En medio de un panorama político crispado, el debate sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente en Colombia se reaviva y se asienta desde hace algunos meses, sin que pierda vigencia . El presidente Gustavo Petro ha delineado una serie de puntos que, según él, justifican la necesidad de reformar la Constitución Política de 1991, que cumplió 33 años desde su firma. Entre estos puntos destaca la garantía universal a la educación, salud y pensiones, un nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria, la adaptación a la crisis climática, y las reformas a la justicia y la política. Además, dijo que esto podría incluir lo que denominó “la verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva”.
Si bien las menciones al “poder constituyente” las ha hecho Petro desde hace algunos meses, en las últimas semanas ha intensificado su llamado, no sin un buen componente de ambigüedad. No es clara la forma que tomaría dicha constituyente, si radica en echar a andar una organización popular por fuera de la Constitución actual, firmar un decreto que la habilite o si se ciñe a los procedimientos incluidos en ella. En Colombia existe el artículo 376 que permite que una ley aprobada por mayorías en el Congreso de pie a que en una votación popular se decida si se convoca una Asamblea Constituyente “con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine”. El proceso por esa vía no es corto.
Petro argumenta que una Constituyente no solo es legítima, sino que representa el máximo ejercicio de la democracia participativa al convocar al pueblo como “constituyente primario”. La mayor crítica que hace a la Constitución es que no ha podido transformar problemas estructurales de Colombia, desde la desigualdad hasta la corrupción. La arriesgada apuesta del presidente buscaría modernizar las instituciones, poner fin a décadas de conflicto interno y mejorar la calidad de vida, especialmente entre los sectores más vulnerables.
La reciente incorporación de Juan Fernando Cristo, exministro del gobierno Santos, como líder del Ministerio del Interior, apunta a la tarea de mover este proceso. Sin embargo, su llegada también atempera las aguas, al menos parcialmente. Los pronunciamientos del nuevo ministro se han dirigido a reconocer que se busca un gran acuerdo nacional, un término que no necesariamente implica una Constituyente, al menos no en una primera instancia. Como sea, las críticas hacia la propuesta no han parado y vienen desde distintas orillas políticas.
El abanico de críticas que le dicen “no” a una Constituyente
Al mapear las distintas voces que se oponen a la propuesta de una Constituyente, se encuentran representantes de casi todas las facciones políticas. Por supuesto, los argumentos son distintos. Sus opositores más acérrimos de partidos como el Centro Democrático tildan la idea de una treta para que se modifiquen las condiciones de permanencia en el poder. Ante esto, el presidente ha negado que ese sea su interés y ha respondido con los puntos ya mencionados. Pero ellos no son los únicos que se oponen.
Desde personajes públicos de la centro derecha, hasta eventuales simpatizantes políticos han manifestado preocupación por las intenciones del presidente. León Valencia, analista y director de la Fundación Paz y Reconciliación, ha dicho que este no es el momento adecuado para ese tipo de transformación, a pesar de que reconoce la frustración que causa la resistencia de las élites ante las reformas sociales que no han podido avanzar en el Congreso.
Otra de las voces más activas que cuestionan esta idea ha sido la del investigador y profesor de la Universidad Nacional, Rodrigo Uprimny, que argumenta que casi todos los puntos que sugiere el presidente Petro para citar a una Constituyente, no necesitan este proceso para cumplirse. Para esto alude a las leyes que ya existen y a otros marcos normativos como el mismo Acuerdo de Paz. Más que una reforma de esas dimensiones, hace el llamado a una buena gobernabilidad que haga realidad lo que Gustavo Petro prometió en campaña y que por ningún lado incluía una Asamblea para crear una nueva Constitución Política. Por otra parte, critica que el presidente incluya temas como el del perdón social, que irían en contravía de lo recorrido hasta ahora con la justicia transicional.
Lo inconveniente de la propuesta desde sectores afines a la garantía de derechos para sectores excluidos, radica en la preocupación de que una Constituyente sea además utilizada como un instrumento para revertir derechos adquiridos, especialmente los de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, las mujeres y personas LGBTIQ+. Esta preocupación se intensifica en un contexto donde los equilibrios de poder podrían ser fácilmente manipulados por intereses conservadores que son mayoría en el poder legislativo y que pertenecen a las altas esferas del poder económico y político. Incluso vale la pena preguntarse por qué a personajes como Germán Vargas Lleras, uno de los mayores opositores a mecanismos hijos de la Constitución como lo es la consulta previa a los pueblos indígenas, le suene tanto la idea de una Constituyente.
La Constitución del 91 es valiosa, pero no perfecta
El panorama para este debate es complejo, por eso es necesario recordar lo avanzado y lo que todavía está pendiente. Primero, no se puede ignorar que la actual Constitución no es la misma que se firmó hace 33 años y ha sufrido reformas importantes a lo largo de estas tres décadas. Aunque se puede afirmar que todos los sectores políticos coinciden en la legitimidad de la carta magna, también hay acuerdos en que el documento todavía necesita ajustes y sobre todo implementación.
La Constitución que surgió luego de un acuerdo de paz con la guerrilla del M-19 y una gran alianza nacional de distintos sectores y poblaciones nunca antes escuchadas, avanzó en el reconocimiento de derechos, pero al final no corrigió las grandes desigualdades que siguen existiendo en Colombia. Al ser además un producto de un momento económico que vio afianzar las políticas neoliberales en el mundo, el marco garantista de derechos se queda corto cuando se revisa su contraparte en el modelo económico que acoge el documento.
Aun así, nada asegura que una nueva Constitución cambie una realidad tan enredada y menos cuando aparentemente lo que se defiende es que se cambie el marco político para hacer valer el Estado social de derecho que se prometió con la versión de 1991. Por el contrario, el riesgo que conlleva convocar una Asamblea Nacional Constituyente en términos de tiempo, recursos y el requisito de una amplia mayoría electoral para su aprobación, puede ser muy alto.
Usar la Constituyente como un mecanismo para aprobar las reformas que prometió Petro abre la puerta a distintos escenarios. Unos se relacionan con la forma en que se tramite, sea por el proceso constitucional, largo y complejo que quedaría en manos del siguiente presidente, o que se lleve a cabo por mecanismos extra jurídicos que generen una situación de quiebre nacional. Otros caminos se pueden abrir en cada una de las etapas de un proceso tan complejo, dirigiéndonos a lugares desconocidos donde lo avanzado se puede embolatar.
Tendremos que esperar a que se despejen las ambigüedades y entendamos a qué se refiere el presidente cuando vuelve a traer el tema del gran acuerdo nacional, que bien puede significar una nueva Constituyente, o la aceleración del trámite de las reformas en el Congreso tras convocar a más fuerzas políticas, como la petición de fast track en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para implementar rápidamente el Acuerdo de Paz.
La discusión sobre una Asamblea Constituyente en Colombia no solo involucra lo técnico y lo legal, sino que también toca fibras sensibles de derechos y poder político. La decisión de embarcarse en un proceso constituyente debería ser cuidadosamente evaluada, considerando no solo los riesgos y desafíos, sino también las oportunidades reales de transformación social y política que podría ofrecer sin que vayan en detrimento del presente, que requiere un gobierno sólido que ponga en marcha lo prometido con las herramientas que tiene hoy.
