Colombia atraviesa unos días de gran agitación política. Tres hechos de alto impacto político y judicial redefinen el panorama nacional: las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump al presidente Gustavo Petro y su círculo cercano, la absolución judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el resultado de la consulta interna de la izquierda que consolidó a Iván Cepeda como candidato presidencial del Pacto Histórico.
Trump sanciona a Petro y su círculo cercano
El gobierno de Donald Trump incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton, bajo acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico. La medida se produjo tras el aumento de las tensiones entre ambos gobiernos, luego de los bombardeos estadounidenses en el Caribe colombiano, parte de la ofensiva de Trump contra el narcotráfico que genera grandes dudas por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los tratados internacionales de diplomacia.
Hasta el momento se sabe que la orden ejecutiva 14059 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloquea los bienes y movimientos financieros de los señalados en la lista. Según la Casa Blanca, la decisión se basó en reportes sobre supuestos beneficios que el gobierno Petro habría otorgado a organizaciones criminales en el marco de la política de “paz total”, incluyendo ceses al fuego y suspensión de órdenes de captura con fines de extradición.
El gobierno colombiano rechazó de inmediato las acusaciones y calificó la decisión como un acto de persecución política. Desde Washington, analistas como Adam Isacson, del centro de pensamiento Wola, advirtieron que la medida politiza el proceso de sanciones y que no existen pruebas concretas que vinculen a Petro o su familia con actividades de narcotráfico. O de haberlas, se hubieran hecho públicas desde septiembre, cuando Estados Unidos, cuando ‘descertificó’ a Colombia en la lucha contra las drogas.
If Colombia's president had ties to drug traffickers, you'd think the Trump admin would've mentioned it in September when it "decertified" Colombia. It did not, and presents no evidence here.
— Adam Isacson (@adam_wola) October 24, 2025
Looks like a politicization of the Treasury sanctions process. https://t.co/9qGJ4tocnv
Petro, el primer presidente colombiano de izquierda y el primero sancionado en la historia bajo la Lista Clinton, aseguró que la ofensiva de Trump “fortaleció al Pacto Histórico”, señalando que su coalición se consolidó como la primera fuerza política del país tras la consulta interna de octubre. Aunque la carrera presidencial aún está en sus fases iniciales, es inevitable leer la decisión del gobierno de Estados Unidos, sin vincularla a la alineación ideológica que marcan Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, para América Latina.
Uribe, absuelto en el caso por soborno y fraude procesal
Pocos días antes de la decisión de Trump, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión, dividida entre los magistrados, reabrió el debate sobre la justicia y la impunidad en el país.
El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, anunció que interpondrá un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema, el único mecanismo para impugnar el fallo. Según Cepeda, dos de los tres magistrados “ignoraron el acervo probatorio” que demostraba la responsabilidad del expresidente. La magistrada María Leonor Oviedo Pinto salvó su voto, argumentando que la sentencia de primera instancia debía confirmarse, pues en la conducta de Uribe “se evidencian los tipos penales de soborno y fraude procesal”.
El trámite ante la Corte Suprema podría tardar entre tres y cinco años. Además el proceso no es sencillo, ni corto, pero en vías hipotéticas incluso se baraja la opción de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. .
La absolución fue celebrada por sectores del Centro Democrático y por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien destacó la decisión como “una victoria para la justicia colombiana”. Uribe, fortalecido políticamente, espera volver al escenario electoral con una lista propia al Senado en 2026.
Colombia's justice has prevailed as former President Uribe is absolved after years of the political witch hunt against him and his family. #UribeInocente
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 21, 2025
Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico
En contraste, la izquierda vivió un fin de semana de consolidación política. Más de 2,7 millones de personas participaron en las consultas internas del Pacto Histórico, que definieron al senador Iván Cepeda como su candidato presidencial.
El resultado fue celebrado como un triunfo para el oficialismo y para el propio presidente Petro, quien destacó la jornada como una muestra de unidad dentro de su coalición. Los grandes derrotados fueron el exembajador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quienes aunque no participaron en la votación, y el mismo Quintero se bajó de la misma, se desinflan como candidatos fuertes de las corrientes que se han acercado a la izquierda, pero que generan dudas en sus bases más tradicionales.
La consulta, considerada el primer termómetro del ciclo electoral de 2026, mostró a una izquierda fuerte y con capacidad de movilización, pese a sus divisiones internas y las tensiones con el Consejo Nacional Electoral.
Un país a la expectativa ante 2026
Los tres episodios, las sanciones de Trump, la absolución de Uribe y la victoria de Cepeda, marcan un reacomodo político en Colombia que debe entenderse más allá del argumento de la polarización entre conservadurismos y progresismos.
Mientras el gobierno enfrenta presiones internacionales y un deterioro en las relaciones con Washington, el expresidente Uribe recupera espacio en la política electoral de la derecha y a la par, el Pacto Histórico se posiciona como la fuerza más relevante en el campo progresista. Sin embargo, las tensiones ideológicas de lo local resuenan en arenas más amplias, pues el ordenamiento geopolítico en América Latina y el mundo tiene a actores tan poderosos como el actual gobierno de los Estados Unidos, con una intención cada vez más atenta a esta región.
En medio de un clima de confrontación judicial, diplomática y electoral, el país entra en una nueva etapa política, con miras a las elecciones de 2026 y con la atención del mundo puesta sobre la relación entre Bogotá y Washington, que atraviesa su punto más delicado en años.


