#PaCuandoLaLibertad es la consigna que usan las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las y los jóvenes judicializados en el marco del paro nacional de 2021. Las detenciones y judicializaciones de participantes de las protestas empezaron a ocurrir pasados algunos meses después del estallido social. Muchas de estas personas, autorreconocidas como presos políticos, denuncian que sus casos son parte de una persecución por haberse manifestado en contra del gobierno de Iván Duque y todavía no encuentran garantías en su acceso a la justicia. Un grupo de detenidos en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca, decidió recurrir a una huelga de hambre para ser escuchados.
Desde el viernes 30 de junio inició esta nueva huelga. Los siete integrantes del proceso colectivo “Jhonatan Sabogal-Prisioneros Políticos del Estallido Social” acudieron a esta acción para llamar la atención del actual gobierno de Gustavo Petro, ante lo que consideran una suma de incumplimientos estatales con casos como los suyos. No es la primera vez que protestan y los reclamos que tienen como grupo son amplios, pues recogen también el malestar de otras personas judicializadas a raíz del paro en todo el país.
Los participantes de esta huelga son hombres que hicieron parte de las manifestaciones en el paro nacional en 2021 en puntos como Puerto Resistencia, la “Y” Palmira y Juanchito. “Sin el recurso de las armas decidimos hacer una oposición dentro de nuestro derecho a protestar contra lo que calificamos unas políticas antisociales del gobierno de Duque […], producto de este accionar ciudadano hoy tenemos que asumir una fase más de esta causa por la justicia social. Lo hacemos tras los barrotes, mas no sometidos”, dice Rolando Quintero, uno de los manifestantes detenidos.
La huelga la iniciaron ocho personas, dos se han retirado por afectaciones en su salud, pero un compañero más se sumó, es decir que en el momento en que se escribe esta nota hay siete personas que continúan en la huelga de hambre. Por lo pronto, la salud de los huelguistas se ha deteriorado con el paso de los días. Sus signos vitales no son buenos, tienen presión y glucometría bajas, además de deshidratación.
Como en otras oportunidades, los jóvenes han intentado el diálogo con el gobierno nacional y aunque han tenido acercamientos con diferentes instancias, no se ha llegado a acuerdos importantes. El 5 de julio hubo un diálogo con delegados de la oficina del Alto comisionado para la paz frente a las acciones de la huelga y el 7 de julio la consejera presidencial para las juventudes y algunos funcionarios del INPEC escucharon las demandas entorno al acceso a salud y educación dentro del centro penitenciario, pero no se llegó a algo concreto. Esta reunión se había solicitado antes de iniciar la huelga, como parte de las denuncias por mejores condiciones de bienestar y salubridad en las cárceles del país.
Las exigencias
Aunque el reclamo central de la protesta tiene que ver con la excarcelación, también exigen condiciones dignas para las personas detenidas en las cárceles mientras se resuelven sus procesos. Precisamente, el proceso colectivo Jhonatan Sabogal tomó este nombre en honor a uno de los jóvenes detenidos en 2021 en el Valle del Cauca y recluido en la cárcel de Tuluá. El 28 de junio de 2022, Jhonatan murió en medio de un terrible incendio en el pabellón 8 mientras esperaba su libertad.
Juliana Higuera, objeto de criminalización por su labor como defensora de DDHH es integrante de la campaña Objetivo Libertad. Desde este proceso organizativo de familiares y personas judicializadas, han acompañado la huelga de manera muy atenta. Según explican, las demandas de los detenidos tocan por lo menos tres grandes temas: el primer punto es sobre la atención a la salud física y mental de los detenidos; el segundo es la protección a las personas judicializadas y sus familias; y el tercero es el reconocimiento como actores políticos. Varios de los detenidos tienen cuadros de depresión y ansiedad muy fuertes, intentos de suicidio, así como un impacto negativo general a la salud por las diferentes situaciones vividas en su detención. También, explica Juliana, “sus afectaciones se relacionan con el hecho de que algunos son sobrevivientes de la masacre en la cárcel de Tuluá y también han sido víctimas de golpizas desde el momento de la detención”.
La segunda exigencia es la protección integral tanto para ellos y ellas como para sus familias. Una gran preocupación ronda entre las personas que han sido judicializadas por participar en el paro, pues muchas han recibido amenazas y hostigamientos. Lo más grave ocurrió con uno de los compañeros del colectivo que fue asesinado cuando salió de la cárcel a detención domiciliaria, cuenta Juliana.
Finalmente, los detenidos piden el reconocimiento de todos ellos y ellas como actores políticos no armados y que sea reconocido que son prisioneros y prisioneras políticas. “En la acusación por parte de la Fiscalía, los jueces, la Procuraduría e incluso de los medios de comunicación, a nosotras y a nosotros se nos ha despojado de nuestro accionar político y las imputaciones solamente tienen delitos comunes, no delitos políticos”, explica Juliana, que cree que este punto le da una dimensión política muy diferente a la forma en que se han tratado estas judicializaciones.
Gloria Silva, abogada del Equipo Jurídico Pueblos que asesora estos casos, indica que hay imputaciones infladas por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues se desatendieron por completo las causas y las circunstancias que llevaron al levantamiento popular generalizado ante la falta de oportunidades para la juventud. “Lamentablemente, en lugar de abrir las posibilidades del diálogo, el Estado actuó de la manera más violenta posible tanto en las manifestaciones y como en los procesos judiciales al usar cargos gravosos en lugar de acudir a figuras más relacionadas con los delitos políticos que hubieran permitido salidas negociadas a este tipo de conflicto”.
Por ahora, la mayor expectativa es que se instale una mesa de diálogo que permita construir rutas para la libertad y para el cierre de procesos de todas y todos. Esto no dejará de lado la insistencia en la necesidad de esclarecimiento alrededor de lo vivido por las víctimas de violencia estatal en el marco del estallido social, y la búsqueda de justicia, reparación y no repetición.
Rolando Quintero explica desde la cárcel que él y sus compañeros persisten en las demandas sociales que los sacaron a las calles en ese 2021 en los puntos de resistencia: “Hoy reclamamos al gobierno de Petro, que reconocemos como gobierno del cambio, que su voluntad solidaria se exprese en mayor concreción, entendiendo el orden constitucional y las leyes, pero con la expectativa de que se haga realidad la excarcelación para compañeros encarcelados en su mayoría injustamente”.
