La mañana de este miércoles, simpatizantes y normalistas de Ayotzinapa derribaron con una camioneta una puerta de Palacio Nacional e irrumpieron en el recinto durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de ser atendidos por el mandatario.
Imágenes difundidas muestran cómo un grupo de encapuchados que protestaba frente al edificio utilizó una pickup de la CFE en reversa contra la puerta de Palacio Nacional hasta abrirse paso.
Desde hace casi 10 años, los familiares de las víctimas y los normalistas han exigido justicia y consecuencias para los responsables, manifestándose para conocer el paradero de los estudiantes. Desde la semana pasada, se había instalado un plantón frente a Palacio Nacional para demandar resultados en las investigaciones.
Tras el incidente, AMLO declaró que siguen en búsqueda de la verdad y aseguró que van a encontrar a los jóvenes, pero terminó afirmando que las manifestaciones ya son “otra cosa” con “otros propósitos”.
“Es provocación, no queremos confrontación, estamos avanzando en la investigación. Están siendo manipulados”, advirtió a los familiares de los estudiantes, “es un movimiento en contra de nosotros […] es un plan de provocación clarísima”. Alegó que entre la protesta solo se encontraban dos padres de familia y sostuvo que “se han montado” al movimiento grupos de derecha, conservadores y partidos políticos opositores a la “transformación”.
Por último, aseguró que entablará diálogo con los padres, pero no con intermediarios. “No me dan confianza los intermediarios, porque tengo pruebas que por un lado cuando desaparecieron los jóvenes se detuvo a responsables y estos mismos supuestos defensores de los padres, promovieron un juicio para liberarlos, a los que había participado en la desaparición de los jóvenes”.
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Durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en México, 43 estudiantes fueron secuestrados tras apoderarse de autobuses en los que viajarían a una manifestación en Ciudad de México. Solo se han encontrado los restos de tres de ellos. Aunque la tragedia se atribuye al cártel Guerreros Unidos y policías coludidos, es ampliamente reconocida la participación de otros elementos de autoridad en la desaparición forzada. El caso es considerado una de las peores violaciones de derechos humanos en el país.
