Muy cerca al corazón de Jalisco, en Teuchitlán, a una hora de la ciudad de Guadalajara, el hallazgo del Rancho Izaguirre se ha convertido en la muestra del horror deshumanizante de la violencia en México.
Según Guerreros Buscadores de Jalisco, una organización civil de personas buscadoras, fue gracias a varias llamadas anónimas alertando sobre el lugar que volvieron allí a principios de marzo. Aunque las autoridades ya habían investigado el sitio en septiembre de 2024, aparentemente no encontraron restos humanos en ese momento, a diferencia de lo que ha descubierto ahora este colectivo.
Este sitio al parecer era utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación y operaba como un centro de entrenamiento para jóvenes reclutados por la organización criminal. Pero, y la novedad del caso radica allí, además de estas actividades de entrenamiento, las cantidades de ropa, zapatos y los restos óseos muestran que pudo ser usado como lugar de exterminio para aquellos que ya no eran útiles para el grupo. Las imágenes de las pilas de objetos personales permiten hacerse una idea de las magnitudes de esta tragedia.
Aunque la desaparición forzada es un crimen de larga data en México y de hecho, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO), solamente desde enero del 2000 hasta febrero de 2025, hay un total de 111,510 personas reportadas como desaparecidas, el hallazgo de Rancho Izaguirre plantea una nueva cara de este hecho victimizante. Jalisco, por ejemplo, es uno de los estados más afectados, con cerca de 13,732 reportes en este mismo periodo.
En este punto son más las preguntas que las respuestas que se hace México sobre este lugar. ¿Se trataba de un “campo de exterminio”? ¿Cómo llegaron tantas personas hasta este lugar? ¿Qué fue lo que realmente pasó allí? ¿Hay otros lugares usados con los mismos fines? ¿Quiénes son responsables? ¿Las autoridades sabían lo que allí pasaba?
Las dudas siguen sin resolverse y aunque es muy impactante la noticia, sobre todo por lo masivo de lo encontrado, puede quedarse así, como una noticia más. Especialmente quedan dudas por el papel de las autoridades, pues surgen teorías que apuntan a una posible omisión en sus funciones cuando en 2024 allanaron el Rancho o si incluso su falta de diligencia está relacionada con la protección de los cárteles por parte de funcionarios públicos.
Hasta el momento, los grupos de buscadores han localizado varias fosas tipo crematorio, restos de huesos calcinados, así como ropa, mochilas y objetos personales que estarán disponibles para que las familias de otros tantos miles de desaparecidos puedan acercarse e identificar posibles víctimas.
Por el momento recogemos algunas partes de esta historia incompleta:
Septiembre 2024:
Ya desde septiembre de 2024, las autoridades locales de Jalisco conocieron la existencia del rancho. En ese momento fue asegurado durante un operativo de la Guardia Nacional. Allí detuvieron a 10 personas, liberaron a dos secuestrados y se descubrió un cadáver. Aunque las autoridades usaron herramientas de excavación y análisis, reportaron que no se encontraron más restos humanos ni otros indicios. La Fiscalía de Jalisco asegura que el terreno ha permanecido desocupado desde entonces.
Ante los recientes hallazgos, tan evidentes en magnitud, surge la pregunta de cómo no se detectaron antes. Los cuestionamientos apuntan tanto a las prácticas de investigación de la Fiscalía estatal, como a otro tipo de motivos por los que no se investigó el lugar. En seis meses las autoridades no avanzaron en otros descubrimientos.
Marzo 2025
El 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, formado para llenar los vacíos de las autoridades en la búsqueda de familiares dados por desaparecidos publicó sus primeros hallazgos: cientos de pertenencias personales, casquillos de bala, cartas de despedida, restos óseos y tres crematorios clandestinos. Posteriormente encontraron más.
Con llamadas anónimas que las y los animaban a entrar al Rancho, el colectivo encontró material más que suficiente para que esta investigación tuviera otros alcances. Su gran sorpresa fue ver que fuera desde sus propias manos que surgieran estos descubrimientos que indican, por lo menos, que este era un centro de capacitación del crimen para cientos de nuevos integrantes del cartel. Además, que el sitio fue usado para asesinar a muchos de ellos. Aún no se sabe a cuántos.
A raíz de este hallazgo, el fiscal general Alejandro Gertz Manero presentó un informe sobre la omisión de la fiscalía local en la primera inspección del terreno en 2024, exigiendo que se entregaran todos los informes relevantes para esclarecer el caso. La fiscalía descató la falta de registro de evidencias y huellas por las autoridades locales, la no investigación de los vehículos encontrados, tres de los cuales fueron robados posteriormente, la omisión de indagar sobre la propiedad del rancho, la falta de procesamiento científico de las zanjas para determinar si fueron utilizadas como hornos crematorios, y la ausencia de detenciones de autoridades locales señaladas como posibles vinculadas a los hechos.
El 12 de marzo, la Fiscalía local informó que se habían localizado seis fosas comunes con restos humanos y más de 500 indicios de cuerpos. Ante el descubrimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho como “terrible” y abrió la posibilidad de que la Fiscalía General de la República se encargue del caso para esclarecer los hechos. La Fiscalía de Jalisco también publicó una lista con más de 400 objetos encontrados en el lugar, con el fin de que familiares de desaparecidos puedan identificar pertenencias de sus seres queridos y que posibles sobrevivientes del lugar ofrezcan testimonios sobre lo ocurrido.
Mientras se espera que las investigaciones lleguen a alguna conclusión satisfactoria para las familias de las víctimas, no sobra reflexionar sobre la estigmatización que por años ha recaído en el discurso público sobre las víctimas de desaparición y lo que no debería volver a ocurrir. Sean las mujeres que por años han desaparecido y sus casos son minimizados desde justificaciones machistas que las ubican como “trabajadoras sexuales” o sea la criminalización que hacen los discursos mediáticos.
Como señala la teórica Sayak Valencia, en su artículo “Metáforas culturales de la desaparición forzada y la insurrección post-mortem en México”, los medios de comunicación masiva tienden a criminalizar a las personas desaparecidas al difundir narrativas de sospecha sobre sus actividades laborales o relaciones afectivas, creando una idea que las vincula con el crimen organizado o con actividades delictivas. Esta estrategia de difamación donde participa la sociedad y el Estado mexicano, revictimiza tanto a las personas desaparecidas como a sus familias, y es cada vez más cuestionada por ellas. Como dice Valencia, estas familias “no solo exigen justicia, sino que desde hace décadas se han organizado para construir una memoria social que no estigmatice a los desaparecidos y promueva la búsqueda y la reparación”. Y es justo a esa organización que hoy sabemos algo de este hallazgo impresionante y que no puede caer en la normalización de la violencia que vive este país.
