La disputa entre el gobierno de Gustavo Petro y una considerable parte del Congreso se ha intensificado más de lo habitual, a raíz del proceso de la consulta popular. El país experimenta una tensión política que involucra las controversias legales y políticas derivadas de la determinación del presidente Petro de convocar a una consulta popular sobre la reforma laboral por medio de un decreto.
A pesar de que el Senado rechazó la propuesta a mitad de mayo, Petro anunció esta semana que firmará un decreto que la habilita, basándose en una teoría que alega que no hubo una decisión válida debido a supuestas irregularidades durante la votación. La noticia generó fuertes críticas de la oposición y de algunos sectores de la opinión pública. Muchos argumentaron que el decreto sería inconstitucional e incluso una amenaza para la separación de poderes. Sin embargo, la discusión sobre la consulta popular ha estado en marcha durante mucho tiempo y ha enfrentado numerosos obstáculos. Este es un breve recuento para entender qué está pasando y qué puede venir:
Tras el rechazo inicial de la reforma laboral en el Congreso, una versión modificada fue aprobada en la Comisión Cuarta del Senado con 75 artículos, superando tres de los cuatro debates necesarios para convertirse en ley. No obstante, la iniciativa provocó divisiones, incluso dentro de sectores afines al Gobierno. Parte de la bancada del Pacto Histórico expresó su rechazo a la propuesta aprobada, calificando los cambios como “regresivos” y perjudiciales para los derechos de los trabajadores.
La idea de la consulta popular por la reforma laboral fue mencionada por primera vez por Petro el 11 de marzo, cuando ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado firmaron la ponencia negativa de la propuesta de reforma laboral inicial.
El 1 de mayo se presentó la propuesta de la Consulta Popular en el Senado. Durante ese día, se llevó a cabo la movilización en conmemoración del Día del Trabajo, y tanto sindicatos como partidos que apoyan el proyecto del Gobierno promovieron la consulta. Como respuesta muy pronta, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, envió una carta abierta al Congreso solicitando a los congresistas que no se dejaran influenciar por el gobierno Petro.
Un par de semanas más tarde, el Senado rechazó la propuesta de consulta popular el 14 de mayo con una votación de 49-47, en medio de una polémica sobre el cierre de la votación. La bancada oficialista acusó a la oposición y a la mesa directiva de realizar “jugadas” en el orden del día y calificó la votación como una leguleyada. Además, se revivió la reforma laboral con la apelación de la decisión tomada por la Comisión Séptima del Senado (y que por ahora sigue su curso con críticas del oficialismo).
Posteriormente, el presidente Petro anunció una nueva propuesta de consulta con cuatro preguntas adicionales relacionadas con el sector salud, en medio de críticas al presidente del Congreso. Ministros y congresistas pro Gobierno iniciaron los primeros cabildos por la consulta popular en Pasto, Montería y otras regiones del país. Los ministros Armando Benedetti (Interior), Antonio Sanguino (Trabajo) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) formalizaron la propuesta de la nueva consulta el 19 de mayo, mientras integrantes de la oposición señalaron un posible vicio en el trámite.
Un hecho importante fue el llamado a paro nacional de 48 horas que ocurrió el 28 de mayo, en varias ciudades del país. El objetivo era apoyar desde la movilización social la consulta y las reformas del Gobierno. Aunque fue convocado por sindicatos y organizaciones sociales en rechazo al hundimiento de la consulta popular en el Senado y en apoyo a una reforma laboral que responda a las demandas de los trabajadores, el vínculo con el Gobierno Petro era evidente.
Aunque las movilizaciones fueron moderadas, se posicionó un mensaje sobre la urgencia de las reformas para el verdadero cambio estructural en el tema laboral en el país. Asimismo, fue criticada la nueva versión de la reforma en la Comisión Cuarta del Senado, pues esta contendría elementos regresivos y omitiría cambios esenciales frente a la explotación laboral. Además, las personas marchantes exigieron el derecho a participar como constituyentes primarias en una eventual consulta popular sobre decisiones clave para el país. El presidente Petro se desmarcó de la convocatoria y afirmó que fue impulsada por los sindicatos y la coordinadora popular.
Lo más reciente de esta pugna vino con el anuncio del 3 de junio, en una alocución presidencial, donde Petro habló de la convocatoria por decreto de una consulta popular con 12 preguntas (sin las cuatro adicionales de salud), intensificando el conflicto entre el Gobierno y el Congreso. Esta decisión generó críticas de varios políticos y fue considerada una “amenaza a la separación de poderes” por ocho partidos, expresidentes y congresistas. Efraín Cepeda presentó una alerta ante la ONU, la OEA y la CIDH, advirtiendo sobre una “grave alteración del orden constitucional”.
Ahora, se anticipa que el decreto, que debe incluir las condiciones políticas, constitucionales y logísticas para la reforma, intensificará la batalla legal en el Consejo de Estado sobre su validez. La Registraduría deberá decidir si acata el decreto y organiza la votación o si espera una resolución judicial frente a una decisión más que polémica.
