La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los escándalos de corrupción más graves del gobierno de Gustavo Petro. La decisión judicial, conocida el 11 de marzo de 2026, incluye una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación en su contra.
El caso se desprende del escándalo que estalló en 2024 dentro de la UNGRD, cuando salieron a la luz presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos destinados a atender emergencias y desastres naturales. Las investigaciones señalaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua al desierto de La Guajira, en el extremo noreste de Colombia.
Según las autoridades, el esquema consistía en direccionar contratos y recursos hacia determinadas regiones o aliados políticos a cambio de respaldo legislativo. Parte de estas revelaciones surgieron tras las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien aseguró que funcionarios y congresistas participaron en una red de intercambio de contratos por apoyo político.
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Dentro de ese contexto, la Corte Suprema investiga el papel de Manzur (partido conservador) y Manrique (CITREP), quienes integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia que revisa operaciones de endeudamiento del Estado. De acuerdo con la investigación, ambos habrían aceptado beneficios o dádivas para favorecer decisiones relacionadas con créditos del Gobierno.
Por estos hechos, la Corte Suprema les imputó el delito de cohecho impropio y consideró que existen elementos suficientes para ordenar su captura mientras avanza el proceso judicial. La investigación busca establecer si los congresistas habrían intervenido en la aprobación de operaciones de crédito del Estado a cambio de contratos financiados con recursos públicos. Ambos dirigentes ya se encuentran bajo custodia de las autoridades colombianas y a disposición de la justicia.
El caso ha generado un fuerte impacto político porque los dos congresistas acababan de ser reelegidos en las elecciones legislativas de 2026. Ahora, el proceso judicial podría tener consecuencias en sus curules y ampliar aún más el alcance del escándalo de la UNGRD, que ya ha involucrado a varios funcionarios y continúa bajo investigación por parte de las autoridades.
En este escenario también entra en juego la figura de la “silla vacía”, un mecanismo constitucional del Congreso colombiano que busca sancionar políticamente a los partidos cuando uno de sus miembros se ve involucrado en delitos graves. La norma establece que, en casos como corrupción o vínculos con organizaciones criminales, el escaño del congresista investigado no puede ser reemplazado por otro miembro de la lista del mismo partido. Si la justicia determina que los hechos encajan dentro de esas causales, las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique podrían quedar vacías durante el periodo legislativo, reduciendo temporalmente la representación de sus colectividades en el Congreso mientras avanza el proceso judicial.
