Hace más de un año y medio, Colombia se ubicó en el mapa mundial como un país progresista en la protección de los derechos sexuales y reproductivos. La razón fue la sentencia C-055 de febrero de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24, en donde la Corte Constitucional reconoció que el marco jurídico existente se quedaba corto para proteger la decisión de las mujeres[1], hombres trans y personas no binarias que desean abortar. Aunque el avance gracias a la sentencia es innegable, la implementación de lo dictado por la Corte anda a paso lento.
Esa lentitud se transforma en inercia si analizamos la situación que enfrentan las mujeres indígenas que eligen no ser madres. A los limitantes producto de la inequidad social que viven los pueblos indígenas en general para acceder al sistema de salud, se suman otros derivados del estigma que persiste sobre el aborto tanto en indígenas como en mestizos y que frena la información sobre este derecho. Las restricciones adicionales que imponen algunas autoridades indígenas sobre las mujeres comuneras que buscan un aborto a través de las EPS indígenas o Entidades Promotoras de Salud Indígena (Epsi), crean una triple barrera que impide que sus derechos reproductivos sean respetados.
Como si esto fuera poco, unos meses atrás, la Corte Constitucional resolvió dos tutelas sobre una joven (tutela T-158/23) y una niña indígenas (T-430/22), a quienes les fue negado el aborto en su EPSI por la decisión de las autoridades étnicas de no permitirlo. En sus pronunciamientos, la Corte creó una preocupante confusión sobre el acceso al aborto. Vale aclarar que las dos sentencias de tutela surgieron de discusiones en “salas de revisión”, es decir que no es la Corte Constitucional en pleno la que se reúne, sino sólo algunos de sus integrantes. Además, estos fallos tienen menor peso que las sentencias de “sala plena”, como la que dio paso a la despenalización del aborto hasta la semana 24.
La confusión que generaron estos pronunciamientos de la Corte se dio porque, a pesar de reconocer las fallas en el acceso a la IVE para la joven y la niña indígenas, se dejó una gran ambigüedad en dos aspectos. Uno, en la postura que indicaba que el aborto no se podría considerar un derecho que deba ser garantizado por el Estado; y dos, porque invitaba al diálogo interno e intercultural para “armonizar el derecho propio, las prácticas culturales diferenciadas y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, pero no fue contundente en la protección de los derechos de las comuneras cuando deciden no continuar un embarazo.
El pasado 11 de octubre la Corte, por decisión mayoritaria, anuló estas decisiones por considerarlas incongruentes con lo que ya se había decidido respecto a la protección del derecho al aborto desde 2022. La decisión clarifica el enredo que había creado la misma Corte y que daba pie para establecer indebidamente barreras adicionales para el acceso a la IVE entre las comuneras.
Para comprender mejor las tensiones que se viven en este momento entre el respeto al gobierno propio de los pueblos indígenas y las solicitudes de las mujeres comuneras para acceder a este derecho, dos lideresas indígenas nos explican las graves consecuencias de tales restricciones en las vidas de niñas y mujeres de sus comunidades.
El costo de ser wayuu y declararse abortera
Jazmín Romero Epiayú tiene 43 años y es activista desde los 12. Era imposible no serlo. Nació en una familia wayuu en la que su abuela y su abuelo le inculcaron la importancia de la organización colectiva. Ella añadió a las luchas de su familia la preocupación por los derechos de las mujeres y del ambiente, lo que la acercó al ecofeminismo. Ahí encontró respuestas a los problemas que más afectaban su entorno; por un lado estaban los megaproyectos como la explotación de carbón a cielo abierto, y, por el otro, las duras condiciones de vida de niñas y mujeres.
Las inquietudes de Jazmín y otras 25 mujeres de la Guajira confluyeron en la creación del Movimiento Feminista Niñas y Mujeres wuayuu. Al centrar su lucha en esta población, sus voces se hicieron imprescindibles, pero en el proceso se han chocaron con grandes reticencias de su comunidad, especialmente de las autoridades que son encabezadas por hombres.
