abril 12, 2022

Lo ocurrido en Putumayo es gravísimo en el sentido legal, moral y político

La matanza de Putumayo es una muestra de la justificación del asesinato de civiles en pro de objetivos militares y revela un problema mucho más profundo en las Fuerzas Armadas: la justificación de la ejecución de civiles para conseguir objetivos de alto valor militar

Por  LAURA VÁSQUEZ ROA

Cortesía Redes Sociales

La gravedad de lo ocurrido en la operación del Ejército el pasado 28 de marzo en Putumayo, se hace cada vez más evidente. Mientras el presidente Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, insisten en el carácter legítimo de la operación que dejó a por lo menos 11 personas asesinadas, la población de la zona, los sobrevivientes y las organizaciones veedoras de derechos humanos denuncian serias irregularidades cometidas por la Fuerza Pública. Esto involucraría violaciones a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a los protocolos de las instituciones encargadas de atender estos hechos. Además, luego de las declaraciones de militares, del ministro Diego Molano y del presidente Duque, se encuentra una preocupante justificación de operaciones militares por encima de la vida de la población civil. 

No es la primera vez que la administración de Molano se ve involucrada en actuaciones francamente cuestionables, como la noticia falsa que difundió en el Paro Nacional sobre un supuesto ataque cibernético contra el Ministerio y que terminó permitiendo la persecución de voces críticas sin orden judicial. O la misma postura con la que rodeó a la Policía durante el Paro mientras cometían diversas violaciones de derechos humanos contra los manifestantes. 

Pero el antecedente más grave en la gestión de Molano como ministro de Defensa, hasta ahora, fue el bombardeo a campamentos de grupos al margen de la ley donde se encontraban menores de edad reclutados y con los cuales el Estado tiene la obligación constitucional de protegerles. En esa oportunidad Molano justificó el hecho llamando a los menores “máquinas de guerra”.  

Con la operación llevada a cabo en la vereda Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo, la responsabilidad de las fuerzas armadas llega a otro nivel de gravedad según diferentes expertos. Pero antes de entrar en este análisis, vale la pena recoger algunos puntos clave que se conocen hasta ahora de lo ocurrido. 

Según las autoridades, la operación militar se dirigía contra Carlos Emilio Loaiza Quiñonez, alias Bruno, y el comandante conocido como Managua de las disidencias autodenominadas ‘Segunda Marquetalia’. Esta acción estuvo liderada por el mayor general Édgar Rodríguez Sánchez, jefe del comando conjunto No. 3 Suroriente e investigado por la Jurisdicción Especial de Paz por 56 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Dicha operación abre una serie de preguntas que pone en aprietos el papel de las fuerzas armadas como garantes de la seguridad y la vida de las y los colombianos. 

Un equipo periodístico de los medios Cambio, El Espectador y Vorágine encontraron varias anomalías en las que coinciden no solo la población del caserío, sino habitantes de Puerto Leguízamo y Puerto Asís, además de los equipos de la Fiscalía y expertos particulares que analizaron la escena tras la matanza. Entre los hallazgos más relevantes está la manipulación de los cuerpos y de la escena del supuesto enfrentamiento. Los relatos que mencionan a los militares entrando con ropa negra y barba o cara tapada, haciéndose pasar por un grupo guerrillero, y la triste sorpresa para los civiles al descubrir que los hombres de negro que les habían atacado luego vestían camuflados oficiales del Ejército, hacen parte de los detalles de la investigación. 

El ministro Molano ha hablado de fuego cruzado donde “se dio de baja a guerrilleros”, pero los relatos de los pobladores demuestran que por lo menos cinco personas no pertenecían a ningún grupo armado y fueron asesinadas. Entre las víctimas están el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa en embarazo, un gobernador indígena y un adolescente de 16 años. Asimismo, la escena no cuadra con la versión del fuego cruzado si quienes portaban armas y estaban en la fiesta en todo caso no estaban en posición de combate, pues se encontraban en el remate tres días de un bazar para recaudar fondos para la vereda.

A esto se le suma la tardanza de varios días para la llegada de la Fiscalía, tiempo en el cual los militares estuvieron a cargo del poblado, retuvieron a la población por varias horas en la cancha de fútbol, no les dejaron atender a sus heridos ni sus muertos y aparentemente robaron dinero y botellas de Whisky de los pobladores. A partir de fotografías, el equipo periodístico muestra la reubicación de los cuerpos y la disposición de armas de fuego y prendas militares con el fin de alterar las pruebas para investigar lo acontecido.

La gravedad de lo ocurrido y sus dimensiones 

Para Kyle Johnson, analista del conflicto colombiano en la Fundación Conflict Responses, los hechos son gravísimos por donde se les mire. “Si fue un ataque contra la población civil es una clara violación de los derechos humanos pues sería un asesinato de civiles por parte del Ejército. Si fue una operación contra un grupo armado es una violación al Derecho Internacional Humanitario-DIH. Es gravísimo en el sentido legal, moral y político. Y el hecho de que no sean capaces de distinguir entre miembros de un grupo armado y civiles, así esos civiles estén involucrados en actividades ilegales, es muy problemático”. 


