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El episodio Fujimori no se cierra: la disputa por la justicia para sus víctimas

La reciente liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, ha desencadenado un debate intenso entre las autoridades judiciales peruanas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La búsqueda de justicia para las víctimas está en peligro.

Por  LAURA VÁSQUEZ ROA

diciembre 8, 2023

Agencia EFE/Ernesto Arias - Reuters

En 2010, tras un juicio de 16 meses, la Corte Suprema de Justicia de Perú emitió una histórica condena contra Alberto Fujimori por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves. La sentencia inicial fue de 25 años de prisión y se basó en los casos ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta, dos zonas de Lima, en 1991 y 1992. Estos crímenes estaban vinculados a operaciones encubiertas llevadas a cabo por grupos paramilitares como el Grupo Colina, auspiciados por su gobierno. Fujimori fue a prisión por ser responsable de estos delitos, pero a lo largo de los años siguientes su situación penal ha cambiado. Con esta liberación se abre un nuevo capítulo en un episodio que no termina.

Cuando la justicia peruana condenó a Fujimori, se consideró un hito para la región, pues fue el primer exmandatario latinoamericano juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad, algo que usualmente ha recaído en las cortes internacionales. De hecho, en 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), emitió dos sentencias condenatorias contra el Estado peruano por los caso “Barrios Altos” y “La Cantuta”. Desde 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recibido la denuncia sobre el secuestro y posterior desaparición de nueve estudiantes universitarios y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta). El grupo fue seleccionado por militares que ingresaron al campus y señalaron de terrorismo al profesor Hugo Muñoz Sánchez y a los nueve estudiantes que tenían entre 21 y 32 años. La lucha por justicia por parte de las familias sigue en 2023, pues todavía no se han podido recuperar los restos de algunos de los desaparecidos.

Las acciones de ese escuadrón paramilitar fueron más que las de los dos casos seleccionados por la CorteIDH y por la justicia peruana para condenar a Fujimori por la estrategia de “guerra de baja intensidad”. Estas operaciones afectaron a cientos de miles de ciudadanos bajo la excusa de la lucha anti insurgente contra la guerrilla de Sendero Luminoso. Las acciones violatorias de los derechos humanos fueron recogidas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el informe sobre el conflicto armado interno vivido en el Perú entre los años 1980 y 2000.

Los ires y venires para que Fujimori pague su condena

La captura de Fujimori no fue sencilla. Primero huyó a Japón por un tiempo y finalmente fue extraditado desde Chile en 2007. Tras su condena en 2009 por estos hechos, le siguieron otros por delitos relacionados con interceptaciones ilegales, pago a congresistas, uso de dineros públicos para tergiversar la línea editorial de medios de comunicación y varios hechos de corrupción con su asesor Vladimiro Montesinos.

Durante varios años, Fujimori permaneció privado de la libertad, pero en 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, autorizó la solicitud de indulto humanitario. En 2018 volvió a ponerse en firme la condena y desde 2019 regresó a prisión. En 2022 fue nuevamente puesta en marcha la validez del indulto con autorización del Tribunal Constitucional de Perú. En ese momento, diversos organismos internacionales, incluida la CorteIDH, manifestaron su desacuerdo con esta medida y se frenó el proceso que ahora en 2023 repite la historia.

La CorteIDH, consciente de la gravedad de los crímenes imputados a Fujimori, otra vez emitió una solicitud a las autoridades peruanas para que se abstuvieran de liberarlo. La intención de la Corte es garantizar la búsqueda de justicia para las víctimas y evitar cualquier acto que pudiera comprometer la integridad del proceso legal. A pesar de esta recomendación, el Tribunal Constitucional de Perú decidió proceder con la liberación del cuestionado expresidente.

La liberación de Fujimori, una más de las tensiones que vive Perú

La decisión sobre la libertad de Fujimori ha sido recibida como un gran golpe para las víctimas y sus familiares. El fallo además llega en medio de una grave crisis institucional desde que el reciente exmandatario, Pedro Castillo, fuera depuesto de su cargo en 2022 y encarcelado por su intento de cerrar el Congreso. Dina Boluarte, quien era vicepresidenta del gobierno de Castillo, asumió la presidencia en medio de protestas que fueron violentamente reprimidas y que mantienen al país en una tensión constante desde entonces. Frente a la decisión del Tribunal Constitucional, Boluarte ha decidido esta vez aceptarlo y desacatar la instrucción de la CorteIDH. Esto pone en relieve la necesidad de un diálogo profundo sobre la independencia del poder judicial, la soberanía y el respeto a las instancias internacionales de derechos humanos que los países del continente han validado en el pasado.

Además, la liberación de Fujimori reabre heridas en la sociedad peruana y su dolorosa historia de conflicto armado. La lucha por la memoria histórica, la justicia y la rendición de cuentas se pueden leer además en medio de las disputas por el poder, donde su hija Keiko Fujimori, representante de la extrema derecha peruana, mantiene sus intenciones de llegar a la presidencia. Keiko se ha caracterizado por posicionar un discurso de negacionismo de los crímenes de su padre y el mismo Alberto Fujimori nunca ha pedido perdón por sus actos, ni reparado a las víctimas. De hecho, su salida de prisión revivió el debate por la deuda millonaria que no ha pagado al Estado por sus delitos.

Este nuevo bache en la política peruana plantea diversos interrogantes sobre la independencia judicial, la postura del gobierno de Boluarte y el compromiso de Perú con los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Cómo garantizar la justicia para las víctimas de Fujimori que aún buscan justicia? ¿Qué mensaje envía Perú a la región sobre la impunidad ante graves crímenes contra los derechos humanos? ¿Cuál es el futuro político de Perú cuando el partido de Fujimori sigue fortaleciéndose?

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