El pueblo wayuu es el grupo indígena más numeroso de Colombia y el linaje en estas comunidades se hereda por la línea materna. Esto tiende a confundirse con un supuesto matriarcado, algo muy alejado de la realidad, según explica Jazmín: “Aquí hay una cosa que es falaz, y es que venden mi cultura como un matriarcado. Esta es una cultura matrilineal, pero es machista y patriarcal, pues se vulnera el derecho a la participación de las mujeres constantemente”.
A pesar de las críticas de algunos integrantes de su comunidad, ellas decidieron hablar en público de los tabúes que han privado de autonomía a sus cuerpos, así llegaron a hablar de violencia de género, de matrimonio infantil e incluso a declararse “libremente aborteras”, como cuenta con orgullo Jazmín. La curiosidad las hizo recurrir a las abuelas y allí encontraron respuestas. “Entrevistamos a nuestras abuelas y vimos que el aborto es una práctica ancestral. No es que nosotras queramos abortar, sino que hay unos derechos consagrados para uno también. Nos han atacado mucho, pero hemos tenido la valentía de luchar por la reivindicación y por la libertad de los derechos sexuales y reproductivos. Es sencillamente eso. No tiene nada que ver con que nos vean como satánicas porque abortamos. Nosotras venimos planteando esto en términos de derechos, de la libertad, del decir ‘Yo decido por mi cuerpo y decido lo que quiera hacer en mi vida’”, explica.
Jazmín menciona varias barreras que limitan el derecho a abortar, que van desde lo institucional hasta lo cultural. El mayor ejemplo está en la exigencia que hace la EPSI a la mujer para que entregue un consentimiento de las autoridades indígenas. “Eso las expone, porque primero hay que preguntarle a la autoridad o a un mayor para que dé su consentimiento y ella pueda abortar. ¡Imagínese, eso todavía existe!”, dice llena de indignación.
Algo que le genera gran preocupación es lo que ella llama “la intromisión de la religión en la cultura”. Como literata que ha dedicado su vida a la investigación, Jazmín ha pasado mucho tiempo analizando a las personas que se oponen a estos derechos. Ha visto la proliferación de biblias traducidas en idioma wayuu y la influencia de grupos religiosos que se oponen al aborto. Por eso habla con claridad de la doble lucha que tienen que dar como mujeres indígenas: “tenemos la lucha antipatriarcal para contrarrestar el machismo al interior de nuestra cultura con hombres y ciertas mujeres, pero también está la intromisión de estas religiones”.
Además de esto, el gran reparo que reciben de parte de sus compañeros wayuu es la designación de sus luchas como algo occidental. “Uno lo que encuentra en esta cultura es que siempre ha estado muy cerrada. Si tú abres el tema ya no haces parte de la cultura. Te denigran, te desprestigian. Yo a veces les pregunto ‘¿a ustedes quién los ronda cuando, por ejemplo, se ponen ropa occidental?’ Eso podría ir en contra de nuestra cultura, ¿no?”. Deja la pregunta al aire porque quiere señalar el doble racero con el que se ven los derechos de las mujeres en muchos grupos indígenas.
“Nuestros derechos son procesos de lucha y resistencia. Cuando uno escucha los discursos de los hermanos del Cauca, por ejemplo, ve que ciertas organizaciones son muy machistas, como la ONIC, el CRIC. Yo les he dicho ‘Ustedes hablan muy bonito de la Madre Tierra, pero se la pasan profanándola con sus actuares, con todo lo que les niegan a las mujeres y a las niñas’. No reconocen que hay unos derechos que necesitan ser reivindicados como el derecho a la igualdad, tal como ellos tienen sus derechos. Ha sido una lucha decir lo incoherente del sistema organizativo patriarcal de los hombres indígenas y decir que nos oponemos a eso”.
