La marcha del 15 de noviembre ha dejado secuelas aún después de la manifestación. Las causas son por las irregularidades y la violencia que se vió a través de medios locales e internacionales, evidenciando la reacción desmedida vista en el zócalo capitalino por parte de la autoridades (y algunos asistentes).
En redes, se ha divulgado contenido que muestra graficamente cómo fue el choque del bloque negro con los policias, quienes resguardaban el exterior de Palacio Nacional; hay un video en el que se muestra cómo un oficial es separado de su grupo para ser brutalmente golpeado entre varias personas.
La violencia visceral no ha pasado desapercibida, tomando en cuenta que en la marcha se reportó un flujo tranquilo; hubo niños, personas de la tercera edad, perros, caballos, vendedores. De todo.
El Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, en entrevista con Azucena Uresti comentó que hubo policías internados en el hospital. Mencionando casos graves con las siguientes características: una fractura en la órbita ocular, fractura en la quijada, lesiones en los testículos, estómago y en extremidades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicó un comunicado el 17 de noviembre donde se anuncia que: “durante la manifestación del sábado 15 de noviembre, se han puesto a disposición del Ministerio Público 29 personas detenidas en flagrancia, con lo que se iniciaron 19 carpetas de investigación por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, robo, daño y resistencia de particulares”. De acuerdo al boletín, “84 policías y cuatro manifestantes” sufrieron agresiones.
El 19 de noviembre se compartió una actualización donde se anunció que el 18 de este mes se realizaron las primeras audiencias. La misma fiscalía informa que se “revisó cada caso”, determinando que 19 personas “incurrieron en conductas penales” y 10 se van a canalizar a Justicia Cívica, ya que las lesiones fueron consideradas como faltas administrativas y no un delito.
Seis delitos clasificados como “tentativa de homicidio” fueron reclasificados a delitos menores.
Entre los 19 detenidos hay un menor de edad de 17 años, quien fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes. El resto de los detenidos tienen una edad entre 18 y 57 años de edad.
Ocho personas quedaron en prisión preventiva justificada, mientras otras 10 van a enfrentar su proceso en libertad “con diversas medidas cautelares”. Cinco personas se encuentran en duplicidad de término, por lo que su audiencia se programa para el día de hoy, 21 de noviembre. En las cuatro audiencias iniciales “se formularon imputaciones —en término penal, significa que se explicó la razón/motivo de la detención— contra las 18 personas adultas por los siguientes delitos: tres por tentativa de homicidio, cinco por resistencia de particulares, ocho por lesiones dolosas y dos por lesiones dolosas y robo”.
Citando, los detenidos son los siguientes:
8 personas con prisión preventiva justificada, entre ellas Eduardo Josafat “N”, Alberto “N”, Fernando “N”, Francisco “N” y Arturo Quetzal “N”.
10 personas con medidas cautelares distintas a la prisión, como presentación periódica y prohibición de acercarse a las víctimas o a los lugares de los hechos. En este grupo se encuentran Enrique “N”, Carlos Miguel “N”, Zahid “N”, José Luis “N”, Federico “N”, Perla Verónica “N”, Daniela “N” y Gabriel “N”, este último imputado por tentativa de homicidio.
Testimonios
Ricardo Colorado, abogado de 18 de los detenidos, contrasta lo que dice la Fiscalía, de igual forma los testimonios muestran una realidad tergiversada, ya que varios de los arrestados no cometieron dichos delitos e incluso, solo estaban de paso, encontrándose en el lugar y momento inadecuado, como es el caso de Gabriel Hernández quien afirma que se presentó “solo 15 minutos” y terminó en prisión. En entrevista con Luis Cardenas para MVS noticias, Hernández comenta que hubo gente inocente encarcelada a la que “los hicieron malos”, cuando en realidad no hicieron nada. Hernández no pretendía unirse a la manifestación, evitaba cualquier confrontación; relata que mientras caminaba vio cómo se lanzaban piedras, siendo un policía quien le solicitó que se acercara, porque “podría salir lesionado”, al no escuchar bien él responde: “disculpe no lo entendí” para después ser jalado de la mano, arrastrado y golpeado entre varios oficiales (menciona que fueron más de 40 policías quienes le pegaron) con palos y extintores. Gabriel Hernández, siendo trabajador en la Secretaría de Finanzas, fue hecho prisionero, acusado de “tentativa de homicidio”, lastimado y sin ser atendido medicamente, aún después de los abusos que sufrió. En la entrevista Hernández menciona que no presentará denuncias porque “voy a perder mi derecho a libre tránsito”. “Resulta que ellos tienen todo el derecho de decir que yo soy una persona conflictiva y me van a lastimar si yo denuncio”.
