Los últimos días en Venezuela han estado marcados por la represión y el caos. Desde que el Consejo Nacional Electoral anunció la reelección de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, en medio de duros cuestionamientos de la oposición sobre la transparencia del proceso, la violación a los derechos humanos no ha parado de crecer. La inconformidad de numerosos sectores que se oponen a la continuidad del gobierno de Maduro los ha arrojado a las calles y la respuesta estatal ha sido brutal.
La Misión internacional de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, afirma que están ocurriendo “graves violaciones a los derechos humanos” luego de las elecciones y que la represión estatal es feroz y debe parar. El informe de la Misión reportó hasta el 8 de agosto, al menos 23 muertes en el contexto de las protestas, en su gran mayoría por disparos de armas de fuego. Las principales víctimas son jóvenes menores de 30 años. Las cifras de las detenciones arbitrarias, los heridos y asesinados son más altas de acuerdo con otros reportes.
Durante varios años, Venezuela ha ocupado los puestos más bajos en materia de protección a los derechos de su población, tanto en América Latina como en el mundo. Por esa razón, no parecen sorpresivas las alertas de la Misión, pero sí lo son. No solo se han recopilado graves denuncias sobre la brutalidad de las fuerzas armadas contra los manifestantes, detenciones arbitrarias, irregularidades sobre los procesos judiciales y medidas de aislamiento del país en el acceso a internet, sino que este 15 de agosto se aprobó una ley para fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales en el país.
A pesar del largo e infame historial sobre los derechos humanos en el país, lo que se vive hoy es nuevo y muy preocupante, como lo explica la abogada Laura Dib, directora para Venezuela en WOLA, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. En Rolling Stone en Español hablamos con ella.
¿Cuáles son las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en este momento en Venezuela?
Los mecanismos de represión no son nuevos. Venezuela es el único país de la región que tiene abierta una investigación ante la Corte Penal Internacional y desde el año 2019, la Misión independiente de determinación de los hechos, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha señalado que en Venezuela existen mecanismos de represión y una política de persecución contra la oposición y contra quiénes son percibidos como oposición. En esa categoría entra cualquier persona: defensores de derechos humanos, periodistas, ciudadanos que puedan ser percibidos como opositores. Sin embargo, el nivel de la represión, la masividad que estamos viendo en este momento y el uso de mecanismos de persecución a través de la tecnología son novedosos.
¿Por qué se prenden esas alarmas en este momento?
Es muy importante que la prensa y la comunidad internacional puedan comprender la magnitud de lo que está pasando. Nicolás Maduro habló de más de 2.000 personas privadas de la libertad. El número de personas que se tienen confirmadas hasta el 15 de agosto es un poco menor, por eso existe el riesgo de que Maduro esté hablando de una cuota que habrían de cumplir las fuerzas de seguridad.
¿Cuáles son los números que se conocen de esta represión?
Los números confirmados son 1.393 personas detenidas. De esas, 117 son adolescentes, es decir que tienen a 117 niños, considerados así bajo el derecho internacional, privados de la libertad y siendo investigados por presuntos crímenes de terrorismo. Hay 182 mujeres, 14 personas indígenas y 17 personas con discapacidad. Ni hablar de la cantidad de personas con condiciones de salud que no han podido tener acceso a sus tratamientos y de las cuales no tenemos mayor información porque se han cancelado las visitas a los centros de reclusión y detención de todo el país. La misma Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos que cumplió 6 meses privada de la libertad, no tiene en este momento acceso a la visita familiar. Por eso es que se habla de una suspensión de garantías de facto en este momento.
1.393 personas detenidas, entre ellas 117 adolescentes, y más de 23 muertos por arma de fuego. Este es el saldo de los últimos días de represión tras las cuestionadas elecciones presidenciales
¿Cuáles son los delitos que se les imputan a los detenidos?
De conformidad con las órdenes que ha emitido el propio Nicolás Maduro y el fiscal general, los tres delitos que se están imputando son: terrorismo, asociación para delinquir e instigación al odio. Por ese motivo, las personas están siendo presentadas por vía telemática ante un juez con competencia en terrorismo que solamente está en Caracas. Esto quiere decir que si una persona es privada de la libertad en Sucre, en Anzoátegui, en Bolívar o en cualquier otro estado del país, son presentados por medio de una audiencia telemática ante un tribunal con competencia de terrorismo en la capital. Esto hace que los familiares no tengan acceso al expediente, pues tendrían que trasladarse hasta Caracas para acceder a esta información. Además, no se les está permitiendo defensa privada, pues se les asigna un defensor público. Hay varios fiscales privados de la libertad en este momento por negarse a procesar a estas personas detenidas bajo esos delitos.
