Luego de los ataques en Cali, Valle del Cauca y Amalfi, Antioquia, se mantiene la tensión por la violencia que enmarca la realidad nacional. Las autoridades en Cali confirmaron que seis personas murieron y al menos 77 resultaron heridas tras el atentado con explosivos perpetrado el pasado 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez. Este incidente, sumado al derribo de un helicóptero oficial en Amalfi, Antioquia, y la muerte de 13 policías, genera preocupación y pone en entredicho la política de “Paz total” del presidente Petro, así como la capacidad de ataque de los grupos ilegales.
El Gobierno responsabilizó al Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC, lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, por el reciente ataque en Cali. En la madrugada del viernes fueron capturados dos hombres presuntamente vinculados al atentado y a este grupo armado. Walter Esteban Yonda Ipía, de 23 años y oriundo de Corinto (Cauca), y Carlos Steven Obando Aguirre, de 26 años y natural de Cali, fueron señalados como presuntos responsables del ataque. De manera paralela, fue capturado en Cundinamarca el hermano de Mordisco, Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis.
En este escenario de intensificación de los hechos violentos y las muestras de poder de los grupos armados, surgen preguntas sobre el enfoque de seguridad que el Gobierno Petro ha dado y sus resultados, así como a la configuración actual de la gobernanza criminal en buena parte del país, en el marco de una cara nueva del conflicto armado y a la criminalidad, luego del Acuerdo de Paz de 2016.
La respuesta del Gobierno
El presidente Petro estuvo en Cali junto al ministro de Defensa y la cúpula militar para encabezar un consejo extraordinario de seguridad. Allí descartó decretar la conmoción interior, pero anunció medidas de refuerzo militar en zonas críticas del Valle del Cauca y el norte del Cauca, como Suárez, Buenos Aires y Jamundí.
El mandatario explicó que el atentado sería una retaliación de las disidencias tras una operación militar en El Tambo (Cauca), donde fueron incautadas más de 200 partes de fusil en la vereda Honduras. “No golpearon las instalaciones de la base militar, pero el golpe a la ciudad de Cali es profundo, brutal y de terror”, dijo Petro. A su vez, pidió al mundo que declare como terroristas a este y otros grupos que operan en torno a economías ilegales, principalmente el narcotráfico.
El jefe de Estado agregó que la ofensiva criminal refleja la presión de la Fuerza Pública en zonas como las del Cañón del Micay, que es estratégica para el tráfico de droga.
Por el momento, la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, han denunciado intimidaciones por parte de grupos armados.
Entre la “Paz total” y la violencia: el difícil cierre de gobierno para Petro
La intensificación de la violencia armada en Colombia, así como la fuerza de los grupos armados al margen de la ley, genera preocupación en todo el país. Tras un Consejo de Seguridad en Cali, el presidente Gustavo Petro calificó como una “masacre” el reciente atentado y lo atribuyó a la reacción de los actores armados por la incautaciones de armas y explosivos en el Cauca.
Entre 2023 y julio de 2025, el Valle y el Cauca han sufrido 245 ataques, con 8 atentados solo este año en Cali, según la Fundación Ideas para la Paz. La violencia en la región es constante, aunque se vive de manera más dura en la ruralidad. Para afrontar la crisis de seguridad, el presidente anunció nuevas medidas, enfocándose en la lucha contra la producción de cocaína. Además, mantiene activo un Puesto de Mando Unificado en Cali y ha emitido nuevos decretos para enfrentar la situación en la zona.
Estos incidentes se producen en un momento complejo, en medio de la intensificación de las operaciones militares contra los grupos armados, pero también en medio de los limitados avances de la política de “Paz total” de Petro. Es así que los ataques violentos se reconocen como una estrategia para torpedear esta política, como respuesta de los grupos que se retiraron de las negociaciones. A esto deben sumarse las consecuencias de la baja implementación del Acuerdo de Paz de 2016, que desde los Gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, traían saldos muy negativos en materia de seguridad y violencia contra líderes sociales y firmantes.
Además, no podemos olvidar que estos hechos ocurren en el marco del periodo preelectoral de 2026. Históricamente estas han sido épocas de aumento de la violencia en Colombia, donde se ponen en juego las tensiones de poder entre los distintos actores de la criminalidad y el conflicto armado, y que, por el momento, ponen una presión muy alta en el último año de gobierno del presidente Petro.
