En octubre de 2022, el Centro de Zoonosis de Santiago de Cali inició una obra de remodelación de sus instalaciones destinadas al albergue de animales, en respuesta a la falta de un Centro de Bienestar Animal en la ciudad. Para gestionar esta situación, la Secretaría de Salud de Santiago de Cali firmó un contrato con la Fundación Corazón Gatuno, que permitió el alquiler de espacios necesarios para albergar temporalmente a los animales durante la remodelación.
El contrato inicial, firmado el 20 de octubre de 2022, estipulaba una duración hasta el 31 de diciembre de 2022 y un monto de aproximadamente 58 millones de pesos colombianos, pese a un acuerdo previo por 70 millones. Dicho valor disminuyó a raíz de que el traslado de los animales del Centro no se realizó en la fecha pactada, aunque las instalaciones de la Fundación estaban listas desde el inicio.
Al término del contrato inicial, la obra no se había completado, y el Centro de Zoonosis solicitó una prórroga desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2023, con un nuevo valor de 78 millones de pesos. Sin embargo, al finalizar este segundo periodo, como afirma la Fundación, la obra aún no estaba concluida, lo que llevó a una segunda prórroga del 1 de marzo al 11 de mayo de 2023, por un valor mensual de 22 millones de pesos, totalizando un aproximado de 35 millones de pesos. Durante este tiempo, la Fundación enfrentó problemas de hacinamiento y tuvo que construir nuevos espacios para todos los animales.
Al concluir la segunda prórroga, el Centro de Zoonosis continuó utilizando las instalaciones de la Fundación sin testimonio contractual o abonos monetarios, como señaló la organización en su denuncia pública. Comunicaciones entre la Fundación y la directora del Centro, Patricia Narváez, y posteriormente con la abogada, Rocío Fernández, revelaron que estaban tramitando los recursos, pero no se concretó ningún nuevo acuerdo.
Sin recibir respuesta oficial, la Fundación afirma que contactó repetidamente a las entidades, incluso notificando a Dina Marcela Cabezas, médica veterinaria del Centro de Zoonosis, quien trabajaba en las instalaciones de la Fundación durante este periodo, sin obtener una solución.
La situación se agravó en septiembre de 2023, cuando la Fundación se comunicó con María Eugenia Becerra, quien notificó a la actual directora del Centro de Zoonosis, Eliana Moreno. Durante su llamada telefónica, como describe la Fundación, esta última admitió que en efecto era conocedora de dicha deuda, pero que no había respondido ante las solicitudes de la Fundación debido a la falta de una solución.
El 16 de septiembre de 2023, en respuesta a los presuntos incumplimientos, la Fundación denunció públicamente la situación en redes sociales. Como respuesta, el Centro de Zoonosis retiró arbitrariamente a los animales de las instalaciones de la Fundación, solo para devolverlos el mismo día al no contar con un espacio adecuado, lo cual fue denunciado como maltrato animal.
A pesar de la situación, la Fundación permitió nuevamente el ingreso de los animales, siendo fieles a sus valores y principios éticos como organización, como se indica en la petición. Sin embargo, el 27 de septiembre de 2023, la exdirectora, Patricia Narváez y un miembro de la Secretaría de Salud, Tito Alfredo Brazo, se comunicaron con Corazón Gatuno y la remitieron a la subsecretaria, Doris Tejeda, quien informa que el Centro de Zoonosis dejaría las instalaciones el 29 de septiembre de 2023. Desde entonces, no ha habido ningún acercamiento para solucionar los presuntos pagos pendientes, que, en caso de ser así, ascenderían a cerca de 100 millones COP.
La prolongada ocupación y falta de apoyo monetario afectaron gravemente a la Fundación Corazón Gatuno. El valor inicial del contrato fue menor que el acordado, y la organización tuvo que rediseñar sus espacios con fondos insuficientes. Actualmente, deben al propietario del inmueble desde agosto de 2023, enfrentan procesos legales e intereses por retrasos y han negociado la entrega de este espacio en agosto de 2024. Además, la Fundación no ha podido pagar salarios, ni prestaciones a sus colaboradores desde junio del año pasado.
Con todas las pruebas presentadas, la Alcaldía de Santiago de Cali rechazó la petición de la fundación, señalando: “La Oficina de Gestión Contractual de esta Secretaría, indica que los contratos relacionados anteriormente fueron pagos en su totalidad, y que a la fecha esta Secretaría no adeuda suma de dinero alguna. La Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali, a la fecha no tiene emolumentos económicos pendientes de pago a la Fundación Corazón Gatuno, por concepto de alquiler de arrendamiento de bien inmueble”.
Frente a esto, la Fundación pretende remitir su caso a entes de control como la Contraloría y la Procuraduría, como una última esperanza de que su situación sea vista por las autoridades. Sin embargo, Corazón Gatuno afirma que, hasta el momento, tanto medios como otras organizaciones y entidades le han cerrado la puerta a la posibilidad de solventar el caso.
La Fundación Corazón Gatuno, con 14 años de labor desinteresada en favor de la fauna callejera de Santiago de Cali y el Pacífico colombiano, busca que se reconozca su esfuerzo y se resuelva la deuda pendiente para poder continuar con su misión de rescatar y cuidar animales.
Este caso lamentablemente no es un hecho aislado en Colombia. La desprotección y falta de apoyo a las fundaciones que trabajan en favor de los animales es una problemática recurrente en todo el país. Numerosas organizaciones sin ánimo de lucro enfrentan desafíos similares, incluyendo retrasos en los pagos de convenios con entidades públicas, falta de recursos adecuados y el incumplimiento de acuerdos, lo que agrava las condiciones de los animales bajo su cuidado.
Esta situación refleja una necesidad urgente de políticas más sólidas y un compromiso real por parte de las autoridades para asegurar el bienestar animal y apoyar efectivamente a quienes dedican sus vidas a esta noble causa. Según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y diversas ONGs, muchas fundaciones operan en condiciones precarias y dependen en gran medida de donaciones privadas y voluntariado, lo que hace aún más crítico el cumplimiento de los contratos establecidos con entidades gubernamentales.
Al sol de hoy, el Estado colombiano ya cuenta con iniciativas como la Política Nacional de Protección y Bienestar Animal por el Comité Gerencial del Ministerio de Ambiente, que establece lineamientos en materia de bienestar para animales de granja, callejeros, maltratados y especies silvestres víctimas de tráfico ilegal. Esta política promueve la tenencia responsable, la esterilización de animales de compañía y la creación de centros territoriales de bienestar, rehabilitación y asistencia integral de fauna doméstica y silvestre.
A pesar de estos avances normativos, la implementación efectiva y el apoyo financiero adecuado siguen siendo cruciales para garantizar que estas iniciativas se traduzcan en mejoras tangibles para fundaciones como Corazón Gatuno, que continúan enfrentando graves desafíos.
De momento, la Fundación se encuentra en una situación crítica y solicita apoyo y difusión de su caso con el fin de lograr justicia tanto para ellos como institución, como a los casi 200 animales que se quedarían sin hogar. Puedes leer a detalle el derecho de petición realizado por Corazón Gatuno a continuación:
