Por: Asawin Suebsaeng y Adam Rawnsley
Cuando Donald Trump declare formalmente su candidatura para 2024, no solamente estará en busca de otro periodo en la Casa Blanca. Estará buscando huir de problemas legales, posibles cargos criminales e incluso del fantasma de la cárcel.
Cuatro personas al tanto de la situación le comentaron a ROLLING STONE que, en los últimos meses, Trump le ha dejado claro a sus socios que las protecciones legales provenientes de ocupar el despacho oval son su prioridad.
Una de las fuentes discutió hace poco estos temas con Trump y menciona que este último ha “hablado sobre cómo cuando eres el presidente de los Estados Unidos, es más difícil que los fiscales con motivaciones políticas ‘te agarren’”. “Dice que cuando sea presidente de nuevo, una nueva administración republicana le pondrá fin a la investigación [del Departamento de Justicia] que, según él, la administración Biden planea iniciar en su contra con cargos criminales”.
La inmunidad presidencial y poder elegir su fiscal general no son las únicas razones que tiene Trump para lanzarse de nuevo. Y mientras trabaja en ello, de acuerdo con varias personas que tienen conocimiento en la materia, está en una encrucijada con líderes y militantes de su propio partido respecto al momento ideal para hacer el anuncio.
El expresidente está motivado a hacerlo pronto, incluso antes de las elecciones intermedias de 2022, con la esperanza de despejar el terreno de rivales en las primarias. Pero los líderes del Partido Republicano, incluyendo algunos de los consejeros más cercanos de Trump, no quieren que él declare sus intenciones hasta las elecciones de medio mandato. Su partido quiere que los votantes se mantengan concentrados en el presidente Joe Biden, en lugar de transformar la contienda en un referendo sobre Trump. En los últimos meses, el exmandatario había aceptado esperar de mala gana, pero poco después amenazó con hacer un anuncio prematuro, ya sea por intereses personales, por desquitarse o alguna combinación de ambas.
Pero a medida que Trump habla de su candidatura, dicen las cuatro fuentes, le está dejando la impresión a sus confidentes de que, como su historial penal ha aumentado, también lo ha hecho su interés en las protecciones legales de la rama ejecutiva.
Y no son solo los críticos de Trump quienes tienen pleno conocimiento de su riesgo judicial, pues su equipo legal y sus exoficiales administrativos también lo discuten con frecuencia. “Sí creo que Trump y [el exjefe de gabinete] Mark Meadows pueden ser procesados penalmente”, le dijo Ty Cobb, uno de sus antiguos abogados, a ROLLING STONE.
Hasta el mismo Trump parece reconocer los posibles inconvenientes. Como recuerda otra de las fuentes, “Él dijo algo como que [los fiscales] no podrían salirse con la suya mientras fuera presidente”. “Fue durante una discusión más extensa sobre las investigaciones, otros posibles candidatos [a las primarias] de 2024 y lo que la gente estaba diciendo sobre las audiencias del 6 de enero… Continuó hablando durante un par de minutos de cómo algunas personas ‘muy corruptas’ quieren ‘meterlo en la cárcel’”.
Los privilegios de la presidencia ofrecerían una pausa bien recibida a las distintas demandas civiles e investigaciones penales que ahora cuelgan sobre él. No está claro si el Departamento de Justicia lo acusará por la promoción de la revuelta del seis de enero, pero volver a la Casa Blanca le sería extremadamente útil. La política del Departamento prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio, protegiéndolo de cualquier cargo judicial durante otros cuatro años.
Jim Lo Scalzo
La ley es menos clara en cuanto a si un presidente puede ser procesado por los estados mientras está en el cargo, pero cualquier intento de llevar a Trump a juicio en un caso estatal probablemente sería llevado ante la Corte Suprema. Los esfuerzos del exfiscal distrital de Nueva York, Cyrus Vance, por investigar las declaraciones de renta de Trump llegaron al tribunal supremo en 2020.
A nivel estatal, Trump se enfrenta a dos investigaciones penales. En Manhattan, el fiscal distrital Alvin Bragg convocó a un jurado de acusación para estudiar si el expresidente cometió fraude al, presuntamente, mentir sobre el valor de sus activos en las declaraciones fiscales. Sin embargo, el jurado expiró y hay pocos indicios de que Bragg tenga la intención de presentar cargos. En Georgia, los fiscales del condado de Fulton están investigando si Trump interfirió ilegalmente en el recuento de votos, esto al presionar al secretario de Estado Brad Raffensperger para que “encontrara” sus votos después de las votaciones. Este mismo mes, la fiscal Fani Willis citó a los partidarios de Trump, Rudy Giuliani y el senador Lindsay Graham, y envió cartas a los senadores estatales pro-Trump de Georgia advirtiéndoles que podrían ser procesados por el caso.
Trump se enfrenta a un montón de demandas, tanto por su conducta mientras estuvo en el cargo como antes de estarlo. En casos anteriores, sus abogados han alegado que el puesto de presidente le hace inmune a las demandas civiles mientras está ejerciendo. Esa fue su defensa en una demanda, ya archivada, de la ex concursante de El Aprendiz, Summer Zervos.
En los 90, la demanda de Paula Jones contra el entonces presidente Clinton estableció que los presidentes no gozan de inmunidad absoluta, pero la acción legal de Zervos contra Trump se prolongó durante cinco años antes de que ella la retirara. El caso demostró que la presidencia puede contribuir a retrasar las demandas, aunque no sea un obstáculo inamovible.
Las más recientes preocupaciones legales de Trump se deben a su papel en la provocación de la revuelta del seis de enero. Agentes de la policía del Capitolio y de la zona metropolitana de Washington D.C. lo demandaron por los daños físicos y emocionales que sufrieron durante los disturbios. El expresidente también se enfrenta a dos demandas distintas de congresistas demócratas, estas señalan que él vulneró sus derechos civiles al conspirar con grupos extremistas como los Proud Boys y los Oath Keepers para impedir el recuento de los votos electorales.
Kent Nishimura
E. Jean Carroll sigue adelante con un caso contra Trump por difamación. La periodista lo acusó de haberla violado en una tienda a mediados de los 90, y está demandando por la afirmación que hizo en 2019 de que ella estaba “mintiendo por completo”. El Departamento de Justicia, tanto bajo el mandato de Trump como el de Biden, ha afirmado que el primero es inmune a porque estaba “actuando en el marco de su mandato” cuando hizo las declaraciones. Un tribunal federal de apelaciones está evaluando actualmente los argumentos del departamento. Y en Nueva York, la fiscal general Letitia James está llevando a cabo una investigación sobre si la Organización Trump mintió sobre el valor de sus activos.
Las demandas se suman a la presión que crece en el mundo de Trump a medida que las investigaciones del seis de enero por parte del Departamento de Justicia se han intensificado. Varios de sus ayudantes han sido arrastrados a una investigación con un jurado de acusación sobre el intento de anular la victoria electoral de Joe Biden en 2020. Esto ha dado lugar a órdenes de allanamiento dirigidas al abogado de la campaña de Trump, John Eastman, y al exfiscal interino del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark.
Ante las investigaciones, muchas personas en el mundo de Trump esperan que, en lugar de su líder, otros colaboradores se enfrenten a un proceso judicial por los esfuerzos para revertir las elecciones. En concreto, los socios del exmandatario han tratado de distanciarlo de Eastman. Y como informó ROLLING STONE, sus asesores legales también ven a Meadows como un potencial chivo expiatorio de las actividades postelectorales del expresidente.
