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El transporte público no es un lugar seguro para las mujeres en Bogotá

Moverse en la ciudad es un derecho que ven continuamente vulnerado las mujeres en Colombia. En Bogotá, a pesar de un protocolo para prevenir y atender el acoso en el transporte público, las situaciones son cotidianas y necesitan mejores respuestas

noviembre 3, 2022

transformative-mobility.org

Una adolescente es obligada a salir de una estación de Transmilenio, el sistema de transporte público bogotano, amenazada por un hombre con un cuchillo. El hombre abusa de ella a pocos metros de la estación vacía y no es detenido por nadie. No solo no hubo medidas protectoras, ni atención oportuna, sino que la menor de edad tuvo que seguir los itinerarios burocráticos para intentar denunciar y fue revictimizada en el proceso. El caso ocurrido el pasado 31 de octubre no es una rareza. El sistema de transporte público en Bogotá es considerado el peor del mundo para las mujeres.

Aunque la encuesta que confirmó este deshonroso primer lugar es de 2014 (Thomson Reuters Foundation), hay muchas razones para considerar que el transporte público de la capital del país es muy peligroso para niñas y mujeres. Para esto basta leer cada nueva denuncia que las más valientes publican en sus redes sociales, o dar un vistazo a las cifras del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá -OMEG. La campaña Me muevo segura, liderada por la Secretaría de la Mujer desde 2019, mostró que 3 de cada 4 mujeres consideran que la noche en Bogotá es peligrosa, 61,3% califican la sensación respecto a la seguridad en Transmilenio como “desagradable” y 27.2% como “preocupante”. Además, más del 80% de las usuarias del transporte lo perciben como inseguro o muy inseguro y más del 70% ha sido víctima o ha presenciado acoso sexual dentro o en los alrededores de TransMilenio.

El Distrito tiene un protocolo de prevención, sanción y atención de las violencias contra las mujeres en el espacio y transporte público, que claramente no funcionó en este caso. Lo que el protocolo establece es que la víctima de acoso o abuso debe solicitar ayuda a las personas que están alrededor y acudir al personal de Transmilenio para la activación de dicho protocolo, pero la víctima no encontró a nadie. Lo siguiente es comunicarse con la Línea 123 de emergencias y posteriormente a la Línea Púrpura (01 8000 112 137) para atención psicológica.

La violencia experimentada por la joven se suma a la de muchas otras mujeres que son o acosadas o abusadas en Transmilenio y que se encuentran con múltiples situaciones de revictimización que parecen un recordatorio constante de que la ciudad no es para nosotras.

A pesar de los protocolos e iniciativas de las autoridades distritales, la situación no cambia. Para Valentina Montoya, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y experta en movilidad y género, esto sigue ocurriendo por varias razones, la principal porque “vivimos en una cultura patriarcal y machista donde el cuerpo de las mujeres es un objeto y eso se vive en el espacio y transporte público. Es muy difícil que seamos una sociedad donde eso es admitido y que en el transporte público todo el mundo de repente se porte perfecto”, dice.


“Que las mujeres tengan que normalizar, aguantar y adaptarse al acoso es injusto e indigno”.


Sin embargo, hay otras explicaciones para la persistencia de este tipo de violencia. Montoya cree que también influye el hecho de que no exista en el Código penal una tipificación específica del acoso sexual en el transporte público. Aunque existe el delito de acoso sexual, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia estableció que, en la medida de que no hubiera un deseo sexual claro y que no era un hecho reiterado, lo que pasaba en el transporte público no era acoso sexual sino “injuria por vía de hecho”. Para ella, eso es muy cuestionable porque sí es reiterado en la medida en que es sistemático si se revisa la cantidad de personas que han vivido acoso sexual en el transporte público, sumado a que Bogotá sea uno de los lugares donde esto es más grave a nivel mundial.

Hay iniciativas como un proyecto de ley presentado por la representante Katherine Miranda, que busca tipificar el acoso sexual en el transporte público, pero todavía no es una realidad. En todo caso, la existencia de un delito particular tampoco es garantía de que la práctica termine, pues el nivel cultural de aceptación del acoso es tan amplio, que la prevención necesita otro tipo de medidas.