Sus preguntas incómodas la han puesto en situaciones desagradables e incluso riesgosas. La defensa de los derechos de niñas y mujeres es desacreditada como algo va en contra de las tradiciones. Jazmín con contundencia remarca la contradicción en eso de lo que es acusada: “Los derechos de las mujeres son occidentales, pero otras tradiciones sí son bienvenidas. Eso es la doble moral para sus propósitos. Y ha sido duro. De hecho, el año pasado yo recibí una fuerte amenaza y estigmatización”.
Buscar el equilibrio entre la cosmovisión y las decisiones de las mujeres indígenas
Tatiana Marcela Gómez Betancourt se presenta con sus dos nombres y sus dos apellidos. Es una mujer indígena embera chamí y su acento la ubica de inmediato en alguna parte de la región del eje cafetero. Tatiana es una mujer con una trayectoria admirable. Estudió administración pública y luego una maestría en estudios para la paz que la encauzó hacia la defensa de los derechos de las mujeres de su comunidad. Nació en el Resguardo indígena Escopetera y Pirza, uno de los cuatro resguardos que tiene el municipio de Riosucio, Caldas.
Su trabajo con comunidades que aún son hablantes de la lengua Embera Chamí, le ha permitido mantenerse al tanto de las necesidades más inmediatas de las mujeres y los derechos humanos, incluidos los sexuales y reproductivos. Su propia experiencia no es lejana de esta realidad. Cuando salió de su comunidad para estudiar en la universidad, sintió que no encajaba del todo y que se encontraba entre dos mundos. Llegó a primer semestre siendo mamá de tres niños y de entrada recibió tanto el prejuicio de sus compañeros por tener “muchos hijos”, como el choque personal al conocer otros proyectos de vida, siendo mujer, donde la maternidad no era el único destino. Eso la motivó a trabajar por los derechos de otras mujeres a decidir sobre sus vidas y ahora es el punto de conexión como enlace étnica para las comunidades indígenas de su departamento.
Gómez coincide en identificar que las barreras que tienen las mujeres indígenas para acceder al aborto se encuentran principalmente en las EPSI. Por ejemplo, la AIC (Asociación Indígena del Cauca), una de las más grandes del país, envía la orden de Interrupción Voluntaria del Embarazo que presenta la mujer a las autoridades étnicas. Esto tiene un gran impacto en el ánimo y la privacidad de ellas, que de entrada son expuestas públicamente y, como lo han demostrado varios casos, luego reciben la negación del procedimiento. Por eso “las mujeres se abstienen de solicitar la IVE, porque cuando envían la información a las comisiones de justicia de cada resguardo, en ese trasegar mucha gente se da cuenta y eso genera un malestar en la mujer indígena”. Por eso cree que lo que pasa con la AIC es un tipo de violencia.
Otro limitante que reconoce Tatiana está en el uso de la espiritualidad. Según cuenta, en algunos cabildos hacen limpiezas y sanaciones para mostrar la carga energética que tiene un aborto, algo que necesariamente pesa en las decisiones que pueda tomar luego una niña o una mujer. Asimismo, menciona que buena parte de esta situación tiene que ver con la precariedad en que viven muchas mujeres de las comunidades que no conocen sus derechos y en donde se hace evidente la necesidad de promover su autonomía. “Es triste que otros decidan por uno. Deben vernos como mujeres indígenas con derechos”.
Las mujeres indígenas que defienden la autonomía y la libertad suya y de sus compañeras viven en tensiones muy profundas con sus comunidades. Tatiana por ejemplo insiste en que es fundamental mantener el valor de su cultura, pero sin dejar de defender los derechos de las mujeres ante tantas cosas impuestas y buscar un equilibrio entre los valores colectivos y las decisiones de cada una: “Poniendo en una balanza la cosmovisión de nosotras como dadoras de vida y en otra nuestras decisiones como mujeres indígenas, veo que se necesita más empatía para entender las razones de peso de esa mujer indígena para decidir interrumpir su embarazo”.
En este sentido recalca en la importancia de escuchar a las mujeres, pues “como indígenas hemos estado siempre detrás de los hombres y es muy usual que nuestras comunidades estén muy marcadas por el machismo. Esto hace que seamos doblemente maltratadas y violentadas, porque nos enseñaron a callar. Por eso, cuando una mujer indígena habla, es porque ya está a punto de reventar”.
