimas de 2024, 421 eran mujeres y 1,538 eran niños y adolescentes.
En lo que respecta a la infancia, Caminando Fronteras reportó un aumento significativo de la presencia de niños, niñas y adolescentes en la ruta Atlántica, en el Estrecho y hacia Baleares, donde persisten las deportaciones y la “falta de garantías por parte de las administraciones públicas”. Pues establece que los menores son vistos como migrantes antes que niños, convirtiéndolos en en “moneda de cambio entre los políticos”, lo que los deja expuestos a discursos de odio y gran vulnerabilidad.
Lo mismo sucede en Ceuta, donde el cruce a nado persiste como una de las principales rutas para la juventud de Marruecos y Argelia, siendo las condiciones de cruce más precarias de la Frontera Occidental Euroafricana. “El resultado de este contexto político y social ha sido la desaparición de numerosos menores, dejando a muchas víctimas fuera del alcance de la protección pública, y enfrentando riesgos graves para su salud física y mental”, menciona.
Los 10,457 fallecidos contabilizados pertenecían a 28 nacionalidades diferentes: Argelia, Bangladesh, Burundi, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Irak, Islas Comores, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Somalia, Senegal, Sierra Leona, Siria, Sudán, Túnez y Yemen.