La profesora Montoya resalta que, a pesar de la existencia del protocolo contra el acoso sexual, siguen llegando reportes de mujeres que han sido violentadas sexualmente en Transmilenio, pero que además es muy grave a nivel institucional que cuando las víctimas acuden a funcionarios y Policías supuestamente capacitados en dar una respuesta efectiva de acuerdo con el protocolo, se encuentren con respuestas del tipo “¿Quién la manda a ir vestida así?”. Por eso afirma que, aunque tengamos todos los instrumentos legales, “desde que no haya un cambio cultural y no se reconozca que ese es un problema y que no son simplemente unas viejas locas que están alegando porque existe este tipo de violencia sexual, es muy difícil que haya una transformación”.

La respuesta de las autoridades sigue pareciendo insuficiente. Este es un problema que requiere la atención pública porque las cifras de acoso sexual en Transmilenio son muy altas. Aunque Montoya aclara que las cifras de abuso sexual son menores que las de acoso, la alta prevalencia de ambas hace parte de un mismo fenómeno. Que las mujeres tengan que normalizar, aguantar y adaptarse al acoso es injusto e indigno. Un ejemplo de esto es algo tristemente común y desagradable, por decir poco, como son los casos de mujeres que van a sus lugares de trabajo luego de que un hombre se masturbó encima de ellas en el transporte público y llegan con la ropa sucia a seguir trabajando.

Estas situaciones hacen muy indigna la forma de movilizarse en la ciudad, algo clave para acceder a educación, salud, oportunidades laborales, descanso, participación política, entre otras dimensiones de la vida pública. “El transporte al final es una demanda derivada y uno lo necesita para todo lo que hace parte de vivir en una ciudad. El acoso hace que estos transportes tan violentos contra las mujeres terminen afectando la calidad de vida y demás aspectos de la vida social”, explica Montoya.


La vulneración del derecho a la ciudad para las mujeres: inmovilidad, más costos y menos tiempo


El derecho a la ciudad, definido por el filósofo Henri Lefebvre en los años sesenta, como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, se encuentra en constante amenaza para las mujeres en ciudades como Bogotá.

El temor por habitar y moverse en la ciudad, a través de algo tan básico como es el transporte público, deja a las más vulnerables ante la encrucijada de no salir a la calle, tomar rutas más largas o pagar más para buscar un poco de seguridad. Valentina Montoya indica que los casos de acoso en el transporte público muestran también que este derecho a ser parte de la ciudad y tener acceso a todo lo que ofrece es vulnerado. “De acuerdo con esta ideología de la separación entre lo público y lo privado, la ciudad nunca ha sido para nosotras y cada vez que una mujer es acosada o abusada sexualmente en espacios públicos, en el fondo el mensaje es ‘entre a la casa porque usted no pertenece al espacio público’. Es algo supremamente grave”.


La ciudad nunca ha sido para nosotras y cada vez que una mujer es acosada o abusada sexualmente en espacios públicos, en el fondo el mensaje es ‘entre a la casa porque usted no pertenece al espacio público’”


Las consecuencias sobre las víctimas de este tipo de violencia no solo tienen efecto en el plazo inmediato, sino que, como resalta Montoya, cuando una mujer es víctima de violencia sexual en cierto lugar del espacio público, generalmente va a adoptar una estrategia para evadir ese lugar.

Esas estrategias usadas por las mujeres, muchas veces generan prácticas de inmovilidad, como optar por no salir a la calle después de cierta hora de la noche por temor, o terminar tomando otras rutas con recorridos más largos o mucho más costosos. Según indica la investigadora: “Las que pueden optarán por ejemplo por no usar Transmilenio, tomarán rutas más largas o tendrán que pagar por un taxi y todo eso no solo contribuye a la pobreza del tiempo, sino que también afecta sus finanzas en la medida en que implica mayores gastos para las mujeres, que ya son muchos más pobres que los hombres en general”.

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