El subregistro en estos casos no debe distraer de su importancia
Los relatos de estas dos lideresas indígenas coinciden con lo que organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres han documentado, según los casos que atienden cotidianamente. Esta organización que acompaña a mujeres a sortear las barreras que les impide ejercer la voluntad de interrumpir un embarazo, tiene un registro que, aunque parece pequeño, es diciente. Entre el 22 de febrero de 2022 (cuando se conoció la sentencia C-055) y el 31 de julio de 2023, su equipo atendió a 14 mujeres indígenas. Nueve de ellas necesitaron un apoyo económico para trasladarse hasta la ciudad donde se realizaría el procedimiento. Esto significa que ellas no contaban con los recursos propios para hacerlo y que en su territorio no tenían acceso a la IVE. Es muy posible que los casos sean mayores, pero no lleguen hasta este tipo de organizaciones.
La Mesa ha podido caracterizar algunas de las barreras que encuentran las mujeres indígenas en dos grandes grupos. Por una parte, están aquellas afiliadas a AIC, que al ser una EPSI grande, recibe muchas más solicitudes. El otro grupo es el de las no afiliadas a AIC. Para las primeras la barrera es clara y surge desde el paso cero, pues esta EPSI remite la consulta a los resguardos para que sean éstos las que autoricen o nieguen el acceso al procedimiento (como ocurrió en las dos tutelas que revisó la Corte Constitucional). Bajo ese panorama, es recurrente que los resguardos no tengan conocimiento de la jurisprudencia que permite el aborto antes de la semana 24 a solicitud de la mujer o persona que desee abortar, simplemente con la voluntad informada. Por el contrario, continúan actuando bajo el modelo que surgió en 2006 con la sentencia C-355, que permitía la IVE en tres circunstancias especiales: riesgos para la salud o la vida, embarazo producto de incesto o violación, o inviabilidad del feto por fuera del cuerpo de la mujer. Una de las abogadas de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres explica que en muchos de los resguardos no hay claridad sobre el nuevo marco y se espera que la mujer se encuentre en alguna de estas causales. En un segundo grupo están las que acuden a otras EPSI en donde hay una total ausencia de servicios de IVE. Eso evidentemente acarrea una enorme barrera porque, por ejemplo, deben asumir costos de traslado a otros lugares donde se pueda hacer el procedimiento.
Estos son algunos de muchos otros limitantes que tanto las lideresas indígenas, como las organizaciones acompañantes han identificado. Muchas de estas barreras afectan especialmente a niñas menores de 14 años que son forzadas a ser madres. El nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional permite clarificar un poco la tensión entre la autonomía de los pueblos indígenas y la protección de derechos de niñas y mujeres comuneras. Algunos expertos reconocen que hay esfuerzos en algunos pueblos por prepararse mejor ante la nueva jurisprudencia, respetar el marco constitucional, mejorar las vías de diálogo interno y dejar de lado los modelos patriarcales. Sin embargo, las condiciones actuales siguen siendo muy adversas para las indígenas que deciden abortar.
Jazmín concluye que los retos siguen y por eso continúan trabajando para superarlos, fortaleciendo especialmente a las más jóvenes: “Planteamos como reto que exista una política pública para que esto pueda ampliarse, que se respete la decisión autónoma propia, el consentimiento de lo que ellas digan. Las niñas empoderadas de mi organización dicen ‘sabemos sobre la IVE’ y nos cuestionan en las comunidades. Uno de los principios que tenemos es estar bien preparadas para hablarle al público y a la comunidad, conocer nuestros derechos y saber que si me llega a pasar algo y lo decido, puedo aplicar la IVE”.
[1] En este artículo se hará referencia a las mujeres, hombres trans y personas no binarias asignadas femenino al nacer como la población usuaria del procedimiento de aborto o Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ocasiones solo se mencionan a las mujeres, pero en todos los casos se entenderá que no son las únicas personas que necesitan acceder a este procedimiento médico.
