La polémica reforma al Poder Judicial en México ha sido aprobada por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular. Con 359 votos a favor, diputados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo superaron los 135 votos de los partidos de la oposición.
La votación fue realizada en la sede alterna de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca por los bloqueos de los trabajadores judiciales en la Cámara de Diputados. Durante la madrugada de este miércoles, la reforma fue aprobada en lo general. Horas más tarde, se aprobó en lo particular y ahora pasará al Senado. Las y los diputados de la oposición planean impugnar el proceso por considerarlo irregular en distintas etapas.
La reforma al sistema judicial forma parte de un paquete de 20 reformas presentadas por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado para modificar diversas partes de la Constitución del país y contempla cambios importantes.
El punto que ha provocado más controversia es la propuesta de que más de 1,600 cargos judiciales sean elegidos por voto popular. Esto incluiría ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. Por ello, se modificaría el artículo 95 constitucional para elegir a los ministros por voto libre por un período de 12 años en lugar de 15, como es actualmente. Dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial se llevarían a cabo en junio de 2025 y en 2027.
También se prevé reformar el tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución con el fin de reducir de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte y la duración en su encargo también pasaría de 15 a 12 años.
Según el dictamen, la presidencia de la Suprema Corte “se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”. Hasta ahora, los ministros son quienes eligen a su presidente.
Entre los cambios también se plantea la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que se encarga de la administración de la Judicatura y la vigilancia de los jueces. Este sería reemplazado por dos instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Otra de las figuras que introduciría esta reforma es la de los “jueces sin rostro” en procesos relacionados con el crimen organizado. Aunque la medida busca proteger la identidad y dar seguridad a los funcionarios, distintos organismos de derechos humanos a nivel internacional han criticado el uso de esta figura en otros países por prestarse para arbitrariedades y violaciones al debido proceso, como lo han señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y las Naciones Unidas.
El proceso de reforma de López Obrador ha desatado una gran discusión y manifestaciones en su contra. El mandatario asegura que será la forma de acabar con la corrupción en los tribunales, pero muchos denuncian que pondrá en peligro la independencia de jueces y separación de poderes. Lo que tienen en común las voces que critican la reforma es el peligro de tener un sistema judicial dependiente de las voluntades políticas y la pérdida de su autonomía. La propuesta ha llevado a más de 55,000 empleados del sector judicial a un inédito paro de labores indefinido en todo el país que comenzó el pasado 21 de agosto.
La reforma también ha ganado atención internacional. La Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados ha hecho un llamado a “reconsiderar la propuesta” para salvaguardar la “independencia judicial”. Los embajadores de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme C. Clark, también manifestaron su preocupación por la reforma judicial, llevando al presidente a declarar una “pausa” con ambas embajadas.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa, ha anunciado que planea dar continuidad al proyecto.
