El coronel Edgar Vega Gómez, el comandante de los Grupos de Operativos Especiales de Seguridad (Goes) Néstor Mancilla Gonzalías y el patrullero Wilson Esparragoza Corcho fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y afectación a la integridad personal. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los tres uniformados son responsables de las muertes de seis civiles en el marco del Paro Nacional desarrollado entre abril y mayo de 2021.
El ente investigador informó que los tres uniformados tuvieron diferentes niveles de participación en las muertes de Edwin Villa Escobar, Einer Alexander Lasso, Harold Antonio Rodríguez, José Emilson Ambuila, Kevin Anthony Agudelo y Miguel Ángel Pinto.
Según un comunicado de prensa, Vega Gómez presuntamente “desatendió su posición” como comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, por lo que pudo haber evitado el asesinato de cinco personas pero no hizo nada para impedirlo.
En el caso de Mancilla Gonzalías, este se encontraba a cargo de un grupo de uniformados que al parecer “disparó indiscriminadamente contra manifestantes y ciudadanos ajenos a las concentraciones sociales, en dos eventos diferentes”. El primero de ellos ocurrió el 30 de abril en el barrio El Diamante, donde fallecieron dos personas y otras dos resultaron heridas. El segundo tuvo lugar en el barrio Siloé, uno de los puntos más críticos durante el Paro Nacional, el tres de mayo cuando se realizaba una velatón por las víctimas durante las manifestaciones; dicho día dejó un saldo de tres muertos y dos heridos.
Por su parte, el patrullero Esparragoza Corcho sería el responsable de accionar un arma cuyo proyectil le causó la muerte a un joven manifestante en Puerto Rellena, el 28 de abril de este mismo año. Tal como lo describe el documento, “el funcionario accionó de manera desproporcionada su arma de dotación contra los manifestantes, hiriendo mortalmente a uno de ellos”.
Los tres agentes de la Policía no han sido los únicos que han tenido que comparecer o han sido llamados a comparecer ante la justicia esta semana, ya que Rafael Andrés Escobar González, el hombre que amenazó a manifestantes y a miembros de la Minga Indígena el mes de mayo en Cali, fue citado a imputación de cargos casi seis meses después de haber sido llamado a interrogatorio.
Así lo informó el abogado Elmer Montaña, quien denunció a Escobar por estos mismos hechos. En un documento compartido por el litigante en sus redes sociales, 16 personas más, entre civiles y oficiales, fueron citadas a una audiencia de formulación de imputación que se realizará el 24 de enero de 2022 por haber apuntado y disparado armas de fuego contra las personas que se encontraban concentradas en el sector de Ciudad Jardín durante el Paro Nacional. Las demás personas son: Alexis Mosquera Mena, Andrés Felipe Chicaiza, Andrés Felipe Quintero, Ariel Augusto Nossa, Aurelio Guevara Machuca, Christian Ulises Chilito, Diego León Quiroz, Eder Javier Sico, Francisco Córdoba García, Germán Alejandro Ospina, Jhon Madrid Quiñonez, Jhony Andrés Cuspian, José Fernando León, Juan Antonio Córdoba, Mauricio Gómez Valencia y Ricardo Guzmán González.
A estas 17 personas, incluido Escobar, le serán imputados los delitos de usurpación de funciones públicas, violación de los derechos de reunión, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, tortura, detención arbitraria, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y amenazas.
No obstante, pese a la gravedad de los delitos, el organismo no solicitó ninguna medida de aseguramiento ni para los policías imputados ni para las personas citadas. “La Fiscalía General de la Nación se abstuvo de solicitar imposición de medida de aseguramiento, razón por la cual los abogados de víctimas hemos elevado esa solicitud ante los jueces de control de garantías”, advirtió Montaña en un video en el que también clama porque se le de el mismo trato a los y las jóvenes de Primera Línea que han sido detenidos recientemente.
“Nosotros queremos hacerle un llamado respetuoso a la Fiscalía General de la Nación para que le de un trato igual a los jóvenes de Primera Línea y a las personas que están siendo privadas de la libertad por su participación en las protestas, por delitos como obstrucción a las vías públicas, que son menos graves que estas violaciones de los derechos humanos”, añadió. “Creemos que privarlos de la libertad y solicitarles privación de la libertad por estos delitos implica un trato desigual, un doble rasero, y eso a lo único que contribuye es al desprestigio de la administración de justicia”.
En las últimas semanas, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que líderes estudiantiles como Juliana Higuera, Paola Camargo, Sergio Forero, Julián Barón y muchos más podrían estar siendo víctimas de falsos positivos judiciales. A estos jóvenes se les han imputado delitos como concierto para delinquir, instigación, fabricación y lanzamiento de sustancias peligrosas, agresión contra servidor público, entre otros.
“En efecto estamos ante un escenario de posibles falsos positivos judiciales y montajes para que el Estado colombiano demuestre efectividad frente a diferentes acciones. Estos montajes judiciales limitan el derecho legítimo y constitucional a la protesta social”, dijo la abogada Isabel Fajardo en una reciente entrevista con ROLLING STONE.