Gabriel Pérez Rábago en entrevista con UNO TV menciona que trabaja, como Gabriel Hernández, en la Secretaría de Finanzas, es sindicalizado e igualmente fue agredido. Relata que salió a comer en dirección al centro, sin tener alguna noción de que había una protesta de la Generación Z; siendo espectador y viendo que la situación escalaba, decide retirarse. Camina por la calle Corregidora, a lado de la calle de Mina, sin embargo nota que empiezan a aventar piedras y se va por Mina, como lo hizo Hernández. “Me repliego a la calle de Mina” hasta que sale un policía y le dice “joven acérquese porque lo van a lesionar”. Lo jalaron, lo golpearon entre varios policías “incluso agarraron un extintor y me golpearon la cabeza tres veces, yo no sé cómo estoy vivo”. Agrega que así como le infringieron daño, continuaron lastimando a más personas. “Yo terminé con el cuello bien lastimado, todavía me duele mucho, todavía sigo vomitando sangre”, explicando que “ detrás de la nariz algo se rompió”. Rábago fue acusado por “tentativa de homicidio”, no le leyeron sus derechos en el momento, “hasta masomenos unas ocho horas después de que te ingresan”; no le dieron de comer, “a un compañero, o amigo que conocí ahí lo raparon, le quitaron toda su dignidad, te encueran, te despojan tus pertenencias” entre otros abusos relata. Rábago, quien fue liberado esta semana, menciona: “Yo estuve todavía hasta ayer y todavía hasta ayer los agarran por cualquier motivo y les imputan cualquier delito. Todavía esto no termina”.
Mildre Giovana Zavala, una joven de 19 años quien asistió a la marcha de forma pacífica narra cómo fue su experiencia en la marcha, describiendo el momento que, después de brindar una entrevista, un grupo de policías la acorrala, la derriban y le empiezan a agredir verbal y físicamente. “Me tiran al piso y me empiezan a patear aquí” señalando sus costillas, explica que le quitan su mochila y sus pertenencias. “Me agarran de la coleta, me jalan del cabello” y describe cómo la someten. Al no poder seguir el paso del policía que la jalaba, termina cayendo y la termina arrastrando. “Los policías que estaban a lado me gritaban cosas muy feas, como: ‘te vas a morir’, ‘por culera’, ‘por andar haciendo tus mamadas’, ‘te vamos a matar’, ‘te vamos a violar’, ‘échenmela para acá para demostarle poque no debe estar haciendo sus jaladas’. Geovana relata cómo los policías la lastimaron y cometieron actos que, ante instancias internacionales, se podrían considerar como violaciones de Derechos Humanos, no solo a ella, también a otras personas que de igual forma las estaban violentando. Puedes encontrar su testimonio completo en este enlace. Como parte de lo que vivenció, una de las afirmaciones que hace es: “pensé que me iban a matar”.
Daniela Toussaint, una estudiante de Guadalajara quien fue acusada por tentativa de homicidio en un inicio —después fue acusada de impedir el arresto de otro manifestante—, relata que participó en la marcha de forma pacífica, de hecho en un video que circula en redes se oye como ella grita “no les lancen piedras, todos somos ciudadanos mexicanos”, hasta que un policía le pide que se acercara, confiada en que no la iban a agredir, se deja llevar por una oficial quien afirma que no la iban a detener. En el video se muestra cómo es derribada y entre varios policías la agreden físicamente. En una entrevista con Milenio explica que al mostrar la evidencia del video al juzgado, le dijo que no le constaba que fuera un video creado con IA. Actualmente se encuentra en libertad, aunque tiene una carpeta de investigación abierta, tiene restricciones para visitar la plancha del Zócalo y, no puede tener “contacto con las víctimas” que supuestamente agredió.
La postura presidencial
El discurso del 20 de noviembre de la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que “la cuarta transformación” es una “pacífica, decidida mayoritariamente por el pueblo de México que reivindica la justicia, la libertad, la democracia y la prosperidad compartida”, afirmando que “México no volverá a caminar hacía atrás, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, por ello no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos”.
“México vive un momento que antes parecía imposible. Hoy el poder ya no se usa para someter, sino para servir. Ya no hay imposiciones ni privilegios, hay constitución, hay democracia y hay un gobierno que escucha, que respeta y que responde a su pueblo”.
“Hoy las libertades no solo se otorgan desde arriba; se ejercen desde abajo, desde cada barrio, desde cada comunidad, desde cada voz que habla con dignidad, porque en México ya nadie es silenciado, ya nadie es perseguido por pensar distinto, y eso es una conquista del pueblo de México”.
Derechos Humanos
La relatora de derechos humanos Gina Romero publicó en X que recibe preocupada “información sobre excesivo uso de la fuerza y de armas menos letales contra manifestantes pacíficos y periodistas el día de ayer” y desglosa puntos en los cuales urge al gobierno mexicano que: Primero, detengan la “estigmatización de la protesta pacífica”; Segundo, “respetar el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos”; Tercero, “investigar posibles infiltraciones (inclusive posibles agentes provocadores) para causar caos y justificar la dispersión”; Cuarto, “garantizar la atención necesaria a personas heridas, incluyendo oficiales de policía” y Quinto, “garantizar independencia judicial para esclarecer los hechos”.
La CDHCM publicó un boletín el 18 de noviembre en el que se anuncia que estuvo presente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, desplegando así a “18 personas visitadoras durante la movilización y posteriormente se acompañó en las Coordinaciones Territoriales a las que fueron trasladadas personas detenidas con el fin de acompañar el proceso de certificación y designación de defensa”.
La Comisión recibió las “quejas” de quienes fueron víctimas/agraviadas, “iniciando siete expedientes y una remisión, en relación con 19 personas”, por lo que documenta “actos constitutivos de posibles violaciones a derechos humanos en las detenciones, daños a la integridad personal y falta de atención médica”, se menciona que la Comisión seguirá con “la integración de los expedientes abiertos”.
La misma Comisión menciona lo siguiente sobre “la violencia” y los “escenarios complejos de colisión de derechos” evidenciados en la marcha, instando a que se de un “seguimiento a las investigaciones iniciadas hasta el pleno esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades” en garantía de que exista un “debido proceso de las personas detenidas”.