“Esto mismo se ha justificado cuando han matado niños y civiles y dicen que es legítimo porque ahí hay un grupo de disidentes”


En cualquiera de los dos escenarios que se desprenden de esta situación hay una acción del Ejército condenable. Para Camilo González Posso, director de Indepaz, lo más complicado no son solo los hechos, sino las doctrinas que está impulsando el Ejército en sus operaciones. “Primero, hay una falla de inteligencia militar total que justifica un operativo contra un llamado ‘objetivo de alto valor’, pero en realidad desencadena una acción contra la población en el bazar. De allí sacan la conclusión de que es legítimo disparar o hacer operación de aniquilamiento cuando hay aviso de un objetivo de alto valor así se encuentre la población civil presente. Esto mismo se ha justificado cuando han matado niños y civiles y dicen que es legítimo porque ahí hay un grupo de disidentes”.

De acuerdo González Posso, hay adicionalmente una revictimización que surge tras el anuncio de diferentes miembros de las Fuerzas Armadas sobre la posible repetición de este tipo de acciones, que son crímenes de lesa humanidad, cuando crean que hay objetivos de alto valor mezclados de civiles y que los civiles son bajas colaterales.  

Aunque para Johnson es difícil determinar si este accionar hace parte de la doctrina militar, sin duda muestra que en el Ejército no está primando el DIH como marco rector para sus acciones. “Si el ejército dice que este es un grupo armado organizado, involucrado en un conflicto armado no internacional con el Estado, debería primar el DIH, pero lo violaron”- dice. “Lo que creo es que hay una interpretación del DIH y del contexto en que opera muy ambigua sin rendición de cuentas, ni castigo”.  

Contra la pared: los civiles acusados de colaboración con el terrorismo  

El lugar de la población civil en este caso es un elemento de análisis adicional clave que subyace en las justificaciones del ministro Molano y del gobierno de Duque en esta y otras operaciones del Ejército donde se vislumbra la violación del DIH y de los derechos humanos de la población civil. 

En un país con un conflicto armado tan largo como el colombiano, con más de nueve millones de víctimas, es evidente que muchos civiles tendrán que relacionarse con los actores armados. Un juicio en otro sentido solo es un desconocimiento muy grande de la guerra en Colombia. Para Angela Olaya, cofundadora y analista de la Fundación Conflict Responses, lo que pasó en Puerto Leguízamo muestra algo que ha ocurrido a través del tiempo en el conflicto armado y que la gente parece olvidar, esto es la denominación de la población civil como colaboradores de los grupos armados. “La fuerza pública, sin mayor cualificación de ese concepto, define que básicamente cualquiera puede ser colaborador por acción o por omisión, desde dar un vaso de agua hasta compartir en una fiesta comunitaria con actores armados o no colaborar con la fuerza pública”. 

A su vez, Kyle Johnson indica que otro elemento discutible está en los criterios de inclusión de población civil en la llamada “red de apoyo al terrorismo”, que tienen tanto el ejército como la Fiscalía. Esta es una categoría que se aplica a las personas acusadas de ser colaboradoras de grupos armados. Lo complicado del uso de este rótulo es que el criterio para incluir a alguien en esa red es supremamente bajo, según explica el investigador, como no venderle algo de la tienda al Ejército. “Esto incluye muchos escenarios donde las personas tienen poca agencia porque viven bajo amenaza o les toca convivir con el actor armado pues el Ejército llega y se va. Es muy fácil caer en ser acusados de colaboradores”. 


“Ese era el mismo argumento de los grupos paramilitares para masacrar a población civil en territorios donde la guerrilla tenía presencia o control militar. 


Sin embargo, Johnson aclara que, en cualquier caso, la red de apoyo al terrorismo se refiera a civiles y por tanto no es un pretexto para atacarlos como ocurrió en Putumayo. “En los últimos veinte años no se ha hecho ningún cambio en los criterios para entrar ahí y por cualquier acción mínima pueden ser acusados de ser parte de esa red en medio de una dinámica donde el Ejército llega y se va y deja a la población civil contra la pared muy fácilmente”. 

En los contextos de recrudecimiento del conflicto armado, la población civil difícilmente, por no decir que nunca, puede abstraerse de la relación con los armados. Lo más grave es que eso termine justificando volverla objetivo militar. Una muestra muy lamentable de que esto ha pasado a lo largo del tiempo es señalada por Olaya, porque ese era el mismo argumento de los grupos paramilitares para masacrar a población civil en territorios donde la guerrilla tenía presencia o control militar. “Eso es supremamente problemático porque desdibuja la indefensión de la población ante la presencia de grupos armados en un territorio y la relación que la población sí o sí le toca establecer con este grupo”, dice. 

Más allá de la necesidad de claridad en los hechos y la urgencia de determinar qué pasó en Alto Remanso para que esto no justifique acciones militares contra población civil, los expertos coinciden en que algo así no debería pasar nunca más y que se requiere un compromiso real de las Fuerzas Armadas con el Derecho Internacional Humanitario. Mientras tanto y ante la gestión del ministro Molano, diversas voces del mundo político y la sociedad civil vuelven a exigir su renuncia. 

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