Las garantías de la jornada electoral presidencial siguen en duda

Tras un paro armado que afectó varios departamentos del país y el cuestionado papel de la Registraduría Nacional, el escenario de garantías para las elecciones presidenciales del 29 de mayo es confuso

Por  ROLLING STONE

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Colprensa

La Defensoría del Pueblo en su alerta temprana AT 004-22, estableció un escenario nacional de riesgo para el periodo electoral, incluyendo la jornada del próximo 29 de mayo. Aunque la alerta temprana fue emitida en el mes de febrero, este organismo ha seguido atenta nota los eventos asociados al conflicto armado y otros eventos que podrían poner en riesgo el desarrollo de una jornada pacífica y garantista del derecho ciudadano a elegir a sus representantes. 

En más de 80 páginas, la Defensoría hace un informe de seguimiento a la AT 004-22 y pone énfasis especial en las conductas vulneratorias a los derechos fundamentales por la acción de grupos armados ilegales que afectaron el derecho a la participación democrática tanto en las elecciones de marzo para el Congreso, así como en fechas posteriores. 

La situación que describe este informe es preocupante, pues recupera la cifra de abstencionismo que se vio en la pasada jornada (la participación estuvo por debajo del 50% y pasó del 48,82 % en 2018 a 45,87 % en 2022), y la relaciona con los hechos violentos en diferentes territorios del país. 

El deterioro de la situación de seguridad en Colombia es evidente, algo que se ha hecho notorio con especial fuerza en los últimos dos años del gobierno actual, pero que tiene orígenes anteriores. En una lectura del contexto de la Fundación Conflict Responses, la analista Angela Olaya explicó que el escenario actual es similar a la época que precedió a la desmovilización de las AUC, no solo por el aumento de homicidios, sino por una confusa lectura del papel de los actores que hay en el territorio, por parte de las autoridades. En este caso, grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC_ han tomado un papel protagónico en estos hechos violentos con cada vez más fuerza y que son una demostración de su poder, algo que tuvo su más reciente pico en el paro armado del 5 de mayo. 

Paradójicamente, las fuerzas armadas y el Gobierno Duque parecieran seguir tratando a las AGC como una simple banda delincuencial asociada al narcotráfico, pero la realidad es otra, como vimos en el paro armado. 


La gran pregunta es, ¿qué tan libres podrán ser las elecciones en territorios donde predomina el control de los grupos armados ilegales?


La doctrina del enemigo interno, propia de las políticas de seguridad vigentes, sigue enfocada en combatir a las guerrillas principalmente, algo que ya no corresponde con el escenario violento del país. Hoy las AGC son, en parte, el resultado de más de 15 años de ignorar la reconfiguración de los integrantes de los aparentemente extintos grupos paramilitares, y son el actor armado ilegal más poderoso en buena parte de los territorios. 

En medio de este contexto, las amenazas sobre la población civil son una realidad. La alerta temprana de la Defensoría recoge datos sobre el paro armado del ELN del 23 de febrero que afectó a 100 municipios de 14 departamentos del país, con aproximadamente 123 hechos violentos y conductas vulneratorias a los derechos humanos. Esto incluyó dos atentados contra la vida e integridad física de la población que no participa en el conflicto.

La alerta también presenta el resumen del paro armado de las AGC, que tuvo 170 hechos violentos contra la población civil, ocurridos en 12 departamentos y que, además de amenazas e intimidaciones, dejó el trágico saldo de por lo menos 5 homicidios. La gran pregunta es, ¿qué tan libres podrán ser las elecciones en territorios donde predomina el control de los grupos armados ilegales?

Las condiciones actuales de riesgo también han sido denunciadas por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz. En este caso no solo se han referido a amenazas recogidas en distintos lugares de Colombia, sino a la preocupación por la legitimidad que surgió del papel de la Registraduría Nacional en las pasadas elecciones al Senado y Cámara. 

El registrador, Alexander Vega, ha insistido en la legitimidad del ejercicio electoral, pero desde diferentes sectores la confianza está en duda desde el complicado proceso de preconteo de votos que tenía desaparecidos más de 500.000 para el partido de oposición, Pacto Histórico. De acuerdo con Indepaz, aunque hay medidas sugeridas por organismos como la Misión de Observación de la Unión Europea para tener una jornada sin estas fallas, la “Alerta Nacional por amenaza de golpe a las elecciones sigue en el ambiente y ya ha llevado a declaraciones de casi todas las campañas electorales llamando a vigilar el proceso el día de las elecciones y a rechazar cualquier intento de sabotaje o de sanciones provocadoras”.

La ciudadanía, pero especialmente el gobierno nacional, a través de todas sus instituciones, tienen el deber de garantizar una jornada en paz para este domingo. Esta es una medida básica para una sociedad democrática.