Ahora que se discute en la reforma laboral, que además pende de un hilo por la solicitud de las mayorías en la Comisión séptima para su archivo sin darle el chance al debate, ha puesto en el foco algunos de sus puntos más notorios. Aunque el proyecto de reforma ya fue sometido a cambios importantes en su paso por la Cámara de Representantes, uno de los temas que se conservan es el de las condiciones para los trabajadores domiciliarios de plataformas digitales como Rappi, Uber o Didi. Este ha sido un tema de gran discusión desde hace varios años y ahora podría tener cambios.
Rappi, la gigante plataforma de domicilios de alta prominencia en América Latina, es uno de los principales actores en el mercado de entrega de productos a través de aplicaciones móviles. Su origen es colombiano, pero tiene presencia en Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, México, Ecuador, Chile y Costa Rica.
Bajo un modelo de negocio “emergente” y de “colaborativo”, propio de las nuevas economías globales aupadas por la tecnología y que crecieron exponencialmente durante la pandemia del COVID-19, estas empresas se consideran muy exitosas. Sin embargo, persisten serios interrogantes sobre la situación laboral de quienes hacen posible su funcionamiento: las y los domiciliarios.
A pesar de que las empresas de plataformas digitales basadas en las “economías colaborativas” se presentan como soluciones frescas para la comunidad, se ha evidenciado que esto se presta para evadir responsabilidades que tienen otro tipo de industrias. Todo esto ocurre mientras las compañías mantienen vínculos con los trabajadores que se basan en el no reconocimiento de su condición como tal, sino que se consideran “colaboradores”.
Según un análisis publicado por la Universidad de Antioquia en 2024, aunque las plataformas digitales han irrumpido en el mercado laboral con gran fuerza, la realidad es que los trabajadores enfrentan condiciones de trabajo cada vez más precarias. El documento resalta que, aunque los domiciliarios disfrutan de una supuesta autonomía, como la flexibilidad en los horarios, la presión por cumplir con los requisitos impuestos por las plataformas termina derivando en largas jornadas laborales y prácticas que los exponen a una gran vulnerabilidad.
Las características de este tipo de empleo afectan especialmente a aquellos que dependen económicamente de él, pues no tienen acceso al mercado formal por distintas razones. En su mayoría, los trabajadores de estas plataformas son migrantes venezolanos que, además de la difícil situación económica de su situación migratoria, deben enfrentar altos niveles de control, disciplinamiento y condiciones impuestas unilateralmente por las empresas. Muchas veces, los términos y condiciones de trabajo no son negociables, lo que deja a los trabajadores con poca capacidad de decisión sobre su participación como “colaboradores independientes”.
Lo que propone la reforma
La reforma laboral en discusión tiene como uno de sus objetivos principales la formalización del empleo, un tema que también abarca a los trabajadores de plataformas digitales. Según el proyecto de ley, las empresas deberán informar de manera clara si su modalidad de trabajo es dependiente o independiente. En caso de ser dependiente, las plataformas estarán obligadas a garantizar el acceso al sistema de seguridad social integral. Además, se contempla la prohibición de exigir exclusividad laboral, lo que permitirá a los domiciliarios trabajar para varias plataformas al mismo tiempo, una medida que busca aumentar su autonomía.
En el artículo 15, por ejemplo, se establece que las relaciones laborales podrán ser tanto dependientes y subordinadas como independientes y autónomas. Para aquellos dependientes, la empresa deberá realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social, incluidas cotizaciones parciales.
Para los trabajadores autónomos, la propuesta consiste en que la empresa de la plataforma digital contribuya con el 60% de los aportes a salud y pensión, mientras que el 40% correspondería al trabajador. Según han mencionado representantes de estas empresas, lo contenido en el proyecto de ley fue producto de una negociación consensuada.
Una negociación regional más profunda
Mientras se conoce el futuro de la reforma laboral y los cambios que traerá consigo, los trabajadores repartidores a través de plataformas digitales seguirán siendo el epicentro de un debate que es claro en cómo pueda resolverse, pero que no pasa de agache. En este sentido, la unión de las y los repartidores ha sido clave para visibilizar y negociar otras formas de trabajo.
En 2018, en Argentina, Rappitenderos hicieron una huelga durante la hora de mayor demanda y con esta y posteriores movilizaciones por mejores tarifas y acuerdos con la empresa. En Colombia en 2020, se fundó el primer sindicato de trabajadores de plataformas digitales, de donde se han derivado varias iniciativas regionales. En España, un tribunal determinó que los repartidores de Deliveroo (empresa de esta misma naturaleza), son empleados y deben recibir prestaciones sociales. De manera similar, en el Reino Unido, un tribunal obligó a Uber a reconocer como trabajadores a sus conductores. En Nueva York, los repartidores lograron mejores tarifas al unirse en el sindicato “Deliveristas Unidos”.
Precisamente, en Colombia el Ministerio del Trabajo expuso desde el inicio de la actual administración esta problemática y en 2024 inició una revisión de Rappi, que por mucho tiempo ha sido señalada de no tener condiciones laborales dignas para quienes sostienen la base de su funcionamiento.
Con el establecimiento de un sindicato de repartidores en Medellín, y con la mediación del MinTrabajo, recientemente se llegó a un acuerdo que beneficiará a 700 empleados, estableciendo mejoras en sus condiciones laborales, como la provisión de hidratación, unidades sanitarias, zonas seguras de parqueo y limpieza que serán financiadas por la empresa. A pesar de que la negociación continúa, este es un gran antecedente que surge de la negociación ante una realidad evidente de este tipo de trabajo en el espacio público.
Este debate que no solo ha ocurrido en Colombia, ni en América Latina, debe lidiar con la necesidad de equilibrar el crecimiento de las empresas tecnológicas con la protección de los derechos laborales. La disposición de las partes para encontrar soluciones que no solo beneficien a las plataformas, sino que también garanticen condiciones de trabajo justas y dignas para quienes entregan su fuerza laboral allí, son un paso básico para no enmascarar tras el avance de la tecnología, un retroceso en los derechos en un mundo altamente precarizado.
