El pasado 30 de mayo, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía que beneficia a todas las personas con cargos judiciales, involucradas en el proceso independentista catalán, conocido como el “procés”.
Los hechos a los que remite la amnistía abarcan el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. En ese rango de tiempo se destacan dos momentos clave del procés: la consulta popular del 9 de noviembre de 2014 y, especialmente, el referéndum del 1 de octubre de 2017, que desató una gran inestabilidad institucional y en donde luego la Justicia declaró inconstitucionales dichas consultas.
Esta nueva legislación busca la “normalización institucional, política y social en Cataluña” y surge del acuerdo hecho el año pasado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que lidera el gobierno actual y los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
La ley fue ratificada con 177 votos a favor y 172 en contra, sin abstenciones, levantando así el veto que las fuerzas de oposición habían intentado imponer. Las fuerzas de derecha del Partido Popular (PP) y de extrema derecha de Vox han criticado duramente la aprobación del texto.
Alcances de la amnistía y su aplicación
El principal avance que permitirá la ley es dotar de herramientas a la justicia para que, si así lo considera, exima de castigo a las personas vinculadas con el proceso independentista catalán durante el rango de tiempo aprobado (2011 a 2023). Esto incluye a más de 400 personas que tienen procesos judiciales abiertos, entre políticos, funcionarios, policías y ciudadanos en general.
Los jueces tendrán la última palabra. A partir de la publicación oficial de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la rama judicial tendrá discreción la decisión de levantar las causas vinculadas al procés o no, según sea cada caso. Además, no todos los delitos podrían estar incluidos, como ocurren con el terrorismo y la malversación.
El caso más destacado entre los posibles amnistiados es el del expresidente del gobierno autónomo de Cataluña, Carles Puigdemont, quien salió de España en 2017, pocas semanas después de la celebración del referéndum de independencia. Desde entonces, reside en Bélgica y allí se presentó y fue elegido como diputado del Parlamento Europeo.
También se beneficiarán de esta amnistía alcaldes, concejales y funcionarios públicos vinculados a la organización del referéndum, así como los periodistas de la red pública de medios catalana, investigados por posible malversación de fondos. Esto por haber impulsado y llevar a cabo el referéndum de 2017 que buscaba la independencia de Cataluña, y que obtuvo más del 90% por el “Sí”, pero que estuvo rodeado de grandes cuestionamientos del Gobierno por presuntas irregularidades.
Desde entonces, las tensiones en torno a la independencia de Cataluña se han mantenido, aunque disminuyeron en los últimos años. Para Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en la actualidad, ha sido parte de su agenda política armonizar las relaciones con esta comunidad autónoma. Es por esto que la aprobación de la Ley orgánica representa un paso importante en ese objetivo. La motivación de Sánchez también está relacionada con los acuerdos que hizo con los partidos catalanes, para conseguir la conformación de Gobierno en 2023.
Lo que se prevé es que los partidos de oposición mantengan su postura en contra de la amnistía y busquen que no sea aplicada, por considerarlo una amenaza a la unidad de España. Con esto, la actuación de los jueces y las disposiciones finales en estos procesos seguramente tendrán tropiezos, por lo que el futuro concreto de la aplicación de la amnistía aún es confuso.