¿Qué formas nuevas de represión se han identificado en esta oportunidad?
La magnitud de la represión y el uso de tecnología son nuevos y preocupantes. La aplicación “Ven App” está siendo promovida y utilizada para denunciar a vecinos. Se han bloqueado aplicaciones como Teams, Signal y Twitter. Todo el uso de la tecnología para perseguir es profundamente preocupante.
¿Hay alternativas para que esta situación no siga escalando?
Sabíamos y veníamos advirtiendo desde hacía meses que estas elecciones no iban a ser justas ni libres. Se sabía que las condiciones electorales no eran las mejores y era uno de los escenarios previsibles que el gobierno no estuviese dispuesto a entregar el poder. Sin embargo, recordemos varias cosas: lo primero es que el periodo para asumir la presidencia empieza el 5 de enero, entonces todavía hay un plazo para negociar. Ese plazo también va a estar un poco mediado por lo que suceda en las elecciones en Estados Unidos en noviembre. EEUU también juega un papel importante en este contexto de las negociaciones.
¿Cree que se puede llegar a acuerdos con el gobierno de Maduro?
Se requiere una negociación. Los procesos de transición nunca son perfectos. Es muy difícil alcanzar los máximos niveles de justicia, verdad y reconciliación, pero se requiere que haya un espacio para una transición y sobre todo, poder preservar lo poco que queda del espacio cívico y de la sociedad civil que está en Venezuela en este momento haciendo un trabajo importantísimo pero sumamente amenazado.
¿Qué pueden hacer los gobiernos y sociedades de la región?
Lo que esperamos de la región es que se mantenga el llamado a la transparencia, porque las actas de escrutinio son documentos públicos al que tiene acceso cualquier ciudadano que haya participado en el acto del escrutinio. La legislación establece que ese proceso es público. Cada testigo, de cada partido, se lleva una copia del acta, de manera que es absurdo que se haya abierto una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González por haber presuntamente usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral al publicar documentos que ya son públicos.
Es de esperar de la comunidad internacional y de la región que continúe el llamado a la transparencia y al respeto de la soberanía, pero también que se busquen alternativas en un momento tan complejo para el cese de la represión. El nivel de dolor y de destrucción de familias que está ocurriendo en este momento es brutal y eso va a tener un impacto por supuesto sobre la migración.
¿Cuáles cree que son las principales repercusiones en la región de lo que está pasando en Venezuela?
Se requiere que la comunidad internacional entienda que la migración proveniente de Venezuela es una migración de carácter forzado con necesidad de protección internacional y que esta situación tiene que habilitar que se adopten medidas para la regularización migratoria de quienes están huyendo y van a seguir huyendo en los próximos días. A los vecinos como Brasil y como Colombia, que son los primeros destinos a pesar de la barrera idiomática con Brasil, esto les representa grandes presiones en términos diplomáticos. Es una situación bien compleja, sobre todo para el gobierno Petro y sus negociaciones para la Paz total.
¿Qué mensaje final le deja a las sociedades latinoamericanas?
Hay que seguir apostando para que no haya una fatiga internacional, como ya ha habido en el pasado cuando hay crisis en Venezuela. Sabemos que hay picos de crisis y luego a la gente se le olvida. No podemos permitir que eso ocurra. Creo que es muy valioso rescatar que esta crisis política en Venezuela ha derivado en una unión curiosa, independientemente de dónde se encuentren los gobiernos de la región dentro del espectro político. Han hecho un llamado en torno al respeto a la soberanía popular, es decir al voto y a la transparencia del proceso electoral. Que se normalice un gobierno autoritario que claramente no cuenta con la legitimidad electoral y que eso simplemente se pase el olvido, puede tener un impacto muy grave para la democracia en la región.
“Que se normalice un gobierno autoritario, que claramente no cuenta con la legitimidad electoral y que eso simplemente se pase el olvido, puede tener un impacto muy grave para la región”.
Los números confirmados son 1.393 personas detenidas. De esas, 117 son adolescentes, es decir que tienen a 117 niños, considerados así bajo el derecho internacional, privados de la libertad y siendo investigados por presuntos crímenes de terrorismo. Hay 182 mujeres, 14 personas indígenas y 17 personas con discapacidad.
Hay que seguir apostando para que no haya una fatiga internacional. Sabemos que hay picos de crisis y luego a la gente se le olvida. No podemos permitir que eso ocurra.
1.393 personas detenidas, entre ellas 117 adolescentes, y más de 23 muertos por arma de fuego. Este es el saldo de los últimos días de represión tras las cuestionadas elecciones presidenciales.
El nivel de dolor y de destrucción de familias que está ocurriendo en este momento es brutal y eso va a tener un impacto por supuesto sobre la migración.
