La denuncia por presunta violencia sexual ejercida por Julián Quintero, cofundador del proyecto Échele Cabeza y de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), sacudió a la comunidad que rodea esta importante iniciativa y reabrió un debate todavía muy vigente: la necesidad de insistir en que el consentimiento debe ser respetado bajo cualquier circunstancia y su promoción debe ser un compromiso colectivo en todos los sectores. La denuncia además ha abierto la puerta para que otras mujeres hablen de situaciones de acoso por parte de Quintero.
El testimonio fue dado por la investigadora y activista Yarelix Estrada, quien hizo pública la acusación que rápidamente se viralizó. Estrada, colega de Quintero en espacios de debate sobre reducción de daños asociados al consumo de drogas, campo en el que él ha sido un referente en Colombia y en otras partes del mundo, explicó que decidió presentar el caso de forma pública tras intentar conversar con él sobre lo ocurrido. Según afirmó, sus preocupaciones fueron minimizadas y desatendidas.
Como se ha conocido, la investigadora señaló que los hechos habrían ocurrido en julio de 2025 durante una fiesta, cuando Quintero presuntamente la tocó abusivamente mientras ella estaba “muy sedada por el alcohol” y donde él intentó además darle cocaína en contra de su voluntad. “No había absolutamente ninguna posibilidad de consentimiento o capacidad de responder o defenderme”, dijo Estrada.
Frente a la situación, la junta directiva de ATS retiró a Quintero de la dirección. La entidad, que tiene estatus consultivo ante la ONU y fue dirigida por Quintero durante 15 años, se comprometió a adoptar medidas de reparación hacia Yarelix Estrada. “Respetamos el derecho a la presunción de inocencia que ampara a todas las personas ante la justicia; sin embargo, reiteramos que este principio no impide ni limita la adopción de medidas internas inmediatas de protección, reparación y responsabilidad institucional”, afirmaron en el comunicado compartido.
Esta es la única denuncia pública, pero hemos tenido conocimiento de otras mujeres que se han acercado a Estrada para relatar experiencias en vías similares. Una de ellas, que nos pidió reserva de su nombre, aseguró que tanto ella como una amiga vivieron una situación de acoso por parte de Quintero en el contexto de una fiesta hace un par de años en Bogotá. Según su relato, el rol de liderazgo que él ocupaba le permitía ejercer un poder que derivaba en acercamientos agresivos hacia mujeres sin consentimiento ni interacción previa que pudiera sugerirlo.
Hasta el momento no existe una denuncia formal ante las autoridades. Sin embargo, organizaciones colombianas e internacionales como Dejusticia, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Humanas y el proyecto SOMA, anunciaron que revisarán sus relaciones de trabajo con ATS mientras se aclara lo ocurrido.
Entre quienes integran la comunidad que apoya y sostiene el proyecto Échele Cabeza, incluida la red de voluntariado que constituye su base y su corazón, existe una preocupación compartida: que la investigación se realice con rigor, que Quintero se mantenga apartado de la organización para evitar interferencias y proteger la credibilidad del proyecto. Varias personas consultadas insistieron en que este caso no debe opacar las contribuciones que la iniciativa ha hecho al diálogo informado, seguro y libre de prejuicios sobre el uso de drogas.
“Me siento muy triste. Esto afecta el proceso y el trabajo de muchas personas que hemos aportado durante años a una iniciativa que va mucho más allá de la fiesta: es un proyecto que impulsó políticas de consumo responsable y en el que Colombia fue pionera en América Latina”, dice una de las voluntarias que pidió no ser nombrada.
Vulnerar el consentimiento nunca tiene justificación
El testimonio de Estrada, más allá de lo que implique este proceso ante las autoridades judiciales o de la presunción de inocencia, revela la tensión sobre la responsabilidad de crear y sostener entornos seguros ante figuras de poder en todo tipo de ámbitos y sectores.
No hay justificación posible cuando se vulnera el consentimiento. Que una persona con amplio reconocimiento y aportes al campo de la reducción de riesgos en el uso de drogas, o en el campo que sea, enfrente una acusación tan grave obliga a reflexionar sobre la persistencia del machismo, los abusos de poder y los comportamientos inaceptables incluso en espacios comprometidos con causas progresistas.
Los procesos judiciales y su desenlace, en caso de haberlos, tendrán una conclusión, pero este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer protocolos internos, rutas de atención y procesos de acompañamiento para evitar que estas situaciones ocurran.
Este también es un llamado a romper los pactos de silencio y a construir entornos donde la integridad sea una prioridad. La necesidad de revisar continuamente las relaciones de poder y los riesgos que de estas se pueden derivar es una tarea incómoda pero necesaria. Mucho más en grupos donde todo parece estar dado por sentado y no se cree que estas situaciones de violencia puedan ocurrir.
No solo en la comunidad de reducción de daños, sino en todo tipo de ambientes y sectores se debe mantener este compromiso vivo sobre los mecanismos de prevención de violencias de género. Para muchos y muchas de los integrantes del sector, la denuncia de Estrada es una muestra de la importancia de contar con herramientas sólidas que protejan a las víctimas y aseguren espacios verdaderamente seguros.
En un momento en donde los avances para visibilizar y sancionar las violencias de género y contra las mujeres se sienten bajo amenaza por el avance de grupos antiderechos, mayor debe ser el compromiso para que no sean marginales estas discusiones.
