Luego de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se abren nuevos escenarios de disputa en torno al caso judicial más importante de los últimos años. La defensa del senador Iván Cepeda, una de las víctimas, anunció que interpondrá el recurso extraordinario de casación, el único mecanismo legal disponible para impugnar el fallo de segunda instancia.
Tras conocerse la absolución, el senador Cepeda reaccionó señalando que, aunque respetan la decisión judicial, dos de los tres magistrados “decidieron ignorar el acervo probatorio del proceso”. Además, aseguró que continuará la búsqueda de justicia: “En momentos en que parece imponerse la impunidad, las víctimas perseveran; son más perseverantes que la injusticia y la impunidad”.
María Leonor Oviedo Pinto, la magistrada que salvó su voto pues no estuvo de acuerdo con la decisión de absolver al expresidente, expresó que la sentencia de primera instancia debió confirmarse en su totalidad dado que allí “se evidencia que en la conducta del procesado Álvaro Uribe Vélez se subsumen los tipos penales de soborno en actuación penal y fraude procesal”.
El recurso de casación, contemplado en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, busca que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revise posibles errores graves en la sentencia. La parte inconforme tiene cinco (5) días para presentar ante el Tribunal Superior un escrito sencillo manifestando su intención de interponer el recurso. Si se hace dentro del plazo legal, el Tribunal concede 30 días adicionales para radicar la demanda de casación.
Los escenarios posibles
Una vez presentada la demanda, la Corte Suprema sortea un magistrado ponente que será el encargado de verificar si esta cumple los requisitos formales. Si es admitida, se fija una audiencia de sustentación en la que cada parte dispone de un tiempo limitado de diez minutos para intervenir. Posteriormente, la Sala de Casación Penal delibera y emite un fallo definitivo, un proceso que, según los tiempos estimados, puede tardar entre tres y cinco años.
En caso de que la Corte no admita la demanda, la parte inconforme podrá solicitar al Procurador General que insista ante el alto tribunal, aunque no está obligado a hacerlo. Si el Procurador insiste, la Corte podrá mantener la inadmisión o aceptar la solicitud y tramitar el recurso.
Otros mecanismos, como elevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, brevemente mencionado por el senador Cepeda, parecen lejanos, aunque no del todo improbables.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá marca un nuevo capítulo en el proceso judicial más prolongado y polémico en la historia reciente del país. Más allá de los trámites judiciales, la lectura política y las presiones sobre este proceso han sido notorias, incluso con opiniones internacionales como la de Marco Rubio, Secretario de Estado de EEUU, que celebró la decisión.
Mientras la defensa de Uribe celebra la absolución, las víctimas y la parte acusadora preparan los recursos jurídicos ante la Corte Suprema. Todo esto ocurre con el trasfondo de las elecciones de presidencia y Congreso de 2026, donde se prevé que Uribe sea candidato al Senado, arrastrando una lista de otros candidatos de su partido, Centro Democrático.
