La iniciativa propuesta sobre la Ley Federal de Ciberseguridad por el diputado Javier López Casarín del Partido Verde y Morena será votada este mes y las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados han aprobado un acuerdo de la metodología que guiará su proceso de dictaminación.
En esencia, la ley busca prevenir y sancionar los ataques informáticos contra personas físicas, empresas e instituciones gubernamentales, pero diversos cuestionamientos han surgido acerca de los peligros de la militarización del internet, la cual permitiría la vigilancia, censura, espionaje y hasta criminalización en las redes.
La aprobación de la ley traería consigo la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la cual estará a cargo del presidente de la república y brindará el poder a la Guardia Nacional de borrar direcciones de IP, aplicaciones, dominios y sitios de internet que, según su criterio, presenten “conductas ilícitas”.
Persecución de delitos cibernéticos
Asimismo, la nueva sección de delitos cibernéticos propone una sentencia de tres a seis años de prisión a aquellos usuarios de internet que describan, diseñen o graben cualquier tipo de material digital, auditivo, fotográfico o videográfico que incite al terrorismo, discriminación, hostilidad o realice apología del odio nacional, racial, sexual, religioso, entre otros. La ley afirma que no serán acreedores de sanción aquellos contenidos en apego a la libertad de expresión.
Pero, ¿qué sigue ahora? ¿La Ley de Ciberseguridad ya es un hecho? Las juntas directivas de las comisiones encargadas de la dictaminación acordaron sostener un encuentro para analizar a profundidad el tema por lo que aún se encuentra en tempranas etapas de revisión. A la reunión asistirán representantes de las secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de Hacienda, así como de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.
Tras la junta se integrarán las opiniones de los representantes en un documento que se pondrá a disposición de la ciudadanía. Posteriormente, las comisiones distribuirán el proyecto de dictamen según el tiempo indicado por la Cámara de Diputados.
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