Algunas personas afrodescendientes en América Latina escapan a la pobreza, pero la mayoría no. Entre 2014 y 2019 esta región experimentó una disminución de la pobreza, pero eso ocurrió únicamente entre personas no indígenas ni afrodescendientes. Por el contrario, entre la población afro, la pobreza viene en aumento desde 2014, algo empeorado por la pandemia. Ese es el caso de Colombia, en donde se pasó de 39,1 % de personas afrodescendientes en situación de pobreza en 2017, a 47,8 % en 2020.
La discriminación histórica sobre estas poblaciones repercute en calidad de vida deficiente y barreras para el goce pleno de sus derechos como humanos y ciudadanos. El papel del Estado y sus políticas de inversión social son fundamentales aquí. De hecho, la superación del racismo estructural y la política fiscal tienen todo que ver, pues la forma en que se define y gasta el presupuesto representa una oportunidad clave para superar la desigualdad basada en la discriminación.
Esto es lo que indica un reciente estudio de ILEX-Acción Jurídica, llamado Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina. Audrey Mena, fundadora y subdirectora de la organización, explica que la política fiscal no debe solo entenderse como un medio de administración y gestión de los recursos, sino también como un instrumento de los gobiernos para seguir una senda de desarrollo y garantía de los derechos humanos.
Antes de seguir adelante, cabe aclarar que la política fiscal incluye las decisiones sobre el presupuesto total que usa el Estado para garantizar los derechos de la ciudadanía: seguridad, educación, salud, servicios públicos, empleo, etc. A través de la forma en que se gaste, se puede repercutir en el cierre de brechas de discriminación contra poblaciones históricamente oprimidas. Es decir, los impactos de la política fiscal adoptada por un gobierno pueden incidir en la perpetuación o el cambio en la desigualdad para poblaciones afrodescendientes.
“La política fiscal no es solo un medio de administración y gestión de los recursos, sino un instrumento de los gobiernos para seguir una senda de desarrollo y garantía de los derechos humanos”
Como se ha mostrado extensamente en anteriores estudios, la desigualdad socioeconómica golpea de manera diferenciada a la población negra afrocolombiana, que mayoritariamente vive una perpetuación de la pobreza y de falta de acceso a sus derechos (territorio, educación, salud, trabajo digno). Por esto, indica Mena, es importante que el gasto público tenga el foco en la garantía de esos derechos, así como también en el acceso a servicios y bienes públicos. En la medida en que el presupuesto de la Nación se ejecute teniendo presente esta óptica, podrá ser un instrumento para el desarrollo y para cerrar brechas.
El estudio de ILEX plantea hallazgos muy importantes que muestran la discriminación racial y étnica en países de la región, especialmente en Colombia y Brasil, y además entrega una serie de recomendaciones desde las políticas económicas para combatirla. En Colombia, por ejemplo, el documento recuerda que el Estado tiene obligaciones internacionales para superar estas barreras que siguen estando presentes.
Entre los hallazgos se muestra que las personas afrodescendientes tienen menos probabilidades de conseguir un empleo en comparación con las personas no afro. Esto se explica principalmente por el bajo nivel educativo formal y por la discriminación laboral. Para Audrey Mena, la política fiscal es fundamental para garantizar el derecho al trabajo digno de la población afrodescendiente y para que existen herramientas para cumplir con ello. “Cuanto mayor sean los estímulos fiscales desde el gasto público a la población afrodescendiente en aspectos transversales a su desarrollo personal (educación, por ejemplo) – dice-, mayor serían las posibilidades de concentrar sus actividades laborales en aspectos de mayor calidad y mejores ingresos”.
Los estudios feministas interseccionales han mostrado también que la confluencia del género y de la etnia/raza en entornos desiguales, suman más discriminación. Esto también se presenta en los hallazgos que muestran que las mujeres afrodescendientes están sobrerrepresentadas en los sectores más vulnerables de la población. Por ejemplo, el trabajo no remunerado que realizan las mujeres afrodescendientes corresponde a un 63 % del total de las personas que lo desempeñan y “esto significa una sobrecarga para ellas que replica los roles de cuidado en una lógica de encasillarlas bajo un pasado colonial, donde la función principal está en servir al otro”. Además, las políticas fiscales regresivas presentes en Latinoamérica afectan desproporcionadamente a las que tienen ingresos precarios y están en situación de pobreza. En este punto, Mena explica que el enfoque de género y de raza en la política fiscal contribuiría al cambio de las desigualdades étnico-raciales y abriría espacios para que los grupos afectados expresen de primera mano sus necesidades.
