Cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador en 2019, su juventud fue vista como un símbolo de cambio ante una sociedad francamente golpeada por la violencia y la desigualdad social. El modelo de mano dura para enfrentar el grave problema de pandillas que tiene el país centroamericano captó la atención de más del 53% de los votantes. Hoy, cinco años después, el poder del mandatario se ha extendido por fuera de lo constitucionalmente permitido, a tal punto que modificó el artículo 152 que prohíbía repetir mandato y es candidato a la reelección este 4 de febrero. Amnistía Internacional recoge numerosos testimonios del desastroso panorama de derechos humanos bajo su mandato en el documental #SinExcepción: Detrás del velo de la popularidad*.
El documental es una extensión del reciente informe con el mismo nombre, que recopila testimonios de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, periodistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. En él se advierte cómo el modelo de gobierno de Bukele, a pesar de su aparente popularidad, ha sumergido a El Salvador en una de sus peores crisis sociales desde el fin del conflicto armado interno.
En un modelo de securitización, es decir, de basar sus políticas de resguardar la seguridad del país a cualquier costo, se han documentado serios abusos estatales sobre las y los ciudadanos. Es tan alarmante la situación, que las personas que denuncian los abusos en el documental (prensa independiente, líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre otras) consideran que se está sustituyendo la violencia de pandillas con violencia estatal.
Es innegable que los niveles de violencia de El Salvador tienen todo que ver con la violencia pandillera, un fenómeno social tan complejo que involucra migrantes precarizados y deportados de Estados Unidos, narcotráfico, rezagos del conflicto armado no resueltos y, en conclusión, una enorme desigualdad social. Por esta razón, el abandono de un enfoque integral para abordar el problema de las pandillas y reemplazarlo por la militarización ha generado un impacto terriblemente costoso, especialmente para las comunidades marginadas, que son las víctimas principales de lo que se ha llamado un ciclo de abuso y desesperación.
Algunas de las consecuencias de las políticas de mano dura que han hecho famoso a Bukele, no solo en su país sino en todo el continente, incluyen el aumento de medidas de seguridad represivas, militarización de la seguridad pública, suspensión de derechos, prácticas denunciadas como tortura en el sistema penitenciario, violencias impunes contra las mujeres y población LGBITQ+, persecución a la prensa y en general hacia todas la voces críticas del presidente y sus funcionarios.
Además de la violencia explítica, en el mandato de Bukele se ha identificado un debilitamiento de la democracia, pues no solo hay irrespeto por derechos como el debido proceso y la independencia del poder judicial, sino que hay una notoria cooptación de los mecanismos de rendición de cuentas ante abusos estatales que hoy en día se usan para perseguir a los opositores.
El infierno penitenciario que se aprovecha de los más marginados
Son famosas las imágenes de los reos atados de pies y manos semidesnudos de las cárceles de El Salvador. Este tratamiento de los aparentes infractores de la ley le han representado a Bukele una fama nacional e internacional que ha sabido mercadear muy bien. No en vano antes de meterse en la política Nayib Bukele trabajaba en marketing político en las agencias publicitarias de su padre.
A lo largo de su gobierno, Bukele ha mostrado más y más dureza contra el crimen, algo que una población harta de la inseguridad por la violencia de las pandillas celebró. Lamentablemente, cada vez es más claro que para mostrar resultados de eficacia que soporten su gestión, las fuerzas policiales han hecho detenciones masivas sin ningún tipo de garantías judiciales, amparadas en el régimen de excepción que de forma conveniente el presidente ha extendido desde 2022 hasta hoy. De hecho, la protagonista del documental expone su testimonio como víctima de una detención ilegal que la llevó injustamente a pagar seis meses de cárcel. Encerrada, la mujer vivió todo tipo de violencias, incluida violencia sexual y tortura.
La “política de tortura” dentro del sistema penitenciario, como lo denuncia Amnistía Internacional, es la marca registrada del régimen de excepción. Algunas estadísticas indican más de 76,000 detenciones durante la vigencia del régimen, 102,000 personas en prisión y una tasa de hacinamiento carcelario de aproximadamente 236%. Esta radiografía de las cárceles salvadoreñas dejan a este país como el de mayor tasa de encarcelamiento en el mundo, pues tiene a casi el 2% de su población total privada de la libertad.
“Hemos documentado más de 60 casos de personas que fueron capturadas de manera arbitraria y sometidas a prisión provisional por un periodo promedio de ocho meses. Estas personas reportaron haber sido víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos en centros de detención, negación de atención médica y medicamentos, así como de haber atestiguado muertes bajo custodia estatal”, indica Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La popularidad de Bukele
Parte del éxito del régimen de Bukele se basa en su habilidad para convencer a la población salvadoreña de la necesidad de ceder sus derechos y libertades con tal de castigar a las pandillas. Es entendible que los ciudadanos tomen esta salida, pues la violencia e inseguridad del país los afecta de distintas formas. Paradójicamente, como se ha demostrado, las detenciones arbitrarias y la violencia estatal impactan especialmente a los más pobres, que representan un gran segmento de la población en El Salvador. Esto quiere decir que muchos de quienes apoyan las medidas de Bukele podrían ser sus víctimas.
Ante este desolador escenario de derechos humanos y frente a los numerosos ataques gubernamentales contra la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y acceso a la información pública, las preocupaciones crecen por la posibilidad de reelección de Bukele por un nuevo periodo, tal vez indefinido. “De seguir vigentes las mismas prácticas y políticas estatales, la crisis de derechos humanos en El Salvador solo va a profundizarse. Por ello, es indispensable que la comunidad internacional reaccione de forma contundente y articulada frente a un modelo de gestión estatal que tiene entre sus pilares la violación de derechos humanos”, enfatiza Ana Piquer.
*El documental mencionado es una producción de AMNISTÍA INTERNACIONAL y ha sido cedido temporalmente en exclusiva a Rolling Stone en Español. El material periodístico es de absoluta responsabilidad de sus autores.
