La consulta presidencial convocada por el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano ha estado marcada por la confusión y el desencuentro político. A una semana de que ocurra, su desarrollo ha estado lleno de baches.
Las demoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para tomar decisiones, las tensiones internas del progresismo y la intervención pública del presidente Gustavo Petro han convertido el proceso en un terreno incierto, tanto para los candidatos como para las y los electores.
El punto más polémico fue la decisión del CNE de prohibir el uso del logo del Pacto Histórico en el tarjetón electoral, al considerar que la coalición aún no tiene personería jurídica. Con esto, el organismo determinó que la votación del próximo 26 de octubre no puede considerarse una consulta del Pacto como tal, sino una interpartidista entre tres colectividades legalmente reconocidas: el Polo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista.
La decisión desató una crisis interna. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció su retiro de la contienda. “El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra de nuestra voluntad, en una consulta interpartidista”, escribió en redes sociales. Quintero argumenta que su intención era participar en una consulta unificada del Pacto, estructura que técnicamente aún no existe en términos jurídicos, y que por eso no está inhabilitado para competir en la consulta del Frente Amplio, prevista para marzo de 2026.
Sin embargo, la Misión de Observación Electoral (MOE) considera que su renuncia podría tener consecuencias legales y económicas. Su directora, Alejandra Barrios, señaló que Quintero ya fue inscrito como precandidato y, por tanto, debe respetar los resultados de la consulta. “Cualquier candidato, así se retire, debe acatar el resultado”, afirmó. La Registraduría deberá definir si los votos por Quintero se contabilizarán como nulos, blancos o no marcados, una decisión que se tomará junto con los partidos participantes. A esto se le suma que la decisión de Quintero puede acarrear sanciones por el perjuicio económico de su decisión para los dineros públicos. En caso de que ocurra, estas se dirigirán a las colectividades involucradas.
Mientras tanto, los otros dos aspirantes, Iván Cepeda y Carolina Corcho, han optado por continuar en la consulta. Corcho pidió al CNE reimprimir los tarjetones con la claridad de que se trata de una consulta presidencial cuyo ganador podrá participar más adelante en la del Frente Amplio. Cepeda, por su parte, solicitó que quede constancia escrita de que quien gane el 26 de octubre no quedará inhabilitado para medirse en marzo con otros candidatos.
La disputa jurídica refleja un problema más profundo: las dificultades en la respuesta de las entidades encargadas ante el ejercicio democrático de la Izquierda y las complicaciones del Pacto Histórico para consolidarse como partido político. Aunque fue la coalición que llevó a Petro al poder, su formalización legal sigue pendiente, lo que deja a sus integrantes en una zona gris institucional. Sin personería, el Pacto no puede acceder a los beneficios, logos ni mecanismos de participación propios de un partido por ahora.
El foco perdido
La incertidumbre frente a la Consulta no solo ha afectado a los candidatos, sino también al uso de los recursos públicos invertidos en la consulta y a los votantes, que hasta el momento no han tenido el tiempo suficiente para conocer sus propuestas.
En últimas este debería ser el foco, pero no ha habido el espacio para detenerse en él. Tanto Carolina Corcho, como Iván Cepeda son figuras de la izquierda que representan sectores y apuestas políticas que si bien son reconocidas, necesitan mayor espacio para comunicar sus ideas de un posible gobierno.
Con Quintero fuera, Cepeda y Corcho en carrera, y sin las claridades del CNE y la Registraduría sobre el alcance legal del proceso, la consulta ha resultado una distracción del proceso democrático que culminará en las presidenciales de 2026.