“Las mujeres afrodescendientes están sobrerrepresentadas en los sectores más vulnerables de la población”
En entornos tan desiguales como los que se viven en América Latina, ILEX enfatiza en que los programas y políticas económicas que llegan directamente a la población indígena y afrodescendiente (lo que se conoce como transferencias directas), lo hacen sin diferencia entre población empobrecida no étnica y por tanto no se detiene en las condiciones particulares de la población afrocolombiana, ni se puede rastrear con claridad el impacto que tiene en la superación de la pobreza entre estas comunidades.
Tras revisar las características y falencias de las políticas fiscales actuales, ILEX generó una serie de recomendaciones en clave de reparación y en pro del desarrollo de las poblaciones afrodescendientes. Entre ellas están:
1. Realizar esfuerzos fiscales para lograr una visibilidad estadística de la población afrodescendiente (donde siempre se incluya la variable de autorreconocimiento étnico-racial). Esto implica invertir en sistemas estadísticos robustos y confiables con enfoque diferencial y que permita mejores decisiones en la focalización de recursos. Este punto coincide con lo ocurrido en el censo colombiano más reciente y en donde la Corte Constitucional confirmó que hubo falencias que afectaron a la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera.
2. Tener un marco normativo obligatorio en el que la población afrodescendiente tenga garantías de participación directa en las asignaciones de recursos y en su seguimiento. De igual forma, este marco debe cumplir con la exigencia de brindar herramientas para diseñar, implementar y evaluar políticas fiscales con enfoque étnico-racial.
3. Disposición de presupuestos con enfoque étnico-racial, los cuales son instrumentos que desde la planeación, programación y ejecución pueden contribuir al avance de la igualdad, tratando precisamente de compensar y remediar las desigualdades.
4. Incrementar y desarrollar las capacidades técnicas y profesionales de la población afrodescendiente, así como también generar inversión en la investigación e innovación por medio de la inversión pública específica.
5. Generar incentivos tributarios para garantizar el derecho al trabajo de la población afrodescendiente que responda y oriente políticas para el desarrollo productivo en zonas clave para estas comunidades.
6. Tener sistemas de participación y seguimiento por parte de la población afrodescendiente en todos los procesos de inversión pública, además de la veeduría por parte de estos y las organizaciones afrodescendientes.
7. Un último punto central para ILEX es la garantía del derecho al territorio para esta población, ligado a una presencia institucional que apoye los mercados locales y en donde las y los afrodescendientes desde su territorio puedan administrar, gestionar y desarrollar su entorno social, cultural, político y económico.
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Ante la llegada de un nuevo gobierno a Colombia, lo que presenta ILEX parece dialogar con la expectativa ante esta etapa del país. Al respecto, Mena confirma que al estar ad-portas de una reforma tributaria, es un buen momento para pensar en una política fiscal progresiva, especialmente, en lo que respecta al gasto público, “en donde los sectores más pobres reciban una mayor proporción del gasto y puedan ser beneficiarios de bienes y servicios públicos suficientes y de calidad”, dice. Entre mejor gestionada esté y tenga un enfoque étnico-racial, esta reforma podrá tener un mayor efecto en reducir las desigualdades de poblaciones como las afrodescendientes.
Aunque el documento no menciona una petición política puntual hacia el nuevo gobierno, es evidente que la presencia de una figura como la de Francia Márquez y sus luchas en términos de justicia racial, ponen en relieve las reflexiones y los retos sobre las distintas formas de desarrollo en los territorios donde predomina la población afrodescendiente. Como se muestra desde ILEX, muchas de las limitaciones en estas regiones “se deben a la falta de reconocimiento de quiénes somos, es decir, a no reconocer que en las periferias y en las zonas rurales de regiones como el Pacífico y el Caribe funcionan las cosas de manera diferente, y no se pueden tener las mismas lógicas sociales y económicas para la población no étnica, sobre todo porque en una mayoría de población rural dispersa”.
